(Editorial) Un escudo para los funcionarios

A diferencia de los simples mortales, el presidente y los ministros se ahorran los interminables viajes por carretera volando en helicóptero o atraviesan las calles de Lima raudamente, flanqueados por motos de policía con ruidosas circulinas. Quizá sea por eso que el gobierno no percibe la urgencia de avanzar tantas obras de infraestructura retrasadas (de las que las vías de transporte son solo un ejemplo).

El contraste fue claro en el último CADE realizado en Paracas. El presidente y su comitiva ministerial llegaron rápidamente por aire. Quienes, en cambio, viajaron por carretera, avanzaron velozmente solo hasta kilómetros antes de la ciudad de Chincha. Ahí, sin embargo, acaba el paraíso de la autopista y empieza la pesadilla del carril único, que obliga a perder entre 30 y 40 minutos solo en atravesar esa ciudad.

La segunda pista, hasta Ica, debió construirse hace varios años. Para ello, bastaba adelantar el cronograma de la concesión, lo que demandaba que el Ministerio de Transportes firmase una adenda reconociendo una compensación económica para el concesionario por el adelanto de la obra. Una compensación que, dicho sea de paso, hubiese salido muy a cuenta considerando cómo hubiese contribuido a agilizar el tráfico. El ministerio, sin embargo, se negó a hacerlo. La razón, aparentemente, sería que los funcionarios no se atreven a firmarla por temor a que la contraloría cuestione su decisión y les inicie un proceso judicial. Y algo parecido ha ocurrido con la segunda pista de la carretera Huacho-Pativilca, en la que el tráfico se ha vuelto demasiado denso para una sola pista y cuyo concesionario lleva cinco años esperando una adenda similar.

Por supuesto, los ejemplos de este problema no se limitan al sector Transportes. La central de Machu Picchu, por ejemplo, firmó su contrato en el 2010 y aún no empieza sus obras porque la burocracia la paraliza. Y ni hablar de las inversiones detenidas en el sector hidrocarburos que ya suman US$2.500 millones.

Esta historia se ha convertido en una constante. Los funcionarios les dicen a los contratistas o concesionarios que prefieren quedarse inmóviles en vez de tomar una decisión razonable, pues nada los escuda de una investigación feroz de una contraloría que no comparte sus criterios. Y recomiendan, en cambio, llevar al Estado a un arbitraje que retrasaría la obra y cuyo costo además asumiríamos los contribuyentes.

Por suerte, algunas personas en el gobierno intentan hacer algo para solucionar este problema. La reciente ley del servicio civil ha establecido que toda entidad pública deba dar asistencia legal a sus funcionarios en caso sean demandados por decisiones tomadas en ejercicio de sus funciones. Asimismo, el ministro Castilla anunció que se ha incluido en la ley del presupuesto una norma que complementaría esta protección. Dicha norma señala que, en los procesos de promoción de la inversión privada, la contraloría tiene que respetar las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos (siempre que estén sustentadas técnicamente), a pesar de que ella tenga una opinión distinta sobre la conveniencia de la decisión. Esto último facilitaría su defensa en un eventual juicio.

El problema, no obstante, es que la asistencia legal que deben brindar las entidades públicas a sus funcionarios está, según la ley, sujeta a que dichas entidades tengan presupuesto disponible para ese fin. Es decir, nada garantiza en la práctica que a los funcionarios se les pagará una asesoría legal de nivel adecuado, por lo que lo más probable es que sigan sintiendo que caminan por una cuerda floja cuando tomen decisiones.

Los funcionarios públicos deben estar mejor blindados de cuestionamientos irrazonables a sus actuaciones. Para ello, es necesario en primer lugar que tengan la absoluta seguridad de que si son demandados por el ejercicio de su función, el Estado siempre les pagará una asesoría legal de muy buen nivel (cuyo costo, obviamente, deberá ser reembolsado si el funcionario público recibiese una condena). Es cierto que esto podría resultar caro pero, teniendo en cuenta el impulso que le podría dar a la inversión y al desarrollo de infraestructura, valdría la pena recordar que un gasto que produce mayores beneficios es, realmente, una inversión.