“El gobierno pretende utilizar el poder político para sancionar a los medios por su línea editorial”

Roberto Pereira, abogado experto en libertad de expresión, consideró que la carta que el presidente Pedro Castillo envió a “Panorama”, donde amenaza con denunciar por difamación agravada a los periodistas del referido dominical, “denota una actitud prepotente, intolerante y antidemocrática” de su parte. Agregó que la sociedad civil debe rechazar este tipo de comportamiento.

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— Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, el IPYS y el CPP han emitido un total de 25 alertas sobre acciones del Ejecutivo contra la prensa. ¿La libertad de expresión ha sufrido un debilitamiento en esta administración?

Sin duda, yo diría que desde antes de que el presidente Castillo asuma funciones, ya durante la campaña se presentaron una serie de manifestaciones hostiles frente a la prensa por parte de seguidores [de Perú Libre] y del propio candidato. Y recordemos que ya como presidente electo envió una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones solicitando que se inicie un proceso de sanción a un medio de comunicación sobre la base de cuestionar su línea electoral. Esta conducta que se inició en la campaña se ha agravado una vez que ha entrado [ha entrado al poder]. Ahora tiene el poder del Estado para intensificar y hacer más grave este tipo de conductas. Claramente en todo este tiempo, la libertad de expresión ha entrado en un clima de hostilidad por parte del gobierno, desde el presidente Castillo, incluyendo a funcionarios de su entorno, y el primer ministro, Aníbal Torres, declara permanentemente en contra los medios de comunicación. Además, una jefe de Comunicación Social [de la PCM] ha denunciado presiones para orientar la contratación a favor de unos medios y no de otros.

El gobierno ha optado por una conducta donde se pretende utilizar el poder público para sancionar a los medios de comunicación por su línea editorial y premiar a aquellos que les son favorables, una conducta que está proscrita por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es una situación muy preocupante que, en mi opinión, debe frenarse desde la sociedad civil.

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— De estas 25 alertas, seis han correspondido a acciones desplegadas por la Policía para impedir a los reporteros el acceso a las actividades del presidente Castillo. Incluso, en una oportunidad los encerraron en un auditorio. ¿Al presidente le molesta las preguntas incómodas?

Efectivamente, él tiene un entendimiento del ejercicio del poder contrario a la transparencia. Entonces, una manera de no aceptar la rendición de cuentas es impidiendo que la prensa pregunte o negarse a dar entrevistas, cosas que el presidente Castillo ha hecho claramente […] El presidente con esta conducta está actuando en contra de un principio elemental de cualquier democracia, que es la de hacer públicas sus actividades oficiales y de rendir cuentas de las mismas a través de la prensa.

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— El presidente Castillo envió una carta notarial a “Panorama”, donde adelanta que interpondrá una demanda por difamación agravada, si no rectifica un informe que lo relaciona con el empresario Roberto Aguilar. ¿Esta es una amenaza? ¿Cómo se puede interpretar?

Esa carta es un despropósito por varias razones, en primer lugar, porque si bien el derecho de rectificación alcanza a cualquier persona, y sin duda al presidente, se supone que el ejercicio de ese derecho es respecto a información falsa, no sobre la interpretación de los hechos. Por lo tanto, quien presenta [el pedido de] rectificación no solo tiene que negar la información [difundida], sino que tiene que alcanzar evidencias de que efectivamente la información es falsa, esto no ha hecho el presidente Castillo, lejos de eso, ha dejado una serie de dudas en relación a la actividad deportiva en la que está involucrada una persona a la que se señala como vinculado a malos manejos en la adjudicación de obras.

Y, en segundo lugar, los funcionarios públicos están sometidos a un máximo nivel de tolerancia al escrutinio público de parte de la prensa. De acuerdo al criterio de la jurisprudencia interamericana, [los altos funcionarios públicos] no pueden recurrir al derecho penal para pretender sancionar discrepancias, errores o interpretaciones que se hagan en la información que se difunde sobre ellos […] Yo creo que esto es una manifestación más de esta mala manera de entender la libertad de expresión que denota una actitud prepotente, intolerante y antidemocrática de un jefe de Estado.

— La directora y conductora de “Panorama”, Rosana Cueva, ha rechazado la carta notarial de Castillo Terrones, y ha advertido que la libertad de expresión “está en juego” y que “no se puede prohibir el derecho a seguir investigando”. ¿El propósito del presidente es no ser sometido al escrutinio de la prensa?

Yo creo que sí, en el fondo este tipo de actitud lo que buscan como propósito final es la censura. Entonces, lo que hace [el gobierno] es atacar y cuestionar de manera injustificada, y también amenaza con no contratar publicidad, se amenaza con regular la propiedad de los medios de comunicación, y se maltrata a los reporteros y se incentiva a la gente a reaccionar en su contra. Todo esto tiene un propósito final, que es la autocensura. Es decir, que la prensa deje de investigar, que sienta temor de investigar al presidente de la República y a su entorno. Es una conducta manifiestamente antidemocrática, que debemos rechazar de plano.

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— La Defensoría del Pueblo ha referido que la comunicación del presidente a “Panorama” vulnera el estándar de “mayor tolerancia sobre discursos relacionados con funcionarios y personajes públicos”. ¿Usted comparte esta postura?

La comparto plenamente, los funcionarios públicos de más alto nivel tienen un menor umbral de protección y eso implica que tienen un máximo nivel de tolerancia frente al escrutinio público. Entonces, ellos no pueden responder echando de mano al derecho penal, porque tienen una serie de mecanismos para responder, pueden dar una conferencia de prensa, pueden aclarar la información, pueden pedir una entrevista al medio que ha difundido la información y a otro. Recurrir al derecho penal es contrario a la libertad de expresión en una democracia, está fuera de los estándares interamericanos y podría hacer incurrir al Estado peruano en una responsabilidad por eso.

— El jefe de Estado, en noviembre pasado, dijo que no permitirá que le den “un centavo” a aquellos medios de comunicación “que tergiversan la realidad”. ¿Se debe realizar cambios en la norma para evitar estos escenarios?

Tenemos una norma bastante razonable, porque lo que hace es poner a las entidades públicas a hacer un estudio acerca de la idoneidad y del efecto que tienen los medios en difundir los mensajes de interés público a las poblaciones objetivas. Es decir, a las personas que van a demandar determinados servicios públicos o que van a acceder a prestaciones estatales. Se pueden mejorar cuestiones de procedimiento, pero en sí ya hay una regulación que es razonable para evitar lo que están haciendo el presidente de la República y el primer ministro Torres, ellos están violando la ley y la Constitución, así de simple, porque afecta la libertad de expresión al utilizar estos mecanismos de asignación de publicidad estatal para premiar o castigar a los medios de comunicación en función a su línea editorial.

— En setiembre, el IPYS y el CPP le solicitaron al presidente Castillo firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, pero hasta el momento no lo ha hecho, y tampoco hay una respuesta sobre si lo hará. ¿Por qué cree que no suscribe este compromiso?

Me parece que no lo suscribe, porque no tiene ninguna voluntad de cumplirlo, esos son documentos que tienen un amplio consenso a nivel internacional, recogen los principios y reglas más consolidadas y más importante en materia de libertad de expresión. Lamentablemente, con esto el presidente Castillo ya integra una larga lista de presidentes antidemocráticos, que afectan la libertad de expresión como lo fue Rafael Correa, en Ecuador, o lo es Manuel López Obrador, en México, y Daniel Ortega, en Nicaragua, y Nicolás Maduro, en Venezuela. Él está en esa lista en materia de libertad de expresión. Hay presidentes antidemocráticos que empezaron así, cuestionando la libertad de expresión y mostrando una intolerancia a este derecho.

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— El Parlamento, bajo la conducción de María del Carmen Alva, no ha abierto a los periodistas el acceso al Hall de los Pasos Perdidos. ¿Esta situación también vulnera la libertad de prensa? ¿Qué tipo de acciones se deben adoptar?

Sin duda, dificultar o impedir el trabajo de la prensa para cubrir las actividades oficiales de cualquier funcionario público o institución del Estado configura una afectación al acceso y derecho a la información pública, y no solo de los periodistas, sino de la población. Ya la Corte IDH, en 1985, ha establecido que los medios de comunicación tienen un papel importante en el sistema democrático en la medida de que son el mecanismo a través del cual la ciudadanía pueda hacer efectivo su derecho a acceder a información y poder opinar y participar en la vida política […] La presidenta del Congreso tendría que enmendar esa conducta, me parece que ha justificado [esta medida] en razón del COVID-19, pero creo que hay una serie de acciones que se pueden aplicar que permitirían utilizar el Hall de los Pasos Perdidos con las medidas de seguridad y sanitarias del caso para que la prensa pueda realizar su trabajo.

— A inicios de marzo, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un dictamen que sanciona con pena entre los cuatro y seis años de prisión a quienes difundan la declaración de un colaborador eficaz. ¿Esta es la principal amenaza a la libertad de prensa desde el Parlamento? ¿Busca silenciar a los medios de comunicación?

Me parece que sí, este es un proyecto de ley que en realidad tiene antecedentes, este dictamen fue observado por el gobierno del presidente Sagasti, ha regresado al Congreso y en lugar de darle el trámite que corresponde a toda ley observada, lo que han hecho es darle el trámite como si fuera un nuevo proyecto de ley, simplemente cambiándole el número. Ahí hay un problema procesal en el Congreso.

En el fondo, los políticos quieren protegerse de las noticias o de contenidos que se difunden y que los pueden afectar, esto claramente está orientado a eso, y es una medida incompatible con la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El periodista no puede ser responsable penalmente por el origen de la información. Si la información tiene un origen ilícito, porque esa información ha sido robada o se ha vulnerado la reserva, el periodista no puede ser responsable por ese hecho por la mera conducta de difundirlo. Si la información tiene interés público, eso le basta al periodista para publicar la información y esa conducta está protegida por la libertad de expresión. En consecuencia, ese proyecto lo que trata de hacer es penalizar el ejercicio válido de la libertad de expresión, con la finalidad de proteger a los políticos.

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— Y desde el Ministerio Público y el Poder Judicial también se han dado acciones contra la prensa, como el allanamiento a Pedro Salinas y la sentencia en primera instancia a Christopher Acosta. ¿Es peligroso que los ataques a la libertad de expresión provengan de diferentes instituciones del Estado?

Sin duda alguna, recordemos que el Ministerio Público y el Poder Judicial son instituciones que tienen, por mandato constitucional, que proteger los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Si la fiscalía se excede y afecta la libertad de expresión, esto debilita de manera significativa este derecho fundamental, lo mismo el Poder Judicial si emite sentencia absurdas o claramente contrarias a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte IDH.

Cada cierto tiempo en el Perú nos encontramos con algún juez que no logra entender el sentido de la libertad de expresión y trata de restringirla de manera indebida a través de fallos claramente absurdos, en algunos casos es por ignorancia y en otros por incapacidad, pero al final los que terminan afectados son los periodistas y los ciudadanos. Esto es claramente inaceptable, ambas instituciones en su máximo nivel deben preocuparse, porque este tipo de decisiones no se repitan, deben capacitar a fiscales y jueces en el entendimiento correcto de la libertad de expresión.

— ¿Existe una ruta de salida, a través de la cual se pueda mejorar la relación entre el Ejecutivo y la prensa, sin que esta última renuncie a fiscalizar?

Yo tengo cierto pesimismo frente a eso, porque ya la experiencia ha demostrado que las personas que tienen ese entendimiento de la libertad de expresión [que los medios no deben ser incómodos], son estructuralmente contrarios a la misma, yo creo que eso es lo que pasa con el presidente Castillo y, por lo menos, con su primer ministro, son personas que están diseñadas, que tienen una estructura mental incompatible con valores democráticos y eso es lo que les conduce a incurrir en este tipo de prácticas. Más que esperar una autocorrección creo que lo que debemos, la sociedad civil, los medios y los ciudadanos en general, es rechazar este tipo de prácticas y exigirles que enmienden la ruta que hasta ahora han mostrado en esta materia.