La empresa estatal Petro-Perú comunicó el jueves la anulación del contrato que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO) en octubre pasado, por US$ 74 millones, luego de que se revelaran irregularidades en esa operación, que involucran al presidente Pedro Castillo.
Petro-Perú aseguró que revocó el contrato porque no se contó con la presencia de un notario público en parte de la operación, como lo exigía el procedimiento.
Pero los cuestionamientos surgieron desde el domingo pasado, cuando “Panorama” reveló que el director ejecutivo de HPO, Samir Abudayeh, sostuvo reuniones con Castillo en Palacio de Gobierno el 15 y el 18 de octubre, días antes de que su empresa ganara el millonario contrato por la venta de 280 mil barriles de biodiésel.
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La última visita de Abudayeh a la Presidencia coincidió con la del gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, y la empresaria Karelim López, como quedó consignado en el registro de ingresos y salidas de Palacio.
Petro-Perú aseguró el jueves mediante un comunicado que está colaborando con las investigaciones preliminares del Ministerio Público y la Contraloría General. Además, precisó que realizará una nueva convocatoria para garantizar el abastecimiento de biodiésel.
El anuncio se dio a conocer mientras personal del Ministerio Público, la contraloría y la procuraduría se encontraban en la sede de Petro-Perú realizando una nueva diligencia.
El subgerente de la contraloría, Luis Flores, aseguró que realizaron una diligencia coordinada debido a que tienen “bastantes limitaciones” con el acceso a información.
“Desde que nos hemos constituido hemos pedido información y lamentablemente la información que se nos entrega no nos permite cumplir con los objetivos establecidos”, dijo.
Este Diario informó ayer que en una diligencia anterior el Ministerio Público encontró que se había sustraído y desaparecido información sobre visitas, registros de ingreso vehicular y videos de vigilancia de la sede de la empresa estatal.
Ayer, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, interpuso una queja funcional por falta grave contra los fiscales que investigan el caso Norah Córdova y Luis Medina, ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público
Pachas argumentó que la fiscal Córdova no muestra imparcialidad por haber proferido calificativos en contra del mandatario en redes sociales.
En el documento asegura que Córdova “ha señalado que el presidente encabeza un gobierno terrorista y corrupto”.
Sin embargo, en declaraciones anteriores, Córdova aclaró que como fiscal provincial no investiga al presidente, ya que la única con la capacidad para hacerlo es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
La investigación que dirige es contra los empresarios Karelim López y Samir Abudayeh, y funcionarios de Petro-Perú, aunque en la práctica, la información que detectaría podría involucrar al mandatario.
La primera ministra Mirtha Vásquez expresó su preocupación debido a los comentarios realizados en redes sociales por la fiscal Córdova, aseverando que estos ponen en duda su imparcialidad.
“Hay no solo declaraciones y publicaciones, sino directamente frases que cuestionan la legitimidad del Gobierno, esperaríamos que la persona que dirige las investigaciones garantice total imparcialidad”, afirmó en una rueda de prensa.
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