El Ministerio Público informó que en la reunión que sostuvieron la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el presidente de la República, Pedro Castillo, también estuvo presente el abogado de este último, quien reclamó por la diligencia que se llevó a cabo el último lunes 20 de diciembre en Palacio de Gobierno.
A través de una nota de prensa, la fiscalía detalló que el abogado que acompañó al jefe de Estado en la reunión “improvisada”, Eduardo Pachas Palacios, expresó su preocupación por la intervención del equipo de fiscales y recordó que Pedro Castillo solo puede ser investigado por la Fiscalía de la Nación. Por esto, aseguró que presentaría una queja.
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“Ante ello, la Fiscal de la Nación, le recordó al presidente de la República que los fiscales son autónomos y que tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación. Agregó la magistrada que en caso el jefe de Estado considere que hubo algún tipo de vulneración existen los cauces procesales correspondientes”, informó el Ministerio Público.
Cabe recordar que, a través de un documento remitido este martes, el abogado de Pedro Castillo pidió excluir de las investigaciones por supuestas irregularidades en una licitación de Petroperú al fiscal Luis Alberto Medina Rodrigo al señalar que amenazó al personal de Palacio de Gobierno de entregar teléfonos, documentos y testimonios si no querían ser denunciados por obstrucción a la justicia.
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En la conversación entre Pedro Castillo y Zoraida Ávalos, el presidente también pidió adelantar la fecha de su presentación ante la Fiscal de la Nación por la investigación sobre supuestas injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas para el 28 de diciembre, algo a lo que la titular del Ministerio Público accedió.
El mandatario, de otro lado, pidió a la fiscal de la Nación que participe en el Consejo de Seguridad Ciudadana y que proceda con la creación de “fiscalías de flagrancia”, algo sobre lo cual Ávalos informó que se requería presupuesto.
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“(Zoraida Ávalos) le recordó que el Ministerio Público viene solicitando al Ejecutivo recursos para crear fiscalías especializadas que puedan abocarse a los casos de violaciones de derechos humanos en la selva del Perú y en otras zonas donde se vienen registrando un aumento de casos de delitos contra defensores ambientales”, informó la fiscalía.
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