En diciembre pasado, bajo el acuerdo entre Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht confesó haber pagado US$29 millones en coimas en los últimos tres gobiernos peruanos. (Foto: AFP)
En diciembre pasado, bajo el acuerdo entre Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht confesó haber pagado US$29 millones en coimas en los últimos tres gobiernos peruanos. (Foto: AFP)

Las recientes informaciones públicas sobre el caso de corrupción de han generado cierta preocupación en la fiscalía peruana, aseguraron fuentes de este Diario. Esto debido a que los ejecutivos de la empresa brasileña no habrían dicho toda la verdad cuando fueron interrogados.

Uno de los últimos hallazgos provino del despacho del fiscal Elmer Chirre, quien investiga desde el 2014 el Caso ‘La Centralita’. A través de la colaboración eficaz en su investigación, Chirre confirmó el pago de sobornos por US$3 millones de la constructora al ex gobernador regional de Áncash César Álvarez.

(Infografía: El Comercio)
(Infografía: El Comercio)

Además de esta nueva revelación, hace algunas semanas aparecieron las anotaciones “Keiko” y “AG” en la agenda de Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la compañía.

El fiscal Alfonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, aseguró hace unos días, en conferencia de prensa, que esas notas no están en el despacho de ningún fiscal peruano que investiga el caso. La Fiscalía de la Nación ya cursó un pedido a Rodrigo Janot, titular de la Procuraduría General de la República (PGR)de Brasil, para que confirme o descarte la existencia de esas notas.

Para Katherine Ampuero, procuradora ad hoc del Caso Odebrecht, “definitivamente” la constructora brasileña no está confesando todos los actos ilícitos cometidos en el Perú. “Estamos dándonos cuenta de que está ocultando información. [...] No vamos a ser tan tontos para pensar que solamente hubo hechos de corrupción y lavado en cuatro obras”, indicó a El Comercio.

Otras fuentes del Ministerio Público señalaron –y advirtieron– que si los brasileños no han confesado todos los pagos de sobornos en el Perú, podrían perder los beneficios a los que se han acogido con la delación premiada en su país.

—Cuestión de espera—
En diciembre pasado, bajo el acuerdo entre Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht confesó haber pagado US$29 millones en coimas en los últimos tres gobiernos peruanos.

Sin embargo, tras las investigaciones fiscales, y la última revelación de sobornos en Áncash a Álvarez, las coimas suman más de US$39 millones.

Es así que, para ganar las licitaciones de obras o apoyar campañas políticas –como es el caso del Programa OH–, la constructora desembolsó US$10 millones más de los que confesó ante la fiscalía del distrito este de Nueva York.

“Evidentemente, en la procuraduría consideramos que ha habido muchas más obras [involucradas en el pago de coimas]”, agregó Ampuero.

Solo hay dos formas de que la fiscalía obtenga evidencia incriminatoria de Odebrecht, explicó Peña Cabrera. Una es a través de su despacho, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. La otra es por medio de la colaboración espontánea. Es decir, que las autoridades brasileñas, al encontrar información que puede ser de interés para el Perú, la envíen automáticamente. Más allá de esto, la fiscalía peruana investiga por cuenta propia.

Si bien aún existe información en Brasil que está lacrada, producto de distintas incautaciones a personajes relacionados con la investigación a Odebrecht, esta aún no ha sido procesada. Desde la fiscalía infieren que se trata de un gran material probatorio y que solo es cuestión de esperar para conocer si involucra al Perú.

Peña Cabrera precisó que solo la autoridad central de la justicia brasileña –el Ministerio de Justicia y la PGR de Brasil– puede enviar al Perú evidencias encontradas. Ningún otro funcionario podría hacerlo. “Se llama prueba prohibida si la recibes, por ejemplo, directamente de la policía”, precisó.

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