La zona sur concentra el 43% de la inversión minera, pero una de sus regiones encabeza el ranking de la pobreza

Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Tacna –regiones afectadas por una alta conflictividad social– representan en conjunto el 30% del PBI en minería e hidrocarburos y el 43% de la cartera de proyectos mineros pendientes, según el Ministerio de Energía y Minas (US$20.870 millones). De esta cifra, casi la mitad (US$10.199 millones) espera concretarse solo en Apurímac, donde desde el 2016 opera Las Bambas (la mina de cobre más grande del país, actualmente paralizada por los bloqueos).

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Las oportunidades de crecimiento no se reflejaron en una mejor calidad de vida para la población. En el 2021, Puno tuvo el nivel más alto de pobreza y pobreza extrema del Perú (la primera aumentó en casi ocho puntos porcentuales tras la pandemia); mientras que en cinco de los diez últimos años una región sureña encabezó esa lista (además de Puno, estuvieron Apurímac, Huancavelica y Ayacucho).

Gran parte del retraso que vive la zona se debe a la poca eficiencia de las autoridades municipales. En el 2022, los municipios de las siete regiones listadas invirtieron solo el 71% de los aportes mineros y de otras actividades extractivas.

¿Cómo se explica la paradoja sureña de tener oportunidades y menos progreso social? ¿Solo el factor político determina el malestar que impulsa las protestas? Para el politólogo Gonzalo Banda, además de las causas económicas y de mala gestión, debe tomarse en cuenta la ausencia del Estado y un deseo de reivindicación.

“Desde el 2006, hay una identidad de contestación al statu quo, que consideraba que el buen manejo macro y el crecimiento económico iban a ser suficientes. Hay algunas claves como la pobreza. Puno lidera el ránking, no pudo aprovechar el ‘boom’ de los ‘commodities’. La descentralización falló, se transfirieron presupuestos, pero no capacidades. La minería genera trabajo, pero no el suficiente, por eso hay la sensación de que unos se benefician y otros no. El sur vive cerca de Bolivia y, pese a todo lo malo del gobierno de Evo Morales, ha podido democratizar el acceso a las conexiones domiciliarias de gas, mientras acá el precio de los balones está por las nubes. Hay ciudadanos que sienten que el Estado Peruano está lejísimos”, explica.

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Banda añade que a estos problemas se suman fracturas del tejido social. “Hay problemas que no hemos resuelto como sociedad: la discriminación, el racismo y la segregación que caracterizan el día a día y tienen que ver con esta desconexión entre el mundo rural campesino y el mundo criollo costeño”, opina.

"La descentralización falló, se transfirieron presupuestos, pero no capacidades. La minería genera trabajo, pero no el suficiente, por eso hay la sensación de que unos se benefician y otros no"

Karla Gaviño, especialista en gestión pública de la Universidad del Pacífico, coincide en que las carencias en servicios e infraestructura han sido determinantes para el descontento social. Añade que el Ejecutivo debe mejorar la comunicación política, limar tensiones y trabajar con las autoridades subnacionales para acelerar la inversión orientada al cierre de brechas. “Al no poder haber diálogo entre los técnicos del Ejecutivo y sus representantes políticos con los gobernadores o alcaldes, estamos en una situación en la cual aspectos como la inversión pública también sentirán las consecuencias”, dice.