Ayer, el señor Alejandro Toledo reprochó a los periodistas por “saltar a conclusiones” a raíz de los descubrimientos sobre las millonarias adquisiciones de la señora Eva Fernenbug. Concretamente, el ex presidente señaló que era incorrecto suponer que “si es la suegra de Toledo, entonces es el dinero de Toledo”.
Es cierto, sin duda, que el dinero de las suegras no tiene por qué ser el dinero de los yernos. Y es cierto también que, en lo que concierne a estos particulares suegra y yerno, no se ha mostrado evidencia de que la primera sea un testaferro del segundo. Pero esto no quiere decir que toda la situación de las operaciones inmobiliarias de la señora Fernenbug no despierte suspicacias que el ex presidente solo ha contribuido a alimentar.
Repasemos los hechos. En enero se hizo público que la Fiscalía Provincial Penal 48 de Lima había abierto una investigación preliminar a la señora Fernenbug por un posible caso de lavado de activos a raíz de la compra de una lujosa residencia en Las Casuarinas. En ese momento, el ex presidente, buscando terminar con las sospechas de que su suegra podría ser su testaferro, señaló que dicha transacción había sido absolutamente transparente y que los fondos provenían de los ahorros de la señora y de las reparaciones recibidas en su calidad de víctima del Holocausto.
A principios de mayo hubo una nueva revelación. En el 2012 la señora Fernenbug había realizado otra importante compra, la de una oficina en una exclusiva zona de Surco. En esta oportunidad, el ex presidente declaró que, al igual que con la casa de Las Casuarinas, se trataría de inversiones privadas de su suegra.
Sin embargo, el pasado fin de semana pudimos conocer que el origen del dinero utilizado para la adquisición de los inmuebles no provenía –como afirmó el señor Toledo– de ahorros e indemnizaciones recibidas por su suegra. Más bien, las transacciones fueron financiadas por dos empresas vinculadas al empresario (y amigo del ex presidente) Josef Maiman. Y estas operaciones de financiamiento resultan, además, extrañas por las características que, según reveló un programa periodístico, tiene Ecoteva Consulting Group, una de aquellas empresas. Esta fue constituida en Costa Rica, dos días después de que el señor Toledo llegase a ese país. Formalmente sus accionistas son una empleada de limpieza y un guardia de seguridad del estudio de abogados que la constituyó, aunque ayer el ex presidente precisó que sus verdaderos dueños serían la señora Fernenbug y el señor Maiman. Se fundó con un capital de US$3 y no tiene bienes muebles ni inmuebles. Tuvo como presidenta a la señora Fernenbug, a quien se le retiró del cargo hace dos meses (luego de que se hiciese pública la adquisición de la casa) y a quien reemplazó un representante del señor Maiman.
Ayer, el señor Toledo reconoció que la compra de las propiedades se realizó de esta extraña manera, aunque indicó que detrás no se encontraba su dinero y que no existía nada turbio. Hay varias preguntas, no obstante, flotando en el aire. ¿Por qué los testaferros?¿Por qué darse el trabajo de constituir una empresa sin activos en Costa Rica para comprar una casa y una oficina? ¿Por qué si el señor Maiman quería financiar a la señora Fernenbug lo hizo a través de este alambicado sistema y no directamente? Y la pregunta del millón: ¿por qué el señor Toledo contó una distinta versión de los hechos en un principio? Aunque él no lo reconozca, la contradicción en la que ha incurrido es, precisamente, una buena razón para seguir investigando el origen del dinero de las sospechosas adquisiciones de su suegra.
Por lo demás, toda esta situación tiene dos implicancias importantes para la política nacional. La primera, que el rol de “garante” que el ex presidente jugaba en este gobierno ha pasado a ser, más bien, el de un rehén. Y es que el señor Toledo no puede pretender que alguien crea que será un fiscalizador del nacionalismo cuando hoy en día –con las acusaciones que enfrenta– depende del blindaje que le quiera dar este partido. La segunda, que hay una nueva razón para que la señora Heredia anuncie claramente que no pretende que se cambie la ley para postular en las próximas elecciones: mientras se pueda argumentar que las investigaciones a potenciales competidores tienen como objetivo limpiar el paso para su candidatura (o terminar al estilo de Fujimori con los partidos políticos), nuestra política estará envenenada y se le restará legitimidad a cualquier investigación.