Pedro Castillo: ¿cuál es el estado de las investigaciones iniciadas en la gestión de Patricia Benavides?

En los primeros seis meses de su etapa como fiscal de la Nación, Patricia Benavides impulsó al menos siete investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo Los casos iban desde el del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 hasta la de la presunta red criminal que habría liderado en su gobierno.

Sin embargo, un año después de la destitución y detención de Pedro Castillo, la gestión de Patricia Benavides no logró presentar ni una sola acusación penal contra Castillo. Este lunes, se prevé que el fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez, reemplazo de Benavides ante su suspensión, decline en favor del fiscal supremo Juan Carlos Villena.

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Juan Carlos Villena ejercerá el cargo por lo menos hasta que la Junta de Fiscales Supremos se reestructure y pueda elegir a un nuevo fiscal de la Nación para un periodo de tres años. Aun así, durante su interinato deberá enfrentar varios retos y tomar varias decisiones. Entre estas destaca el futuro de las investigaciones contra el exmandatario por corrupción, organización criminal y rebelión.

Estado de los casos de Castillo por hechos cuando era presidente

Patricia Benavides inició su gestión como fiscal de la Nación en julio del 2022. De inmediato, continuó la indagación preliminar que inició su antecesor, Pablo Sánchez, a Pedro Castillo por el caso Puente Tarata. Allí se le señalaba como presunta cabeza de una red criminal dentro de su gobierno, la cual se habría beneficiados a partir de contratos públicos. Esa imputación se mantiene hasta hoy.

En los dos meses siguientes, Benavides reabrió o inició investigaciones preliminares a Pedro Castillo por cuatro casos: Petro-Perú, Ascensos, Anguía y la remoción del exministro Mariano González. Las dos primeras, junto a la del Puente Tarata, habían sido abiertas por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos en enero se ese año, pero fueron suspendidas de inmediato.

Patricia Benavides basó sus indagaciones principalmente en la evidencia recolectada y la información dada por colaboradores eficaces al equipo especial contra la corrupción en el Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto, con el apoyo del equipo especial de la Policía, liderado por el coronel Harvey Colchado.

Como eran casos de presunta organización criminal, las investigaciones preliminares tenían un plazo de 36 meses Pero Benavides solo requirió cuatro meses para cerrar las pesquisas por Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía, acumularlas en una sola carpeta y presentar una denuncia constitucional contra Castillo al Congreso en octubre del 2022.

Dos meses después, mientras esa denuncia seguía su trámite, Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado y acabó detenido. De inmediato, Patricia Benavides le abrió indagación por rebelión y conspiración. El caso fue asignado luego al fiscal supremo provisional Uriel Terán, allegado a Benavides. Se trata del mismo fiscal que ha pedido archivar la investigación a su hermana, la jueza Emma Benavides.

Días después el golpe, el despacho del fiscal Uriel Terán logró que la Corte Suprema imponga prisión preventiva por 18 meses por el caso del golpe de Estado.

Ese mismo mes, con el expresidente ya en prisión preventiva, Patricia Benavides abrió una última investigación preliminar a Pedro Castillo, por los presuntos sobornos de Sada Goray. Allí también se basó en un caso del Eficcop.

La velocidad con la que avanzó la Fiscalía de la Nación en esos meses contrasta con la del último año. La demora es más evidente en el caso del golpe de Estado, validado por el Poder Judicial (PJ) como un caso de flagrancia. No obstante, luego un año, no se logró presentar acusación ni llevar al golpista a juicio.

El plazo inicial de la investigación era de ocho meses, el cual vencía en agosto pasado. Sin embargo, Terán logró que la Corte Suprema se lo amplíe hasta abril del 2024. Para el penalista Andy Carrión, esta indagación ya pudo haberse cerrado y se pudo pedir una condena para Castillo, contra quien “las pruebas son directas, son redondas”. “Pero vemos que ya pasó un año y nada”.

El resto de casos aún están en sus plazos, pero no están libres de polémica. La denuncia contra Castillo fue aprobada en febrero, lo que permitió a la fiscalía formalizar investigación por 36 meses y obtener una segunda prisión preventiva, también por 36 meses.

Pero el caso también fue asignado a Terán y es objeto de una polémica entre Fiscalía de la Nación y Eficcop.

Terán solicitó al PJ acumular esa carpeta con las carpetas del Eficcop que dieron origen a los casos Petro-Perú, Puente Tarata, Anguía y Asesores en la Sombra. Con ello, todo pasaría a depender directamente de Terán, un fiscal que -al menos hasta antes de su suspensión- era de alta confianza de Benavides. El pedido, que se hizo en un contexto en que la relación de Benavides y Barreto ya estaba rota, aún no es resuelto.

La gestión de Benavides defendió esa solicitud, alegando que beneficiaría a los casos. Sin embargo, especialistas consultados por este Diario advirtieron en su momento que sería perjudicial.

Al margen de eso, no se han conocido mayores avances en esa investigación preparatoria, más allá de medidas como la orden para levantar el secreto bancario y de comunicaciones de los implicados. Además, la Procuraduría General del Estado ha planteado que estos paguen una futura reparación civil de más de S/ 5 millones.

El Caso Ascensos seguía dentro de su plazo de 36 meses de investigación preliminar cuando en julio pasado, la Corte Suprema declaró fundado un pedido del exministro Walter Ayala para que la fiscalía cierra la indagación y se pronuncie: o la archivaba o presentaba denuncia constitucional ante el Congreso. Al mes siguiente, se hizo lo segundo. Sin embargo, la denuncia no ha tenido avances significativos y sigue al interior de la Subcomisión de Constitucionales.

El nuevo fiscal de la Nación deberá tomar decisiones respecto a todo esto: puede ratificar a Terán o nombrar en su lugar a otro fiscal supremo provisional, con una nueva estrategia para los casos del golpe de Estado y de la presunta red criminal.

También verá directamente los casos de Castillo que siguen bajo indagación preliminar: Sada Goray y la remoción de González. Si bien están dentro de sus plazos de 36 meses, Villena deberá evaluar si presenta denuncia constitucional para poder formalizar esas investigaciones y llevarlas a una fase mucho más comprometedora para Castillo.

En este aspecto, el nuevo titular del Ministerio Público también podrá ratificar o designar a un nuevo fiscal superior como coordinador del Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Allí se ven, bajo la dirección del fiscal de la Nación, todas las investigaciones preliminares contra altos funcionarios (presidente, ministros, congresistas, etc.)

Patricia Benavides puso como coordinador de esa área al fiscal Marco Huamán, quien se convirtió en su brazo derechos para todos esos casos. A su vez, Huamán nombró en el área bajo su cargo a otros fiscales que pasarían a ser de alta confianza la ex fiscal de la Nación, como Karina Quineche y Ricardo Dulanto.

En tanto, Pedro Castillo sigue cumpliendo las órdenes de prisión preventiva que lo mantendrán en el penal de Barbadillo al meno hasta marzo del 2026. No obstante, el expresidente mantiene que es inocente, no ha reconocido ningún acto ilícito e insiste en salir en libertad. Esta semana, el Poder Judicial verá sus pedidos para cesar sus dos prisiones preventivas, en atención de la ley dictada por el gobierno de Dina Boluarte para que todas estas medidas sean revisadas cada seis meses.