El Ministerio Público debe iniciar un proceso de extinción de dominio (trasladar de manera definitiva al Estado los bienes de origen ilícito) en torno al local del partido Perú Libre (PL) en Breña, sugirieron la abogada penalista Romy Chang y el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.
Según los expertos, ello tendría que darse en paralelo a la investigación que realiza el fiscal Richard Rojas Gómez por presunto lavado de activos contra el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y otros.
Los especialistas hicieron el planteamiento luego de que un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) concluyera que los fondos usados para la adquisición del referido inmueble tendrían procedencia ilícita.
El documento, al que tuvo acceso El Comercio, refiere que de los US$220.000 que se pagaron por la propiedad, US$150.000 ingresaron a las cuentas de Perú Libre en pequeños depósitos. Es decir, se registró acciones de pitufeo.
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Entre los abonos, está uno de US$3.000 realizado por Cerrón el 8 de julio de 2019; y otros por la misma cantidad hechos por el congresista Waldemar Cerrón, el exviceministro de Gobernanza Territorial Braulio Grajeda y el exministro de Salud Hernán Condori Machado, y José Bendezú Gutarra, Waldys Vilcapoma Manrique y Marina Asunción Vásquez López. Estos tres últimos investigados por Los Dinámicos del Centros.
Chang, en comunicación con este Diario, indicó que probablemente el informe de la UIF “complete el círculo”, al referir que los cupos que Los Dinámicos del Centro cobraron, podrían haberse destinado a la compra del local partidario de Perú Libre en Lima.
“Este documento complica significativamente [a Cerrón y a los altos dirigentes de Perú Libre], porque hay indicios sobre un dinero que no se puede justificar y del cual no se conoce su procedencia. Y no hay que olvidar que existe un caso sobre cobro de cupos, se está completando el círculo, cómo blanquearon ese dinero”, remarcó.
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También explicó que el Ministerio Público tiene que iniciar un proceso de extinción de dominio, porque el perulibrismo “no tiene cómo acreditar la licitud” de ese bien.
Una opinión similar tuvo el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quien refirió que el Estado debe aplicar esta figura de sanción patrimonial. “Este es un procedimiento especial, y que perfectamente puede ser utilizado para sancionar los efectos patrimoniales de una actividad delictiva. Y sí, debería recurrirse [a esta sanción]”, expresó.
Maldonado consideró que el reporte de la UIF será “fundamental” en la investigación por presunto lavado de activos contra Cerrón y otros dirigentes perulibristas.
“La UIF es una entidad técnica y no política, este informe es fundamental para que el Ministerio Público adopte las medidas necesarias en la pesquisa que involucra al partido que apoyó al señor Pedro Castillo. Espero que el fiscal tome en cuenta este documento, que avance su pesquisa y que pueda obtener una sentencia condenatoria contra todos los implicados”, subrayó.
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El ex abogado del Estado afirmó que la compra del local partidario de Perú Libre en Breña puede tener relación con los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Junín.
“La contraloría ha establecido que los gobiernos regionales son una de las áreas vulnerables en el Estado, y ese partido controló y continúa controlando el gobierno regional de Junín, y se ha tenido conocimiento de que se aprovechó de eso para extraer dinero, sumas importantes para su agrupación. Entonces, esta hipótesis [de que estos recursos fueron usados para la compra del local], es perfectamente razonable y lógica”, acotó.
El abogado penalista Andy Carrión indicó que el fiscal Rojas Gómez, al ya tener abierta una investigación contra Cerrón y otros dirigentes de Perú Libre por presunto lavado de activos, podría solicitar como medida cautelar el embargo del referido local en Breña. Es decir, que pase a manos del Estado ante de que pueda ser transferido.
Carrión recordó que el inmueble continúa registrado a nombre de la sociedad conyugal formada por Fermín Arévalo Ortiz e Isabel López Mejía, a pesar de que existe un contrato de compra-venta que se firmó en octubre de 2019.
“La Sunarp no ha pasado a manos del partido que lo ha comprado, sigue figurando a nombre de unos esposos, la fiscalía tiene que evaluar mecanismos para impedir que este bien sea traspasado”, remarcó.
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Además, Carrión señaló que otra fiscalía podría iniciar un proceso de extinción de dominio para que el Estado quite de manera definitiva el inmueble a Perú Libre.
El letrado, de otro lado, señaló que el principal aporte del informe de la UIF es que determina que el origen de los fondos con los que Perú Libre adquirió su local en Breña es desconocido.
“Esto afianza la tesis de la fiscalía, Perú Libre tendría que demostrar el origen lícito para la compra del local, y esto complica la situación del líder de ese partido y también de las personas que hicieron los depósitos, entre ellos el exministro Condori. Y estos fondos deben ser justificados, más aún cuando la norma señala que los partidos deben reportar todas las donaciones de sus militantes”, manifestó.
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El magistrado Manuel Chuyo impuso esta medida por 36 meses para ellos tres, que continúan sin ser ubicado, y otros cuatro investigados por el Caso Puente Tarata. 
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