ESPECIAL

Las muertes en los sótanos del Pentagonito

El escalofriante caso de los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) sale del olvido con el dictamen que permitiría juzgar a Fujimori por la desaparición forzada de tres detenidos en el Pentagonito

Por Ricardo Uceda

A fines del 2004, cuando publiqué un libro sobre crímenes políticos, pensé que uno de sus descubrimientos corría el riesgo de ser rápidamente olvidado. Con ese temor, le puse al libro el nombre del capítulo correspondiente: "Muerte en el Pentagonito". Narraba allí cómo tres presuntos senderistas habían sido secuestrados en Lima en momentos distintos, llevados al Cuartel General del Ejército y asesinados con arma de fuego. Antes los habían torturado, y, después, sus cadáveres fueron incinerados en un horno habilitado para tales propósitos. Todo esto en 1993, durante el apogeo de Fujimori y Montesinos.

Mi creencia se fundaba en la falta de evidencias. Nunca se encontrarían los cuerpos, como en el caso de los desaparecidos de La Cantuta, que debe su impacto al macabro hallazgo de los cadáveres por periodistas de "Sí", en 1993. No había asesinos con nombre y apellido, como los del Caso Barrios Altos, individualizados desde la primera crónica de la matanza, también publicada por "Sí" en 1992. Tampoco habría un testigo clave. La fuente principal del libro, el agente del SIE Jesús Sosa, decidió desaparecer, y hasta hoy no es habido.

Por último, estaba el anonimato de las víctimas: Justiniano Najarro, panadero ayacuchano, y los estudiantes Kenneth Anzualdo y Javier Roca, ambos de la Universidad Técnica del Callao (UTC). Sus desapariciones nunca ocuparon las primeras planas, e incluso, luego de la publicación del libro, cedieron lugar ante revelaciones de otros capítulos y desgracias de otras víctimas. Por ejemplo, ante el caso del primer huésped fatal del sótano del SIE, el espía ecuatoriano Enrique Duchicela, ejecutado extrajudicialmente en 1988.

Aun ahora, cuando el dictamen de la fiscal Mónica Maldonado se conoce completamente, los expedientes del sótano del SIE han pasado casi desapercibidos. Sin embargo, sustentan una de las acusaciones más graves que enfrentará Fujimori --la desaparición forzada puede merecer 35 años de cárcel-- si la Corte Suprema de Chile concede la extradición por los tres casos.

MUERTES EN EL SIE
Primero desapareció Justi-niano Najarro, a la edad de 50 años. Fue secuestrado el 6 de julio de 1993 mientras regresaba a pie a su casa en San Juan de Miraflores. Cuando lo interceptaron, iba acompañado por su sobrino, Melitón Ochoa, de 14 años. Varios hombres los metieron a un Volkswagen celeste que enrumbó al Pentagonito, del cual el panadero jamás volvió a salir. En cambio el muchacho solo estuvo un día. Encapuchado como entró, fue sacado en un auto y obligado a bajarse en Miraflores. Después dijo que estuvo encerrado en un lugar desconocido, desde donde escuchó a su tío gritar.

El segundo secuestrado, Javier Roca, tenía 27 años y estudiaba Economía en la UTC. El 5 de octubre del mismo año fue inmovilizado por agentes del SIE cuando se acercaba a su casa, en la urbanización Medalla Milagrosa. Introducido a un auto, fue llevado al Pentagonito y recluido en el sótano del SIE. Allí también lo escucharon gritar, hasta llorar, aunque esto se conocería mucho después, por circunstancias imprevisibles.

El 16 de diciembre, Kenneth Anzualdo, de 25 años, iba en un bus rumbo a su casa, de regreso de sus clases de Economía en la UTC. Unos policías que investigaban un supuesto robo subieron al vehículo e hicieron descender a varios sospechosos, entre ellos al estudiante. Una vez abajo, los sospechosos --en realidad agentes del SIE-- se volvieron contra él y lo metieron en un auto, que media hora después ingresó al Pentagonito por la puerta 3. Hasta hoy nadie dijo haber visto o escuchado al estudiante en el sótano del SIE.

Todos los detenidos murieron en el Pentagonito como resultado de sendos balazos en la cabeza. Los cadáveres fueron incinerados en el horno que cinco años atrás calcinó el cuerpo sin vida de Duchicela.

Los hechos anteriores, tal cual están descritos, me fueron narrados por el ex agente del SIE Jesús Sosa, quien afirmó haber participado en los secuestros. Las circunstancias, fecha y hora de las acciones descritas por Sosa coincidieron exactamente con los detalles brindados para mi investigación por testigos y familiares. Dos testigos no citables corroboraron los hechos de dos de las tres operaciones de secuestro y confirmaron también la ocurrencia de las ejecuciones y la posterior incineración de los cadáveres. Sin embargo, no presenciaron las muertes.

Todo esto puede permitir hacer una historia periodística, ¿pero sirve mucho para que un fiscal investigue o un juez señale culpabilidad? De hecho, hasta hace solo año y medio, la Procuraduría Ad Hoc ni siquiera había documentado el caso.

EL EXPEDIENTE RESUCITA
En noviembre del 2005, cuando Fujimori llegó a Chile desde Japón, el expediente denominado "Sótanos del SIE" estaba basado en las supuestas torturas a Susana Higuchi y Leonor La Rosa, ambas falsas, como ya está demostrado. Otras acusaciones se referían al secuestro de Samuel Dyer, Gustavo Gorriti, Hans Ibarra y las mencionadas La Rosa e Higuchi. De estas, solo las de Dyer y Gorriti tenían base, tanto así que fueron las únicas que sobrevivieron al control de calidad y resultaron respaldadas por la fiscalía chilena como delitos comprobados, aunque inhabilitados por prescripción. Pero, además, el expediente pretendía acusar a Fujimori por desaparición forzada y homicidio calificado "de un número indeterminado de personas". ¿Cuántas y cuáles? No lo decía.

En fin, el caso era tan pobre que fue uno de los dos que la Corte Suprema del Perú rechazó del grupo de 19 que la Procuraduría Ad Hoc le envió para pedir a Chile la extradición de Fujimori. Entonces Javier Ciurlizza, presidente de una comisión de la cancillería para procesos jurisdiccionales en el exterior, le encargó a un abogado de su equipo revisar el caso de los sótanos del SIE. ¿Podría resucitarlo o se le consideraba desahuciado? Dio la casualidad que este abogado, Víctor Quinteros, había trabajado en la investigación del libro "Muerte en el Pentagonito", y guardaba apuntes de sus entrevistas con los familiares de Najarro, Anzualdo y Roca.

El caso revivió cuando Quinteros estudió tres cuadernos que contenía el expediente, debidamente autenticados, con anotaciones de ocurrencias en el SIE entre 1993 y 1994. El Cuaderno 1 registraba al personal que ingresaba a los calabozos. El 2 estaba dedicado a memorandos del servicio de custodia. El 3, a documentos del SIE2, el Departamento de Contrainteligencia. Había información copiosa, aunque los detenidos no estaban identificados sino señalados con números y letras: 5C, B2. Sin embargo, constaba la fecha de ingreso de un prisionero, en algunos casos sin registro de salida. Constaban las horas...

Quinteros buscó en "Muerte en el Pentagonito" la fecha y hora del secuestro de Javier Roca y comprobó que eran compatibles con el registro de ingreso del detenido 5C, según el Cuaderno 2. En los días siguientes las notas daban cuenta de sus gritos, sollozos e imprecaciones.

Quinteros buscó luego los datos de la desaparición de Anzualdo, y también eran compatibles con los de la fecha correspondiente del Cuaderno 1. Después se dedicó al Cuaderno 3, donde encontró las huellas de la permanencia de Najarro en el Pentagonito. El parte del 6 de julio de 1993 indica el ingreso de un detenido no identificado. Pero el número de detenidos está tachado y junto a la corrección se escribió el número 1. Es obvio que la tachadura se debió al intento de desaparecer el número original, 2, pues Najarro llegó con su sobrino, luego liberado.

Toda esta evidencia permitió demostrar que los estudiantes y el panadero habían estado en el Pentagonito. Así, a última hora, la procuraduría pudo enviar a Chile el pedido de añadir sus casos a los motivos de extradición.

LA VISITA DEL DOCTOR
Establecido el hecho de que Najarro, Anzualdo y Roca estuvieron detenidos en el sótano del SIE, las preguntas restantes son quién decidió su suerte, hasta qué punto estaba involucrado con estas decisiones Vladimiro Montesinos y cuánto de todo sabía o aprobaba Fujimori. Si finalmente procede la extradición por desaparición forzada, este será un aspecto fundamental del juicio al ex mandatario. Al respecto, el Cuaderno 1, correspondiente al 11 de octubre de 1993, es sumamente revelador. Ese día estaba aún con vida Javier Roca. Una de las anotaciones dice así:

Servicio: 11/10/93
Hora: 19:50
Ocurrencia: Coronel Oliveros, Dr. Montesinos y Tc. Rojas visitan a los detenidos (hora de salida 21:30)

La anotación se refiere a Montesinos, al jefe del SIE Enrique Oliveros y al comandante Rojas (Tc. equivale a teniente coronel). La presencia de Montesinos atañe a la responsabilidad de Fujimori, quien según el dictamen de la fiscalía chilena tuvo participación culpable por su "dominio de hecho" en el caso de las tres desapariciones forzadas. Es decir, porque "por sí o por otros que dependen de él, ha estado en situación de determinar el curso causal de los hechos que condujeron a la comisión de esos delitos". Tenía esta capacidad porque el SIN y Montesinos le rendían cuentas, y porque, de acuerdo con la legislación por ambos impulsada, los servicios de inteligencia del Ejército, Marina y Aeronáutica pasaron a depender operativamente del SIN desde julio de 1992.

En otras palabras, cuando Montesinos estuvo ante el estudiante Javier Roca --había sido interrogado el día anterior y, según el Cuaderno 2, ya empezaba a enloquecer--, desde un punto de vista institucional eran los ojos de Fujimori los que lo veían. ¿Cómo despacharían respecto de tales asuntos ambos personajes? Es posible que el juicio futuro arroje un rayo de luz sobre las escenas.

"El 'Chito' Ríos y Leonor La Rosa conocen mucho de estos casos"
Miembro del Grupo Colina pero aún no juzgado por su condición de prófugo, Jesús Sosa Saavedra participó en las operaciones de secuestro de Justiniano Najarro, Javier Roca y Kenneth Anzualdo. Esta es la breve entrevista que concedió para esta nota:

4¿Cuál es su opinión sobre el dictamen de la fiscal chilena Mónica Maldonado que permitiría juzgar a Alberto Fujimori por la desaparición forzada de Justiniano Najarro, Javier Roca y Kenneth Anzualdo?
Los hechos se produjeron, pero no me puedo pronunciar respecto de si Fujimori los conoció o no. No me consta. Esas operaciones las manejaba el jefe del SIE, el coronel Enrique Oliveros.

4 ¿Pero cómo podría seguir la investigación en el Perú, sin testigos? Usted, por ejemplo, está prófugo.
Ahora no existen condiciones para que yo tenga una buena defensa. Pero hay otras personas que no tienen mis juicios, que pueden colaborar.

4 ¿Por ejemplo?
El 'Chito' Ríos y Leonor La Rosa.

4 ¿Por qué Miguel Ríos?
Porque él participó en el secuestro de Javier Roca. Él trabajaba para el SIE en 1993, reportando al SIE1. Él puso a Roca al SIE. Roca era senderista. Cuando Roca salía de la universidad, Ríos indicó quién era al grupo del SIE que lo iba a secuestrar. Yo estaba allí.

4 ¿Y por qué Leonor La Rosa?
Porque ella participó en el seguimiento a Justiniano Najarro, que también era senderista. Estoy seguro de que se debe acordar. Estuvo vigilándolo el día mismo de su secuestro, el 5 de octubre de 1993.

4 Es difícil que alguien que haya participado en estas operaciones lo declare, pues se incrimina.
No veo por qué. ¿Acaso trabajar para el SIE es un delito? ¿Acaso hacer el seguimiento a un senderista es un delito? Ejecutar a alguien ya es otra cosa, pero hacer seguimiento o dar información para la captura de alguien es parte del trabajo de un agente o un informante.