El Estado Peruano recibió el pago de S/22 millones de la constructora brasileña Odebrecht por concepto de la segunda cuota de la reparación civil establecida en la sentencia de colaboración eficaz que firmaron el equipo especial Lava Jato, la procuraduría ad hoc y dicha compañía.
El pago se realizó según el cronograma de cuotas anuales establecido en el acuerdo de colaboración eficaz, informó la procuraduría.
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Con el pago de la segunda cuota, y el de la primera, por S/80 millones en el 2019, el Estado ha recibido S/102 millones, hasta la fecha. En total, Odebrecht debe indemnizar al Perú con S/760 millones, que comprenden los S/610 millones más S/150 millones por concepto de intereses legales. El monto total de reparación civil podría aumentar en tanto crezca el número de proyectos en los que la empresa reconozca culpabilidad por actos de corrupción.
Odebrecht ha reconocido delitos en cuatro proyectos, bajo los que se calculó el monto de reparación civil actual: Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, línea 1 del metro de Lima tramos 1 y 2, Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde Callao.
En declaraciones a El Comercio, la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que la segunda cuota figura desde el martes en las cuentas de reparaciones civiles del Ministerio de Justicia.
“Este monto se ha debitado del fondo que existe en el fideicomiso legal creado por la Ley 30737, y el fideicomiso lo administra el Banco de la Nación. Por el acuerdo de colaboración hay un cronograma de pago con unas fechas específicas por las que tiene que producirse ese pago, ese plazo vence el último día hábil del año. A inicios de este mes le pedimos a la Unidad Funcional del Minjus que se haga el cobro del depósito de la segunda cuota y que se impute este pago correspondiente. Lo que ha hecho el Minjus es pedirle al banco que del fondo del fideicomiso legal se transfieran los S/22 millones a la cuenta de reparación civil”, apuntó.
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Carrión explicó que en el fideicomiso legal están asignados los S/30 millones que Odebrecht entregó al Estado en el 2017, como parte de un preacuerdo que suscribió con el entonces coordinador del equipo especial, Hamilton Castro. El Poder Judicial determinó la licitud de dicho monto y que debía servir para el pago de la reparación civil.
“Lo que demostró la empresa es que este dinero es de origen lícito porque salió de la contabilidad de la nueva Odebrecht en el 2017”, dijo la procuradora.
Si Odebrecht cambia su nombre o razón social, el acuerdo de colaboración eficaz no se verá afectado, explicó la procuraduría.
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