El aún ministro de Salud, Hernán Condori, designó el último viernes a Carlos José Cantorín Camayo como nuevo coordinador general del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis). Este nombramiento ocurrió un día después de que el Congreso aprobara la censura de Condori, con lo que cual debe dimitir del cargo.
Cantorín Camayo es natural de Huancayo (Junín), arquitecto de profesión y asumió gerencias en dependencias estatales. Fue gerente de Desarrollo Urbano en la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya (2012), gerente de Desarrollo Urbano en la Municipalidad Provincial de Huancayo (2019), gerente municipal de la misma dependencia (2020) y director en la Gerencia Subregional de Tayacaja (2021).
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El noviembre 2018, luego de su gestión en La Oroya, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios dictó cuatro años de prisión efectiva e impuso una inhabilitación por el mismo tiempo a Cantorín y otros exfuncionarios. El nuevo coordinador del Pronis fue sentenciado por el delito de colusión al haber concertado con una empresa constructora la ejecución de una obra.
Un año después, en agosto del 2019, la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró nula esta sentencia tras la apelación de Cantorín. La realización de un nuevo juicio sigue pendiente.
Cantorín Camayo dijo a El Comercio que “no había ninguna prueba razonable” para esta sentencia. “Lamentablemente, se hacen sentencias con indicios, sin pruebas contundentes. Esto se apeló. Los momentos y hechos que establece la fiscalía son fuera de plazo”, agregó. Comentó que este sería el tercer juicio por el mismo caso en que está implicado.
Sin embargo, el nuevo funcionario del Pronis está también incluido en investigaciones fiscales en Junín.
Fuentes de El Comercio confirmaron que en marzo del 2021 la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción abrió una investigación preliminar contra Cantorín Camayo por presunta colusión en una obra de pistas y veredas en el distrito de Sicaya (Huancayo). En esta indagación también está incluido Juan Carlos Quispe Ledesma, el suspendido alcalde provincial de Huancayo acusado de integrar la red criminal ‘Los Tiranos del Centro’ y que permanece prófugo.
Cantorín respondió que como gerente municipal no tenía injerencia en lo que se le acusa. “Lo que se hace es denunciar a todas las autoridades. Se deslindará la responsabilidad respectiva”, anunció.
De otro lado, la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores, dijo a El Comercio que existe otra investigación preliminar en la fiscalía por la presunta actuación de Cantorín en el otorgamiento de una licencia de construcción que habría sido irregular. Al respecto, el funcionario respondió que firmó “la resolución de una licencia de construcción porque la evaluación se había hecho dos años antes y solo quedaba el pago de los tributos”.
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Cantorín relató que fue convocado por el Minsa y el jueves le informaron sobre su designación. En tanto, Condori aún no ha presentado su renuncia y ayer canceló una actividad en Iquitos.
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