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Editorial: Traspiés y zancadillas

Los cuestionamientos al contralor Edgar Alarcón y al ministro Alfredo Thorne no son equiparables.

Editorial

Edgar Alarcón y Alfredo Thorne

Tras la difusión de un audio en un programa periodístico el último domingo, legisladores de diferentes bancadas de oposición han pedido la renuncia tanto del contralor de la República como del ministro de Economía.

Tras la difusión de un audio en un programa periodístico en las últimas semanas, legisladores de diferentes bancadas de oposición han pedido la renuncia tanto del contralor de la República como del ministro de Economía. (Foto: Nancy Chappell/Rolly Reyna).

Foto: Nancy Chapell/Rolly Reyna.

La difusión del contenido de una conversación entre el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y el contralor general de la República, Edgar Alarcón, ha suscitado una letanía de pedidos entre algunos legisladores de oposición para que ambos –ministro y contralor– renuncien a sus cargos.

“Así como el contralor debería hacer un paso al costado […], el ministro de Economía debería irse a su casa”, comentó Marco Arana del Frente Amplio. “El contralor […] debería dar un paso al costado al igual que el ministro Thorne”, opinó Daniel Salaverry de Fuerza Popular (FP); mientras que su compañero de bancada Héctor Becerril señaló que el titular del MEF “por el bien del país debería pensar en renunciar”, y que el contralor “también debería evaluar la posibilidad de renuncia”.

La pretendida equivalencia que traslucen estas declaraciones respecto de las transgresiones de los dos altos funcionarios, sin embargo, no resiste mayor escrutinio.

Más allá de los cuestionamientos a la idoneidad de Alarcón en un puesto que, contrariamente a la forma como se viene conduciendo, debería ser técnico y no político, sobre él pesan serias denuncias con implicancias legales.

Entre ellas, la referida a la adquisición de nueve vehículos por más de US$182.000 que realizó entre el 2012 y el 2015, cuando se desempeñaba como vicecontralor, cargo que –de acuerdo a ley– le impedía ejercer “actividades lucrativas”. También la relacionada con la copiosa liquidación que obtuvo una ex trabajadora de la contraloría (que dependía de Alarcón y con la que tuvo dos hijos) cuando fue cesada en el 2010 y que no tendría correspondencia con el sueldo que ella percibía.

A ello se suma el intento de Alarcón de persuadir a su subordinado, el auditor Walter Grados, para que no presente las mencionadas denuncias ante el Congreso, con un extraño pedido (“Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando”). Y, por supuesto, la verosímil hipótesis de que fue él quien grabó subrepticiamente a Thorne en una reunión privada.

La imputación sobre el ministro, en cambio, no parece incluir visos de ilegalidad o el favorecimiento propio o de terceros. En concreto, se le atribuye haber usado el asunto de la aprobación del presupuesto de la contraloría para presionar a Alarcón de emitir un informe favorable sobre la adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero.

Que el máximo representante de un ministerio que avaló la adenda al contrato abogara por el respaldo de la contraloría no debería llamar a la sorpresa. Como tampoco que el titular del MEF dialogue con la contraparte de una entidad pública que solicita mayor presupuesto. Pero, abordar ambos asuntos en medio de la tormenta política que se había armado respecto del primero de ellos es una exhibición de impericia política, por decir lo menos.

Y también lo es que el ministro haya revelado a su interlocutor información reservada como sus reparos al contrato de construcción original (“No es el contrato perfecto y se lo digo con toda sinceridad, en la campaña yo le dije al presidente, le dije bien claro: este contrato, ¿qué es lo que no tiene? No tiene capital”), sus discrepancias con el entonces ministro Vizcarra, y los supuestos encargos del presidente Kuczynski (“Yo hoy día traté de pasarle todas sus contribuciones y el presidente me las rechazó, me dijo que tenía que hablar con usted”).

Pero aun cuando los yerros políticos de Thorne pudieran costarle su permanencia en el Gabinete Ministerial, no se puede equiparar equivocación con ilicitud. Y el audio completo de la conversación entre Thorne y Alarcón muestra lo primero, no así lo segundo.

Son varias las ocasiones en las que el ministro de Economía manifiesta su respeto a las decisiones de la contraloría (“Nos gustaría [...] que usted nos diga ‘oye, por aquí no, la contraloría tiene observaciones, pero por acá sí”, “[Instruimos a nuestro equipo] a que siempre actúen correctamente, en línea con la legalidad [...] con ustedes”, “Algunos [proyectos] se caerán [...], si usted me dice que en este proyecto hay una sarta de corruptos”. Y también es claro en manifestar que el presupuesto de la contraloría no estaba condicionado a su informe de auditoría (“No […] Martín [Vizcarra] en eso ha sido muy estricto y él ha dicho que hará lo que la contraloría le pida que haga”).

A estas alturas y por distintas causas, Alarcón y Thorne podrían terminar dejando sus respectivos cargos. Pero no es lo mismo salir de un partido lesionado a causa de un tropezón que expulsado por haber cometido reiteradas zancadillas.

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