En el marco de la discusión sobre la ley de partidos, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, ha dicho esta semana que “al país le hacen falta partidos más sólidos y con mayor presencia en el territorio nacional”. “No es posible –indicó– que un partido que aspira a dirigir la política nacional no tenga bases regionales”. Así, sostuvo, no puede haber representatividad.
Tiene razón Transparencia. Por lo pronto, una de las razones que más coadyuvan al continuo desborde de las “protestas sociales” que constantemente encienden el panorama regional es la ausencia de canales de representación efectivos que logren que todos los ciudadanos puedan sentir que tienen cómo hacer llegar su voz –antes y después de la aparición de los problemas– hasta el poder.
En lo que no coincidimos con Transparencia es en la solución que esta parece defender para el problema: el financiamiento público de los partidos. La lógica detrás de esta idea es que con mayores recursos los partidos tendrán cómo generar mayor militancia en las provincias más alejadas del país. Pero el problema está en que nada garantiza que los partidos gastarán estos recursos en un objetivo así mientras el sistema de las reglas electorales siga dándoles tan pocos incentivos para salir de los grandes centros demográficos e invertir en llegar a las siempre más costosas periferias.
En efecto, como se sabe, a la fecha los peruanos elegimos a nuestros representantes congresales por medio de un sistema de circunscripciones territoriales muy grandes en las que, en la mayoría de casos, un enorme número de ciudadanos tiene que elegir entre otro enorme número de candidatos a los varios representantes que corresponden a cada circunscripción. Un sistema que tiene como consecuencia que pocos ciudadanos se tomen el trabajo de informarse adecuadamente sobre los muchísimos candidatos que les piden su voto y en el que cada uno de los que salen elegidos sabe que representa a un grupo tan grande y disperso de personas que nadie sentirá una relación directa de representación con él ni se encargará, por tanto, de seguirle la pista. Para ilustrar este punto, basta con decir que en nuestras últimas elecciones hubo 26 circunscripciones que escogieron entre 1.518 candidatos, y se llegó al extremo de la circunscripción de Lima, donde los electores tuvieron que elegir entre un universo inverosímil de 468 candidatos.
Naturalmente, esto es una mesa servida para que los “representantes” puedan darse el lujo de olvidar el cordón que –teóricamente– tendría que unirlos a sus representados y explica que actúen así constantemente como si estos no existiesen.
Nosotros hemos propuesto modificar las reglas electorales para que los peruanos pasemos a elegir a nuestros representantes en distritos electorales pequeños y uninominales (donde en cada distrito se elige a un solo representante). Esto, por un lado, incentivaría a los partidos que quieran sumar congresistas a ir a buscarlos por todo el país, y, por el otro, daría a cada grupo de peruanos un congresista al que conocen bien y que estará obligado a escucharlos si tiene algún interés en permanecer en su curul. No es por gusto que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los diputados son elegidos en circunscripciones muy pequeñas, estos representantes –al margen del poder que puedan haber acumulado en el Congreso– deben acudir a menudo a pueblos que de otra forma no tendrían importancia política, a prestar oído a diferentes problemas locales y a luego darles voz en el Congreso.
Así sí se logra la representatividad: cuando los representados tienen el poder de controlar la actuación del representante y de hablar por medio de la boca de este.
Nuestro sistema electoral nos da voto a todos los peruanos, pero no voz. Tenemos que cambiarlo para que nos proporcione los dos.