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Cientos de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con una huelga general para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles, lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.
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MIRA: Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales
La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.
El cese de actividades por 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.


A la protesta se sumaron 13 sindicatos gremiales y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), mientras que los servicios esenciales, como la salud pública, también registran interrupciones parciales.
La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó de la cancelación de más de 400 vuelos, que han afectado a más de 64.000 pasajeros y clientes de carga.

La Secretaría de Trabajo conminó a los trabajadores de trenes y autobuses a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa.
El Gobierno anticipó además que descontará de los salarios la jornada a aquellos empleados públicos que se sumen a la huelga, pues hasta la fecha esto no ocurría en Argentina.
Los sindicatos alegan que la reforma implica una eliminación de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.
El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de acatamiento a la huelga entre sus afiliados es del 98 %.
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