‘Lunarejo’ aprovecha omisiones de jueces sobre 12 inmuebles para venderlos

FABIOLA TORRES LÓPEZ

El narcotraficante Fernando Zevallos y sus familiares están vendiendo 12 de sus 50 bienes incautados que, extrañamente, el Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima y el Primer Juzgado Penal de Maynas dejaron libres de bloqueo en los Registros Públicos en el 2007.

El Comercio halló que el 27 de junio del 2012 Editora Transparencia S.A.C. (en poder de Sara Gonzales Gabancho, madre del ‘Lunarejo’) vendió dos propiedades ubicadas en el Callao a la empresa panameña ‘off shore’ Miravalles Developmente Inc.

La venta de ambos se hizo por un total de 180 mil dólares, un monto muchísimo menor a su valor real: US$1,5 millones.

Precisamente, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) del Ministerio del Interior usaba esos locales (que se suponían formalmente incautados) como almacenes de los bienes decomisados a procesados por narcotráfico desde el 2007.

Así, el propio Estado puede ser desalojado de estos locales ubicados en la calle La Pampilla Mz I-3 (lotes 14, 16, 17, 18 y 19) en el Callao y otros que también pueden ser vendidos.

El 5 de marzo pasado el liquidador de la empresa Sistema de Distribución Mundial S.A.C. (perteneciente a Aerocontinente) vendió una oficina y un estacionamiento del Centro Ejecutivo José Pardo, en Miraflores, que figuraban en la lista de bienes incautados a los Zevallos. Los compró Largio Hurtado Palomino por US$580 mil.

UN TRÁMITE QUE NO SE HIZO Al juez Omar Ahomed Chávez, del Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, le correspondía corroborar el bloqueo de las partidas en los Registros Públicos de 46 bienes incautados al ‘Lunarejo’ en Lima en el 2007. Mientras, Carlos Amoretti Martínez, titular del Primer Juzgado Penal de Maynas, debió hacer lo propio con cuatro propiedades de Fernando Zevallos en Iquitos. Pero no lo hicieron.

Consultado por este Diario, el juez Ahomed señaló que la verificación de incautaciones la hacía su secretario judicial, Hugo López Salmerón, pero en el 2010 –cuando el expediente del Caso Zevallos pasó al Tercer Juzgado Penal Supraprovincial– dejó de ver el tema. “Este juzgado es el que tiene que responder”, afirmó.

Al juez Amoretti no fue posible localizarlo en su despacho.

Según la procuradora antidrogas Sonia Medina, de los 12 bienes de Fernando Zevallos que carecen de bloqueo registral, hay cinco en Lima con observaciones particulares que hoy impiden su decomiso en favor del Estado. “Dos fueron sublotizados, uno rematado por un banco y el resto dado como pago de beneficios laborales de trabajadores de empresas en liquidación”, señaló.

EL 50% ESTÁ EN PELIGRO Las ventas de los inmuebles de Fernando Zevallos, preso en el penal de Piedras Gordas (Ancón), se hicieron en pleno proceso de transferencia del acervo documentario de los bienes incautados al narcotráfico en poder de la desactivada Ofecod a la nueva Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).

Esa comisión, presidida por la abogada Pilar Sosa San Miguel, empezó sus actividades en agosto del año pasado y desde entonces enfrenta una alta resistencia de los responsables de la Ofecod –un organismo que perteneció al Ministerio del Interior– para la entrega de todos los expedientes de los bienes incautados a narcotraficantes en los últimos 35 años.

La información que conoció este Diario es grave: el Estado tiene los legajos de 1.707 inmuebles incautados a procesados por tráfico de drogas, pero las medidas de incautación de 850 propiedades no fueron inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Esto permite que puedan venderse o transferirse a terceras personas como ocurre con 12 bienes de Zevallos.

Según Sosa, la Conabi y la Procuraduría Antidrogas están hoy dedicadas a reconstruir los expedientes de incautación para realizar los trámites respectivos y lograr el decomiso y subasta de los inmuebles.

“Estamos promoviendo que los juzgados competentes inscriban las incautaciones o, de ser el caso, la procuradora antidrogas presente demandas de pérdida de dominio”, explicó.

En setiembre del año pasado, Pilar Sosa pidió con urgencia al Poder Judicial que todas sus dependencias jurisdiccionales remitan copias de las actas de los bienes muebles e inmuebles incautados para levantar un registro ordenado sobre su uso y situación legal actual. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, aún no da respuesta a su solicitud y tampoco ha designado a su nuevo representante ante la Conabi. Este Diario solicitó una entrevista con Mendoza, pero no aceptó.

UNA POLÍTICA DE SUBASTAS La actual política del Gobierno sobre los bienes incautados a narcotraficantes y condenados por corrupción es subastarlos para reunir dinero en favor de la lucha contra el crimen organizado, pero esta decisión se frustra por graves omisiones en la administración de este patrimonio durante décadas.

Según el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, la desactivación de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) del Ministerio del Interior obedeció a su caótica situación y denuncias de corrupción.

“Como administradora de los bienes incautados al narcotráfico ha sido totalmente deficiente. Hoy la Conabi –que es el organismo que tiene esta misión– hace una auditoría de lo que dejó la Ofecod”, apuntó.

Entre el 2009 y junio del 2011 fue directora general de la Ofecod Patricia Lozada Valderrama, nuera de Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno aprista.

Antes de que decidiera desactivar la Ofecod, el actual gobierno designó, en marzo del 2012, al coronel del Ejército en retiro Carlos Manuel Reyes Tello director general de ese organismo.

LA COMISIÓN Desde junio del año pasado, la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), integrada por ocho personas, administra y decide el uso de los bienes incautados al crimen organizado.

PILAR SOSA SAN MIGUEL Presidenta del consejo directivo de la Conabi

CRNEL EP LUIS PEREYRA Secretario ejecutivo de la Conabi

JOSÉ TENORIO FERNÁNDEZ Representante del Poder Judicial (se retiró hace un mes, pero no se nombró a su sucesor).

WALTER DELGADO TOVAR Ministerio Público

FORTUNATO NINAMANCO RUIZ Ministerio del Interior

ARTURO MARTÍNEZ ORTIZ Consejo de Defensa Jurídica del Estado

ÓSCAR DEL RÍO GONZALES Ministerio de Justicia

MARIO SÁNCHEZ DEBERNARDI Ministerio de Defensa.