El Ministerio Público solicitará una segunda de orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, de acuerdo con fuentes de El Comercio. Esto será posible tras la formalización de la investigación preparatoria en su contra por delitos de corrupción y por organización criminal, a raíz de los casos Petro-Perú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes.
El últimos viernes, el Congreso aprobó una acusación constitucional contra Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado por los mencionados casos. La decisión se tomó a partir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre, con el objetivo de levantarles al antejuicio (inmunidad) y poder seguir investigando a los tres exfuncionarios.
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Notificada de la decisión del Congreso, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación dispuso la formalización y continuación su investigación preparatoria contra ellos tres. Es en esta etapa del caso en la que recién puede pedirse una prisión preventiva.
Este lunes, la disposición fiscal fue remitida a Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema. Así, se espera que en los próximos días el magistrado apruebe la formalización, requisito necesario para que el caso pueda seguir avanzando.
Nueva solicitud
En el documento de la formalización, según pudo conocer este Diario, la fiscalía también comunicó al juzgado que requerirá “la imposición de medidas coercitivas contra los investigados”. De forma genérica, esta pueden ser desde una comparecencia con restricciones hasta una prisión preventiva, las cuales se “formularán mediante requerimiento aparte”.
Las fuentes de El Comercio detallaron que una vez que el juez Juan Carlos Checkley emita su resolución en la que apruebe la formalización de la investigación, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales remitirá el caso a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, a cargo del fiscal Uriel Terán.
Será esta fiscalía -agregaron las fuentes- la encargada de solicitar formalmente los siguientes actos de investigación y las medidas que se requieran. En esa línea, la decisión ya ha sido evaluada y está tomada: se pedirá prisión preventiva por 36 meses al considerarse que es la medida necesaria para asegurar el desarrollo del proceso.
La misma decisión ha sido tomada en cuanto al exministro Juan Silva, quien tiene una orden de detención preliminar vigente desde inicios de julio y está prófugo desde entonces. En el caso de Geiner Alvarado, quien ha venido colaborando con las investigaciones, aún se evalúa si se pedirá lo mismo o si se optará por libertad con restricciones.
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Actualmente, Pedro Castillo cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva en su proceso por rebelión y conspiración en torno al golpe de Estado del 7 de diciembre. Esa medida fue dictada por el propio juez Checkley y luego confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín.
La defensa del expresidente, a la que se ha sumado al exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni, actualmente busca anular esa prisión preventiva mediante una casación y un recurso de cuestión previa. Sin embargo, también han anunciado su intención de hacer la misma solicitud ante la Corte IDH como instancia supranacional.
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