Las niñas y adolescentes son la población más vulnerable del país. Este grupo –que representa el 17% de la población nacional– tiene desventajas en el acceso a servicios claves, como la educación, la salud y la seguridad.
La violencia es uno de los graves problemas que sufre esta población. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), las niñas y adolescentes mujeres representan el 65% de los casos atendidos por violencia familiar y el 70% de las víctimas de violencia sexual en Perú. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 85% de las adolescentes embarazadas no asiste a un centro educativo.
Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), elaborada por el INEI, la tasa de maternidad en adolescentes es más alta en aquellos casos en que la mujer solo cuenta con educación primaria. A mayor grado de instrucción, menor incidencia de embarazos (ver infografía).
En términos de culminación de estudios escolares, la situación más preocupante se da en zonas rurales. Se estima que mientras un 24% de las adolescentes que viven en zonas urbanas no logra concluir la secundaria, en las zonas rurales la cifra sube hasta el 68% (mientras que en el caso de los adolescentes varones la cifra llega al 65%).
La lengua materna también parece ser un factor de desventaja. Solo tres de cada diez adolescentes quechuahablantes logra culminar la secundaria. Y solo una de cada diez que habla algún dialecto amazónico culmina sus estudios.
—Más desigualdades—
Hace cinco años se instauró oficialmente el Día Internacional de la Niña. Esta fecha fue fijada por Naciones Unidas con el objetivo de visibilizar la problemática de las mujeres desde la infancia.
“Actualmente las mujeres viven una situación de vulnerabilidad. Hay una mayor inversión de las familias en los hijos varones. En el caso de la mujer, se convierte en apoyo para las labores domésticas”, señala Ada Mejía, coordinadora nacional del Género, Derechos Sexuales y Reproductivos de la ONG Plan Internacional.
—Retos de política—
El Plan Nacional de Acción para la Infancia y Adolescencia 2012-2021, elaborado por el MIMP, es el marco oficial de la política pública destinada a garantizar la consecución de metas para solucionar esta problemática.
Entre sus principales objetivos figuran la reducción de la desnutrición crónica infantil, la reducción del embarazo adolescente, la culminación oportuna de la primaria y secundaria, así como la prevención de la violencia. Por ejemplo, planea reducir el embarazo adolescente en una quinta parte.
Según Unicef, a efectos de cumplir con el plan, en el 2015, el Estado asignó cerca de S/26 mil millones en programas destinados al apoyo de la niñez y adolescencia en los sectores Educación, Salud, Inclusión Social y Mujer y Poblaciones Vulnerables. La cifra representa la cuarta parte del presupuesto nacional de dicho año.
“Todo esto no solo necesita decisión política, sino también los recursos económicos necesarios para poder cumplirlo. Para el tema de establecimientos diferenciados para la atención de adolescentes y jóvenes, tienen que ser adaptados a sus características”, añade Ada Mejía.