El Poder Judicial evaluó este jueves el pedido hecho por la Fiscalía de la Nación para que se dicte 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. También se solicitaron 9 meses de la misma medida contra seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.
Durante la audiencia, el juez supremo Juan Carlos Checkley escuchó la sustentación hecha por la fiscalía, así como a los abogados y a un grupo de los congresistas investigados. El exministro Juan Silva y el congresista Raúl Doroteo, mediante sus defensas legales, se allanaron a la solicitud del Ministerio Público, pero rechazaron las imputaciones.
Los otros cinco congresistas rechazaron la hipótesis fiscal y criticaron que, según ellos, se base solo en las declaraciones de una persona en un proceso de colaboración eficaz, en referencia a Karelim López. Luego de cuatro horas de debate, el magistrado indicó que dará a conocer su decisión en el “plazo de ley”, por lo que se espera que la resolución se conozca en los próximos días y se notifique por escrito.
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El exministro Juan Silva es investigado a partir de los informes de las fiscalías provinciales que investigan el Caso Puente Tarata y que corroboran las declaraciones de la empresaria Karelim López como parte de su proceso de colaboración eficaz. Se le indaga por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.
El requerimiento formulado por el fiscal supremo Pablo Sánchez es revisado por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
¿Por qué se les investiga?
Según informó la Fiscalía de la Nación, los hechos imputados a Juan Silva se relacionan con presuntas irregularidades en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros. Estos se habrían realizado como parte se una supuesta organización criminal desde el 2021, cuando asumió el MTC, designando a funcionarios en Provías Descentralizado para “viabilizar gestiones indebidas”.
La apertura de esta investigación se conoció a inicios de mayo. Semanas después, el Fiscal de la Nación decidió incluir en la misma carpeta al presidente Pedro Castillo como líder de la presunta mafia bajo investigación. Al jefe de Estado se le imputa colusión, tráfico de influencias y organización criminal.
En el caso de ‘Los Niños’, están bajo sospecha del titular del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. Las pesquisas son por supuestos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a empresas chinas: China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Rallway Tunel Group.
Según la fiscalía, los congresistas “tendrían conexión con el dueño de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, que habría ganado seis licitaciones, toda vez que habrían brindado el nombre de esta última para que tenga participación con las referidas empresas chinas”.
En conjunto, la hipotesis es que Juan Silva “habría tomado decisiones en la adjudicación de estos contratos presuntamente irregulares, especialmente en las licitaciones y favorecimientos a las referidas empresas, acciones en las que habrían participado los congresistas”. Para esto, los parlamentarios habrían tenido reuniones en Palacio de Gobierno con la participación del hoy exministro.
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