Juan Peña, abogado de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que denunciará al Ministerio Público por no entregarle la carpeta fiscal para conocer los cargos que se le imputan a ella, en el marco de la investigación de una supuesta organización criminal enquistada en las más altas esferas de la institución.
En diálogo con RPP, señaló que interpondrá una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una tutela de derechos en el Poder Judicial y en la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la propia fiscalía.
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“Por una resolución de El Peruano tomamos conocimiento de que la doctora Delia Espinoza tiene una investigación en contra de la doctora Benavides, ante lo cual presentamos un escrito de apersonamiento para hoy día tomar lectura de la carpeta y saber los cargos que se le imputan”, expresó.
“Sin embargo, nos han dicho que no podemos tomar acceso a la carpeta fiscal porque recién van a proveer los escritos de apersonamiento, lo cual contradice lo que dice el artículo 70 del Código Procesal Penal, que los investigados o imputados tienen derecho fundamental a tomar acceso a la información de los cargos que se le imputan”, agregó.
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Peña indicó que interpondrá diversas acciones, como una denuncia ante la JNJ y una tutela de derechos en la Corte Suprema, así como en el Juzgado de Investigación y también ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Como se recuerda, la fiscal suprema Delia Espinoza investigará a los altos funcionarios implicados en la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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Así lo dispuso la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 024-2024-MP-FN, publicada el último viernes en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), la presunta red criminal fue constituida desde el 1 de julio del 2022 bajo el liderazgo de Patricia Benavides, e integrada por sus asesores Jaime Villanueva Barreto y Abel Hurtado Espinoza.
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Dicha red, según la tesis fiscal, pretendía influir en la elección del defensor del Pueblo con miras a que, ante una eventual remoción de la Junta Nacional de Justicia, sea quien presida la comisión especial de selección de sus miembros, así como en la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
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