JNJ suspende a Patricia Benavides: ¿qué pasará con el cargo de fiscal de la Nación?

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó suspender provisionalmente a Patricia Benavides, quien hasta este miércoles era fiscal de la Nación. Esto como parte del proceso disciplinario inmediato en su contra por las pesquisas que la sindican como líder de una presunta red criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga ese caso.

La decisión se dio a conocer la noche de este miércoles, unas doce horas después de la audiencia convocada para que Patricia Benavides dé sus descargos ante el pedido de suspensión. Sin embargo, la fiscal optó por no responder alegando que no estaba respetando un debido proceso e intentó que se postergue la sesión, antes de retirarse de la sala.

La JNJ informó que la decisión fue adoptada por unanimidad y con una “resolución debidamente motivada”. La media se adoptó “con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final”, detallaron en una nota de prensa.

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Los votos fueron de los cinco miembros del pleno que vieron el pedido: Aldo Vásquez, Inés Tello, Henry Ávila, Antonio de la Haza y Guillermo Thornberry. Imelda Tumialán no votó por ser la instructora que solicitó la suspensión y María Zavala no participó, debido a que se inhibe en todos los casos ligados a la Fiscalía de la Nación.

La suspensión es por el plazo de seis meses o, como establecen las normas de la JNJ, hasta que culmine el proceso disciplinario en su contra. Al tratarse de un proceso disciplinario inmediato, se estima que finalizará antes de ese plazo. De acuerdo con fuentes de El Comercio, la decisión fue notificada también a los dos fiscales supremos titulares que quedan en el Ministerio Público: Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.

La suspensión de Patricia Benavides en su cargo de fiscal suprema implica también su salida del cargo de titular del Ministerio Público y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos. El cargo pasaría a ser ocupado de forma interina por el fiscal supremo de mayor antigüedad: Pablo Sánchez. Como tal, podrá disponer que se inicie investigación preliminar a la propia Patricia Benavides por el caso que la involucra.

Fuentes de El Comercio indicaron que tras esto, la Junta de Fiscales Supremos pasaría a elegir a un nuevo titular del Ministerio Público. Así ocurrió en el 2014, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (antecesor de la JNJ) suspendió a Carlos Ramos Heredia cuando era fiscal de la Nación.

Las normas de la JNJ señalan que la suspensión preventiva del cargo “se ejecuta de inmediato”, para lo que debe ponerse en conocimiento -en este caso- de la Fiscalía de la Nación. En un plazo máximo de cinco días, el procesado puede presentar una recurso de reconsideración. Sin embargo, ello no le quita vigencia a la suspensión.

Fuentes ligadas al Ministerio Público comentaron que ante la suspensión de la fiscal de la Nación, corresponde que el cargo sea asumido de forma interina por el fiscal supremo de mayor antigüedad. En este caso, le correspondería a Pablo Sánchez.

El antecedente es el de lo ocurrido hace casi 10 años, en diciembre del 2014, con el entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Ante su suspensión, fue reemplazado por el fiscal supremo más antiguo, que también era Pablo Sánchez.

La diferencia está en lo que puede pasar después. Aquella vez, luego de seis meses e interinato, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió formalmente a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Estuvo en ese cargo entre 2015 y 2018.

Esta vez, sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que Pablo Sánchez no tiene interés en volver a ser elegido en ese cargo, el cual volvió a ocupar de forma interina entre marzo y junio del 2022. En ese último periodo, comenzó a investigar al expresidente Pedro Castillo, lo que fue luego fue continuado por Patricia Benavides.

De hecho, agregaron las fuentes, Pablo Sánchez tenía previsto retirase este año, pero postergó su salida del Ministerio Público a pedido de la propia Patricia Benavides. Su cese obligatorio por edad está previsto para junio del 2026, cuando cumplirá 70 años.

En ese panorama, el otro fiscal supremo es Juan Carlos Villena, quien asumió ese cargo junto a Patricia Benavides el año pasado. Villena y Sánchez pidieron la renuncia de Benavides como fiscal de la Nación el pasado 27 de noviembre, el mismo día de la operación ‘Valquiria V’.

Sin embargo, también es posible que la fiscal suprema Delia Espinoza, enviada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones durante la gestión de Benavides, se incorpore a la Junta de Fiscales Supremos.

En diálogo con El Comercio, el exfiscal supremo Víctor Cubas destacó que por ley, Pablo Sánchez asumiría de forma automática la encargatura de fiscal de la Nación por ser el supremo más antiguo. Pero añadió que “luego la Junta de Fiscales Supremos podría tomar otra decisión”.

El problema es que con la suspensión de Patricia Benavides, la JFS quedaría con solo dos miembros (Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena) y no podría tomar acuerdos. Ante esto, Cubas consideró que es importante que se logre la integración de Delia Espinoza al cargo de fiscal supremo.

“Podría darse el caso que ante la suspensión de Patricia Benavides, la JFS, para viabilizar soluciones más rápidas, admita el pedido de Delia Espinoza y se reintegre a la Fiscalía de la Nación”, comentó Cubas. “Dada la situación de emergencia y crisis, se podría adoptar esa decisión para que la junta funcione normalmente”.

A la par, la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ávalos ha recurrido a la justicia constitucional para anular la sanción que le impuso el Congreso por una presunta infracción constitucional por no avanzar en las investigaciones a Pedro Castillo durante su gobierno. Este mismo jueves, un juez archivó la investigación por el delito de omisión de funciones por el que el Legislativo había ordenado que se le proceso a nivel judicial.

Sea quien sea el próximo fiscal de la Nación, el exfiscal opinó que las tares urgentes en el marco de la crisis en el Ministerio Público pasa por resolver temas como la apelación de la fiscal Marita Barreto a su remoción con coordinadora del equipo especial contra la corrupción y “regularizar el funcionamiento” de otros equipos, como Lava Jato, donde la jefatura que tenía Rafael Vela fue encargada a una allegada de Patricia Benavides.

Más temprano, Patricia Benavides llegó a la sede de la JNJ poco antes de las 9 a.m. de este miércoles, hora en la que estaba citada para dar sus descargos ante el pedido de suspensión provisional. Un grupo de simpatizantes portando carteles, con gritos a su favor y en contra la junta, la recibió a su ingreso. Más tarde, luego de la audiencia, se mantendrían en el lugar, insultando a la junta y a la prensa que cubrió la diligencia.

Junto a la fiscal llegaron sus dos abogados: el excongresista aprista Jorge del Castillo y el penalista Juan Peña. Pero también llamó la atención la presencia del fiscal provincial Ricardo Dulanto, del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. Es decir, el área a cargo de las investigaciones preliminares contra altos funcionarios, que depende de la propia Benavides. Los tres también la habían acompañado el día anterior en su presentación ante la Comisión de Fiscalización el Congreso.

El fiscal también acompañó a Patricia Benavides en el mensaje del pasado 27 de noviembre, en el que se negó a renunciar y anunció su denuncia contra la presidenta Dina Boluarte. Según se desprende de una resolución publicada en El Peruano, Dulanto y Benavides viajaron a Estados Unidos en enero de este año junto al fiscal Marco Huamán, coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales y mano derecha de la titular del Ministerio Público.

Patricia Benavides se sentó junto a Jorge del Castillo y conversaron por unos minutos mientras esperaban que la audiencia inicie. Incluso compartieron algunas risas. Alrededor de la 9:10 a.m., los cinco miembros del pleno de la JNJ encargados de la sesión ingresaron. Acto seguido, se dio inicio a la audiencia y se invitó a la fiscal y a su defensa a iniciar su exposición.

Los descargos eran la ocasión prevista por el reglamento de la JNJ para que Patricia Benavides responda y se defienda de las imputaciones por las que se solicitó su suspensión. Estas eran principalmente la indagación que la señala como líder de una red criminal que habría intercambiado favores con congresistas a cambio del archivo de investigaciones; y el cese de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial a cargo de esas pesquisas. Este miércoles se conoció que su exasesor Jaime Villanueva, principal investigado del caso, ha reconocido que actuó bajo órdenes de Benavides y que se ha acogido a un proceso de colaboración eficaz.

La fiscal decidió no responder por esos señalamientos y optó por denunciar supuestas faltas al debido proceso en su contra. “Me someto a cualquier tipo de investigación en la que se me respeten mis derechos constitucionales y fundamentales. Sin embargo, ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que viola mi derecho a la defensa y al debido proceso”.

El proceso contra Patricia Benavides es un proceso disciplinario inmediato, que está regulado en el Reglamento de Procesos Disciplinarios de la JNJ. Esta se da cuando hay una “conducta notoriamente irregular” y/o cuando hay una “flagrante falta disciplinaria muy grave”, que podría ser sancionada con destitución. Dentro de ese procedimiento, la instructora del caso, la magistrada Imelda Tumialán, solicitó una suspensión provisional, también prevista en las normas.

El procedimiento fue notificado a Patricia Benavides el pasado martes y la solicitud de suspensión, al día siguiente. La ley establece que luego de presentado un pedido de suspensión, se dan cinco días para realizar una audiencia en la que el procesado puede dar sus descargos antes de que el pleno decida si aprueba la suspensión. Fue por eso que la fiscal había sido citada para este martes.

Sin embargo, para Patricia Benavides todo esto era una falta al debido proceso. Por ello solicitó que el Poder Judicial amplíe una medida provisional para detener el proceso. Además, pidió a la JNJ la inhibición de los miembros del pleno por una investigación preliminar que ella misma les había abierto meses atrás, así como la nulidad del procedimiento.

En la audiencia, la fiscal afirmó que no “había recibido ninguna respuesta” frente a estos mecanismos. De inmediato, le dio la palabra a Jorge del Castillo y no volvería a intervenir en el resto de la audiencia.

Jorge del Castillo dijo que la JNJ no había respondido a su pedido de inhibición y que por ello la audiencia no podía llevarse a cabo. Sin embargo, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la JNJ establece que los pedidos de inhibición no suspenden el procedimiento disciplinario. Es decir, el proceso y la audiencia de este miércoles podían seguir incluso si es recurso aún no era resuelto.

Adicionalmente, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, respondió a Jorge del Castillo que la inhibición sí se había resuelto y notificado por la mañana del miércoles, antes de la audiencia. Patricia Benavides hizo un gesto de desaprobación y le dirigió unas palabras a su abogado, quien luego cuestionó que la resolución se haya dado poco antes de la audiencia.

Vásquez volvió a responder que se resolvió de forma célere, en menos de los cinco días de plazo máximo que da la ley para ese tipo de recursos. Ante la nueva réplica, la fiscal volvió a hablarle a Jorge del Castillo, quien dijo que “en estos términos [...] consideramos que las garantías no están dadas para continuar con este procedimiento”. “Con su permiso, nos vamos a retirar”, anunció.

Frente al anuncio, Aldo Vásquez incidió que la solicitud de suspensión provisional quedaba al voto. “Pueden retirarse cuando lo estimen pertinente”, dijo para cerrar la cesión. Luego, los magistrados pasaron a deliberar. Todo ocurrió en menos de diez minutos.

Patricia Benavides se retiró de la sala de audiencias escoltada por su seguridad y esquivando a la prensa. Cuando finalmente se paró a declarar, no respondió ninguna pregunta y se limitó a repetir lo que había dicho en la audiencia.

“Quiero comunicar a la población que hoy, frente a la JNJ, he resaltado mi disposición de someterme a cualquier tipo de investigación, siempre que se respete el debido proceso. Pese a que se han interpuesto varios recursos a fin del respeto al debido proceso, ninguno se ha resuelto. Es por ello que hemos decidido retirarnos”, afirmó.

Este Diario le hizo preguntas sobre las declaraciones de Marita Barreto, quien desmintió lo dicho por ella el día previo ante el Congreso; y sobre por qué no convoca a una Junta de Fiscales Supremos, como se lo han solicitado sus pares. Patricia Benavides, siempre entre su seguridad, sus abogados y su personal de confianza, se retiró del lugar sin decir más.