De antenas escondidas y celulares en las prisiones

Hace unos días, las antenas de telefonía volvieron a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez porque se había descubierto una, camuflada dentro de una torre hecha de triplay, en el techo de una vivienda ubicada justo frente al penal de Lurigancho y con potencia suficiente para que se hagan y reciban llamadas desde el interior del centro penitenciario.
Según me enteré, lo que realmente sucedió es que la policía le solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) un informe sobre la antena, que estaría allí desde el 2013, y se comprobó que está activa y que emite señal de telefonía móvil. Inmediatamente salió el alcalde del distrito a asegurarles a sus vecinos que sancionarán a la empresa responsable “porque esa señal se usa para muchas llamadas extorsivas (que salen del penal)”.

Esa antena pertenece a Claro (América Móviles). Mediante un comunicado de prensa, la empresa se defendió asegurando que no es el único operador con antenas en la zona, y que la antena está registrada ante el MTC y el Osiptel.

“Rechazamos tajantemente las notas periodísticas en donde se ha señalado que la antena ubicada en el asentamiento humano San Juan Bautista en el distrito de San Juan de Lurigancho, ha sido instalada con el objetivo de brindar señal de telefonía móvil a los internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho”.

“Insinuaciones de este tipo solo buscan desviar la realidad. La población se da cuenta que en esa misma zona colindante con el penal, así como Claro, otras empresas poseen también antenas y señal de telefonía móvil”.

“Las empresas operadoras no podemos discriminar a las personas que viven en los alrededores del penal y dejarlos sin servicio móvil”.

Sin embargo, la empresa reconoce que no cuenta con la autorización municipal para esa antena, pese a que ha intentado muchas veces regularizar su situación amparada en la ley que facilita el despliegue de infraestructura de comunicaciones.

¿La solución es quitar la antena del lugar? Yo creo que no. Porque los habitantes de esa zona de San Juan de Lurigancho también tienen derecho a tener acceso al servicio de telefonía móvil. La operadora asegura –y yo le creo- que no está dando el servicio para los internos del penal, sino para los vecinos de la zona.

El problema no es la ubicación de la antena, ni que se haya camuflado (revisa el D.S. Nro. 003-2015-MTC anexo 2 y verás que eso de camuflar las antenas está contemplado), sino que los internos siguen teniendo celulares y las autoridades no tienen cómo evitarlo. ¿Por qué hay que pensar en tener bloqueadores de celulares en los penales? ¿No sería mejor fortalecer las medidas de seguridad para impedir algo tan obvio y lógico como es que los internos en los penales no tengan en su poder teléfonos celulares? Esa no es culpa del operador.