El top ten judicial del 2023: del terremoto en la fiscalía a los tres expresidentes que coincidieron en Barbadillo

El año judicial y fiscal 2023 estuvo marcado por los avances -aunque lentos- de los procesos emblemáticos contra políticos y altos funcionarios; la esperada extradición de un expresidente desde los Estados Unidos; y, principalmente, por el terremoto en el Ministerio Público alrededor de la figura de Patricia Benavides.

La historia de Patricia Benavides en el 2023 fue ejemplo de manual sobre la condición pasajera del poder. Sobre todo cuando de por medio hay prácticas presuntamente delictivas. La hoy suspendida fiscal pasó la mayor parte del año consolidando su autoridad dentro del Ministerio Público, solo para ver cómo el castillo de naipes se derrumbó en cuestión de días. Esto tras revelarse las tratativas de sus asesores con el Congreso, presuntamente a cambio de que ella archive investigaciones o los favorezca.

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Benavides estuvo más preocupada por el accionar de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal Zoraida Ávalos, sus tesis inubicables o las publicaciones periodísticas que no eran de su agrado, pero su caída fue finalmente fue precipitada por los chats y las coordinaciones de quien era su hombre de mayor de confianza: Jaime Villanueva. ‘El Filósofo’ ha admitido esas tratativas y se ha sometido a la colaboración eficaz. Buena parte del año judicial del 2024 estará marcado por lo que siga revelando y por la investigación penal que debería iniciarse en los próximos días a Benavides por este caso.

La gestión de Patricia Benavides también estuvo marcada por las movidas en torno a tres equipos especiales de la fiscalía que manejan casos complejos. El más reciente fue su conflito con el equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop). Comenzó cuando la fiscal no atendió solicitud vinculadas a la investigación a ‘Los Niños’ y llegó a la investigación a los asesores de la fiscal, donde se le señala como líder una red criminal. Benavides removió a Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, pero ello no impidió que la investigación a Jaime Villanueva avance y que luego sea restituida.

La fiscal también entró en conflicto con Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. Fue una larga ‘guerra fría’ que hoy está bajo sospecha criminal: Villanueva ha declarado que la suspensión de Vela, a través de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, fue orquestada por Benavides. El fiscal hoy busca que esa sanción se levante por la vía judicial. La ex fiscal de la Nación también removió sin explicaciones a Magaly Quiroz, del equipo especial Cuellos Blancos; pero el nuevo fiscal de la Nación la repuso y la nombró coordinadora del grupo.

Quizás la principal noticia positiva del año a nivel judicial fue la extradición de Alejandro Toledo desde Estados Unidos luego de seis años. Lograda por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía, con apoyo de la Cancillería y autoridades del país norteamericano, el expresidente fue entregado al Perú a fines de abril para que se determine si es culpable o inocente de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht. El juicio comenzó a mediados de octubre y actualmente está en desarrollo.

Ya en Lima, el antiguo líder de Perú Posible fue internado en el penal de Barbadillo. Allí estuvo junto a otros dos exmandatarios, Pedro Castillo y Alberto Fujimori, hasta que este último salió a inicios de diciembre. La detención de tres expresidentes puede ser vista de dos formas: con el reproche de ser un país con sus máximas autoridades bajo sospechas o (en el caso de Fujimori) condenas por graves delitos; o con lo convicción de ser un país donde incluso los gobernantes pueden ser procesados y arrestados. Al menos hasta que otro presidente los indulte.

La última semana de noviembre, un auto del Tribunal Constitucional dispuso enviar a un juez de Ica su decisión de restablecer el indulto a Alberto Fujimori. Esta se tomó en el 2022, con la anterior composición del tribunal, pero no se ejecutó por una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado peruano.

El juez iqueño respondió que con él no era: declaró improcedente ejecutar esa liberación y les devolvió al expediente. Días después, el TC ordenó directamente la liberación de Fujimori. El expresidente, condenado por corrupción y homicidio, y con al menos un juicio todavía abierto, hoy reside junto a su hija Keiko. En tanto, la Corte IDH ha declarado que el Perú cometió un desacato por liberarlo. Las consecuencias de esto ya serán tema del 2024.

Pedro Castillo se mantuvo todo el 2023 bajo prisión preventiva. Sobre él hay, por ahora, dos proceso judiciales: uno por el golpe de estado y otros por la presunta organización criminal que habría liderado durante su gobierno. Por ambos tiene órdenes de prisión por 18 y 36 meses, respectivamente, que aseguran su reclusión hasta inicios del 2026. El expresidente será acusado por el golpe de estado y tiene otras investigaciones todavía en marcha.

La defensa legal del expresidente ha presentado múltiples y repetitivos intentos para anular sus procesos y salir en libertad. Además, Castillo ha aprovechado el espacio que se le da en las audiencias realizadas para debatir esos recursos para dar mensajes políticos. Ha dicho estar secuestrado, que todavía es presidente y, más recientemente, vinculó su detención a los problemas legales de Patricia Benavides. Nada de ello ha servido para que el Poder Judicial le dé la razón. Más bien, dos exministros suyos, Betssy Chávez y Geiner Alvarado, también fueron apresados.

El 2023 inició con Alejandro Toledo, César Hinostroza, Fray Vásquez, Juan Silva y Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea, como los prófugos más notables de la política peruana. A lo largo del año, solo el expresidente puedo ser detenido y traído al Perú. Los otros siguen inubicables, a excepción de Sánchez Sánchez, quien fue capturado cuando intentaba ingresa ilegalmente hacia los Estados Unidos. No obstante, tampoco ha sido traído al Perú. La lista, más bien, creció con un político de alto perfil: Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y uno de los personajes más influyente en la escena política peruana a través de la bancada de su partido.

Cerrón tiene dos órdenes de detención: una por su condena por corrupción en el caso ‘Aeródromo Wanka’ y otra por una prisión preventiva en su proceso por lavado de dinero. De acuerdo con la Policía, el exgobernador huancaíno intentó llegar a la residencia del embajador boliviana para asilarse. La ultima adición a la lista es Iván Noguera, alias ‘Dr. Rock’, investigado por el Caso Cuellos Blancos del Puerto. Está prófugo desde que la fiscalía le dio permiso para viajar a Argentina y no volvió al Perú.

Así como Pedro Castillo, Dina Boluarte también enfrentó investigaciones durante su mandato por parte de la fiscal de la Nación. La principal fue por las muertes en las protestas contra su gobierno, caso que también incluyó a Alberto Otárala y ministros de su gobierno. Las indagaciones, no obstante, no avanzaron tan rápido como durante el gobierno castillista. Recién a fines de noviembre, en medio de la crisis en su institución, Benavides denunció a la presidenta y sus ministros por el caso. Al margen de lo necesarias de las indagaciones, el momento y el discurso con el que la fiscal presentó la denuncia pusieron sombras sobre la misma. El avance del caso en el Congreso se verá en el 2024.

En tanto, el propio Alberto Otárola enfrenta una investigación por la contratación de una amiga suya en Devida, una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que él lidera. La indagación, como se ha hecho evidente, es particularmente incómoda para el primer ministro. En el Congreso, los casos más frecuentes fueron los de una decena de presuntos ‘mochasueldos’. Como con Boluarte, sin embargo, la gestión de Benavides no logró muchos avances y solo llegó a denunciar a una de ellas: María Cordero. La actuación del nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, será vital para es destinos de todos estos casos.

El 2023 vio revelaciones de más casos que se remontan al gobierno de Pedro Castillo, como el de ‘El Español’ y, en particular, el de Sada Goray. La empresaria inicialmente había intentado presentarse inicialmente como una ‘extorsionada’ por el gobierno castillista y se sometió a un proceso de colaboración desde el extranjero. Sin embargo, hacia mediados de año la fiscalía fue cambiando de parecer, al hacerse evidente que no había contado toda la verdad, y logró su detención mientras visitaba el Perú. El caso involucra presuntos sobornos a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, particularmente al exasesor Salatiel Marrufo, quien se sometió con mejor suerte a la colaboración.

Los presuntos pagos habría sido a cambio de favorecimientos y puestos en el Estado a allegadas de Goray, entre ellos su exesposo Luis Mesones. En el medio estaban los proyectos de vivienda de personas de bajos recursos, los cuales se vieron truncados. Uno de los involucrados en el caso es un conocido periodista, Mauricio Fernandini, quien también buscó beneficios en base a una ‘confesión sincero’ que no llegó a convencer a la fiscalía. Actualmente, Sada y Mauricio cumplen prisión preventiva.

El 2023 vio el desarrollo de juicios por el Caso Lava Jato, en particular el caso de Ollanta Humala, Alejandro Toledo y el Metro de Lima. En este último, el exjefe de la constructora en Perú., Jorge Barata, declaró y confesó por primera vez ante jueces peruanos que dio dinero a las campañas de políticos peruanos como Keiko Fujimori, Susana Villarán, Alan García, PPK y el propio Humala.

No obstante, gracias a una serie de recursos presentados por Ollanta Humala en Brasil, el empresario no pudo declarar en el juicio al líder del Partido Nacionalista. No lo hizo ni cuando fue citado a declara en Lima, lo que lo llevó a presentar a César Nakazaki como su nuevo abogado. El incumplimiento llevó a que la fiscalía solicite la revocatoria de su acuerdo de colaboración eficaz, pedido que deberá resolverse este 2024. La historia aún no tiene fin.

Los juicios mencionados son los casos más avanzados de la trama Lava Jato y la fiscalía espera que terminen en una sentencia en la primera mitad del 2024. Otros casos emblemáticos también avanzaron durante el 2023, aunque no con la velocidad deseada. En el proceso contra Keiko Fujimori, luego de más de dos años, el Poder Judicial finalmente ordenó a inicios de diciembre que la acusación en su contra pase a juzgamiento. No obstante, ha pasado un mes desde entonces y aún no se designa a los jueces que se harán cargo de esa etapa ni se fija una fecha de inicio.

En cuanto a Martín Vizcarra, la fiscalía presentó su acusación por presuntos sobornos en diciembre del 2022, pero el Poder Judicial recién comenzó a darle trámite en octubre pasado. Desde entonces, ciertamente, el caso sí ha podido avanzar rápido y podría pasar a juicio en los primeros meses del 2024. Las acusaciones contra Susana Villarán y PPK están en estados similares. De los casos ligados a corrupción en el gobierno de Pedro Castillo aún no hay acusaciones a la vista. En ‘Cuellos Blancos del Puerto’, el retorno de Magaly Quiroz al equipo especial debería traducirse en la presentación de acusaciones en los primeros meses del año.

Otros casos de larga data, como el del asesinato del periodista Hugo Bustíos y el de la exagente de inteligencia Mariela Barreto, llegaron a su fin con condenas para los acusados Daniel Urresti y Vladimir Montesinos.

Más allá de lo bueno y lo malo -que en lo judicial pueden ser conceptos bastante subjetivos- lo feo del año estuvo en la escasa colaboración del Poder Judicial para permitir el acceso de la prensa a las audiencias públicas de casos de interés. Las excusas han sido varias, desde la pandemia hasta la falta de aforo.

Además, los jueces que niegan el ingreso a estas audiencias -que no son todos pero sí son una mayoría- argumentan que la publicidad ya está garantizada con la transmisión que hace Justicia TV. Se trata de un argumento similar al que usó el Congreso para no permitir el acceso de prensa hasta el 2022 y que, afortunadamente, se dejó atrás

El ejemplo más sonado fue el del inicio del juicio a Alejandro Toledo, donde no se permitió el ingreso a periodistas. Esta actitud fue rechazada por gremios periodísticos, por la fiscalía y por los propios abogados. Más recientemente, no se permitió que la prensa acceda a una audiencia de impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra. Ojalá el 2024 sirva para rectificar.