Las maniobras de Vladimir Cerrón para evitar la prisión preventiva

Unidad de Investigación

En más de un proceso penal, Vladimir Cerrón ha evitado ir a prisión por medio de diversas maniobras legales. En diciembre del 2022, cuando el despacho del fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez solicitó prisión preventiva para él por la investigación que le sigue, justificó su arraigo laboral argumentando que trabaja para Perú Libre (PL), el partido que fundó y lidera.

Ese fue uno de los motivos por los que el juez John Pillaca le dictó comparecencia con restricciones en vez de cárcel preventiva. Como indica la resolución judicial, la defensa de Cerrón sostiene que se desempeña como secretario general y representante legal del partido, el que sería su único trabajo conocido.

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Sin embargo, esa maniobra legal sobre su arraigo laboral es solo una a la que Cerrón y su defensa han recurrido para no ser encarcelado en la investigación fiscal en su contra por la presunta organización criminal que dirigiría en Perú Libre. También ha buscado influir y obstaculizar el proceso.

—Con fondos públicos—

Para justificar su arraigo laboral, Cerrón presentó ante el Poder Judicial (PJ) las boletas de pago por su trabajo en el partido. El Comercio accedió a estos documentos. En la de julio del 2022, Cerrón firma paradójicamente como empleador y secretario general.

Los fondos para el sueldo, de S/15.000 mensuales, provienen del financiamiento público directo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales le entrega a PL por tener representación en el Congreso 2021-2026. Solo en el 2022, PL recibió S/2,1 millones. Los pagos del sueldo de Cerrón aparecen en los reportes que PL presenta ante la ONPE, según corroboró este Diario.

En agosto del 2021, antes de recibir el financiamiento público, Cerrón firmó un contrato (001-2021-PPNPL) con su partido, de plazo indeterminado, para ser su representante legal. A diferencia de los S/15.000 que recibe, en ese contrato, que este Diario revisó, se indica que “en contraprestación a los servicios del trabajador, el empleador se obliga a pagar una remuneración de 3.500 soles mensuales”.

Además, el local donde trabaja es la sede de PL, ubicada en la avenida Brasil 170 (Breña). Según la investigación fiscal, los fondos con los que el partido compró el inmueble serían ilícitos.

Este lugar es el que Cerrón registró ante el PJ como su domicilio de tránsito en Lima. En el allanamiento del local que fiscales y policías realizaron en setiembre del 2021, se reveló que Cerrón tiene ahí un cuarto con cama.

—La constancia—

Por el pedido de prisión preventiva, Cerrón presentó al PJ una constancia de trabajo, con fecha 11 de noviembre del 2022, en la que el director de administración del partido “hace constar” que “se encuentra trabajando” como representante legal “desde el 1 de agosto a la fecha”. El documento fue firmado por Jhor Cliff Quispe Gamarra, administrador y contador del partido.

Quispe, natural de Huancayo (Junín) como Cerrón, trabaja en el partido desde agosto. Según su declaración ante la fiscalía, logró el trabajo tras una entrevista con Cerrón.

Antes de ocupar el cargo, Quispe laboró en el Gobierno Regional de Junín, que Perú Libre dirige. En sus antecedentes penales, figuran una sentencia por colusión y dos procesos por falsificación.

El 13 de febrero, Quispe testificó ante el despacho del fiscal Rojas. Respondió que, además de la administración, asumió la contabilidad de PL ante la renuncia del anterior encargado; pero a la vez reconoció que no sabía quién tiene los libros contables donde estén consignados los registros de los aportes realizados al partido.

“Mis funciones son registrar las operaciones de ingresos y gastos, básicamente, proyectar la información de gastos financieros y entregarlos a los organismos electorales competentes. Esta información se encuentra plasmada en los libros contables, por lo que yo necesito toda esta información para poder realizar mis actividades como contador. Ahora, bien, estos libros contables se encuentran en el local partidario”, declaró.

—Influencias—

Cerrón buscó limitar la declaración de Quispe ante la fiscalía, como consta en un oficio que el líder de PL presentó ante el despacho del fiscal Rojas el 6 de febrero. Solo quería que Quispe contestara por la constancia de trabajo y no por otros hechos vinculados a la investigación.

Ya en el pedido de prisión preventiva del 2022, el fiscal había advertido que Cerrón intentó influir en el proceso porque “habría pretendido inducir o persuadir a su coinvestigado Richard Fredy Rojas García a través de ‘notas’ de las cuales se desconoce su contenido”.

Además, Cerrón habría incumplido las reglas de conducta impuestas en su comparecencia al no cumplir con la fecha de pago de su caución y por su contacto con Jhor Quispe. En diciembre, el PJ estableció que Cerrón está prohibido de “comunicarse o tener contacto alguno con los coimputados [y] testigos”; no obstante, labora con Quispe, testigo en la investigación.

El despacho del fiscal Rojas ha pedido cambiar la comparecencia de Cerrón por la prisión preventiva. La audiencia se realizó el último viernes (y debería resolverse este lunes 20). En esta, Arturo Silva Rojas, abogado de Cerrón, dijo: “El señor Jhor Cliff nunca señaló que él hablase con mi patrocinado respecto de los hechos del proceso de la investigación. [...] Está en esta investigación solamente para certificar dos constancias de trabajo emitidas por el partido. Mi patrocinado es el secretario general. El señor Jhor Cliff es el administrador del partido”, manifestó.

Este Diario intentó comunicarse con Quispe, pero no respondió nuestros mensajes.

Datos

• En julio del 2021, El Comercio informó que, desde el 2013, Cerrón movió más de S/1,5 millones en cinco firmas financieras.
• Tras publicar esa información, Cerrón buscó retirar más de S/1,2 millones de un banco. No lo logró porque la UIF congeló el dinero.