“Debieron tomarse gestos políticos más fuertes en momentos más oportunos”

En diálogo con El Comercio, Molina cuenta que durante una reunión que sostuvo el último martes con diferentes actores sociales recibió reproches sobre la ilegitimidad del gobierno. Aunque dejó en claro que no hubo un hecho específico lo que motivó su renuncia, pues era una posibilidad que evaluaba por la limitada posibilidad de abrir el diálogo en este contexto.

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—¿Qué detonó su renuncia como jefe del Gabinete Técnico?

Fue un proceso, no fue un hecho singular e intempestivo. Le venía dando vueltas hace días porque sentía que el esfuerzo de promover en off el diálogo se limitaba por el hecho de que lo hacía como funcionario del Ejecutivo, por la resistencia que tienen todos los actores por distintas razones a interrelacionarse con el Ejecutivo. Yo ya había ido constatando eso, sobre todo en los contactos que hicimos en Puno, Apurímac y Cusco.

Cuando intentamos promover una confluencia de actores a nivel nacional, en una última reunión que hubo el martes, recibí reproches expresos sobre la ilegitimidad del Poder Ejecutivo para conducir cualquier iniciativa de diálogo. Mi reacción fue: nadie está pretendiendo que la conduzca el Ejecutivo, estoy para que la conduzcan ustedes a nombre de la sociedad. Sin embargo, el papel que trataba de jugar hace semanas para promover ese tipo de iniciativas estaba fuertemente castigado por mi posición de funcionario. El martes, después de esa reunión, decidí hablar con la presidenta.

—Usted ha estado involucrado en la gestión de diálogo, ¿por qué se mantuvo en el cargo incluso cuando se reportó la alta cantidad de muertes en protestas?

Porque inicialmente ingreso convencido de que podía contribuir con mi experiencia y compromiso a tratar de reforzar en el Ejecutivo un componente de diálogo, en su manera de relacionarse con la sociedad, convencido de que el componente orden público en el cual se había visto envuelto el gobierno por lo intempestivo en que se produjo el cambio con el golpe de Pedro Castillo. Dije: han respondido de mala manera, basados solo en orden público, voy a tratar de aportar un componente de diálogo que enriquezca esa mirada y permita que el gobierno vaya, poco a poco, saliendo del impasse y se oriente a una mirada al futuro.

Lamentablemente, el 9 de enero se reportan los muertos en Juliaca, eso aumenta bruscamente la lista de fallecidos y hace cada vez más difícil que pueda uno hablar en nombre del Poder Ejecutivo. A pesar de que el Ejecutivo tenía una postura frente a los fallecidos, que no era mala: fiscalía, haz las investigaciones, yo te apoyaré en todo lo que necesites. CIDH, ven al Perú, anda a los lugares donde hubo fallecidos y emite tu informe. Además, la comisión de apoyo solidario a los familiares de las víctimas.

La CIDH decide hacer un informe muy genérico. El otro problema es que de la fiscalía es difícil esperar resultados pronto. Eso comenzó a castigar la posibilidad de relacionarse con actores para tratar de inducirlos a liderar iniciativas de diálogo desde la sociedad civil.

—Pero también es consciente de que los gestos de la presidenta no han sido los más adecuados para la desescalada de este conflicto. ¿Hay una falta de liderazgo por parte de la presidenta Boluarte?

No voy a usar la expresión de falta de liderazgo, diría que la presidenta está bajo mucha presión por la situación que estamos viviendo. Sí puedo decir que, tal vez, debió tomarse gestos políticos más fuertes en momentos más oportunos. Por ejemplo, haber liderado desde mucho antes la propuesta de que las elecciones fueran el 2023. Es un tema en el que se discrepó en el Ejecutivo, al final se tomó una decisión de no oponerse al proceso que había iniciado el Congreso con la primera votación en diciembre. Finalmente, el Ejecutivo tomó la decisión de apoyar la propuesta del 2023, pero parecería que ha llegado tarde y no con la suficiente fuerza como para obligar al Congreso a aprobar una salida de ese tipo. Mi opinión es que las elecciones tienen que ser este año. Mientras más demoremos, más difícil será hacerlo.

—¿La ausencia del diálogo, entonces, de qué sería producto? Si es que considera que no hay una falta de liderazgo de la presidenta Boluarte.

La presidenta ha tenido que asumir el gobierno, ella no tiene bases sociales ni políticas propias. Las bases de Perú Libre y el magisterio se han volteado contra el gobierno, aduciendo que se abusó de la situación del expresidente Castillo. Entonces, hasta que el Gabinete pasó investidura, el Ejecutivo a través de la PCM trató de apoyarse en una cierta relación de pacto de estabilidad con el Congreso. Mi posición es que, después de que se pasó investidura [el 10 de enero], el Ejecutivo debió desmarcarse del Congreso.

El Parlamento tiene muy poca aceptación ciudadana y la presidenta no solo es líder del Ejecutivo, sino jefa de Estado. Por tanto, creo que debió desmarcarse más rápidamente de una relación de supuesta alianza con el Congreso y acercarse más a la voz de la gente.

[...] Dentro de todo, la opción de mayor estabilidad y menor rechazo ciudadano es que se mantenga en la Presidencia, pero necesitamos que frente al Ejecutivo y Congreso haya una alternativa ciudadana que le plantee una agenda a los poderes del Estado de cara al siguiente periodo. Ahí, los gobernadores regionales deberían jugar un rol preponderante no uno por uno, sino liderando una iniciativa colectiva.

—Pero hay gobernadores que se han plegado a los reclamos ciudadanos. Muy dispuestos para ser parte de los interlocutores no parecen estar.

Porque algunos no quieran o no puedan hacerlo, porque tienen miedo de la reacción como fue el caso del gobernador de Huancavelica, colectivamente sí pueden asumir una posición no de alianza con el gobierno, más bien liderando la voz de los ciudadanos, plantear una agenda de cambios al Ejecutivo y Congreso.

—Finaliza su carta instando a la presidenta a escuchar a las personas, a la gran mayoría que pide cambios. ¿De qué forma la presidenta ha desoído a las regiones?

De repente no planteando gestos políticos oportunos, que trataran de interpretar no la voz de los políticos de Lima o solo la voz de su Consejo de Ministros, sino la voz de la gente. Un presidente se debe a la gente. Estoy seguro de que Boluarte está haciendo el mayor esfuerzo, soy testigo, por cumplir su papel. Es muy difícil, no lo buscó, no tiene una base política. Pero aún así, si se pegara más a la voz de la gente tal vez ahora tendría un mayor respaldo de los ciudadanos que protestan.

—¿Qué ha impedido que ella pueda escuchar a las regiones? Está oyendo a otros asesores o qué es lo que la aleja.

Creo que por la dificultad de la situación que vive el Perú ella quiere que rápidamente podamos instalar un proceso de diálogo, que públicamente produzca algún acto. Eso no ha sido tan fácil, no lo es, porque no podemos hacerlo desde el Ejecutivo. Cualquier cosa que convoquemos desde el Ejecutivo nacería muerta. Entonces hay que construir voluntades, eso toma su tiempo.

Lo hemos estado haciendo, he estado trabajando apoyándome en el Viceministerio de Gobernanza Territorial y en su equipo de diálogo. He tratado de ir virando los últimos días a promover una iniciativa que sea solo sociedad civil o actores estatales subnacionales como los gobernadores. Pero eso toma su tiempo y yo entiendo a la presidenta, quiere resultados rápidos porque está en una situación muy difícil. Me di cuenta de que siendo funcionario no iba a poder ofrecerle ese resultado con la suficiente rapidez que ella esperaba.

Decidí que podía ser más útil desde afuera, usando mi compromiso con esos procesos para seguir instando a las universidades, iglesias, gobernadores, cooperación internacional, que nos ayuden a construir una salida política desde la sociedad que nos acompañe en el tránsito hasta la próxima elección.

—En su carta indica que “trató de poner su mejor esfuerzo para contribuir al reencuentro entre peruanos, pero no parece ser el asesor principal que quiere” la presidenta. ¿Qué sugerencias alcanzó al primer ministro?

La presidenta me encargó, por mi experiencia previa, que empujara el proceso de diálogo. Hemos conversado muchas veces con el primer ministro. Él como cabeza del Consejo de Ministros y ante la presión, mirado de afuera es difícil de entender, pero cuando estás dentro del gobierno tienes que equilibrar la presión de los actores económicos para que desocupen la carretera, con el cuidado que tienes que tener de los derechos humanos y lograr que las fuerzas del orden minimicen los riesgos de afectación. Logrando que los derechos de quienes quieren circular no se vean afectados. Eso es complicado. Ese esfuerzo fue en el que se concentró el primer ministro con los ministros. Yo me concentré en el tema de desencadenar el diálogo.

[...] Sé que no logramos completar ese proceso. Era como que había dos vertientes dentro del Ejecutivo que hemos tratado de empujar. Lamentablemente, la vertiente del diálogo tiene sus ritmos y a la presidenta la entiendo, quería resultados más pronto en el diálogo, que no han sido posibles obtener porque era imposible hacerlo abiertamente desde el Estado. Cualquier cosa que convocáramos era deslegitimada.

—Me dijo que no lograron completar la unión de las dos vertientes: el diálogo y el restablecimiento del orden público. ¿En qué puntos el primer ministro ha desoído algunas de las sugerencias de la vertiente de diálogo?

No diría que ha desoído. Se ha puesto un esfuerzo enorme por reducir al mínimo los riesgos de afectaciones a los derechos humanos por acción de las fuerzas del orden. Todavía hubo infelizmente algunos fallecidos que tendremos que aclarar quiénes fueron los responsables. Han circulado videos que todos conocen, pero necesitamos una investigación fiscal célere. Es evidente que luego de los dolorosos sucesos en Puno se redujo enormemente el número de fallecidos porque las fuerzas del orden hicieron un esfuerzo de no agredir.

A veces se producen pérdidas de control, como lo que pasó en Lima, pero hubo un esfuerzo expreso de reducir al mínimo los riesgos. […] El gobierno sigue haciendo un esfuerzo por evitar afectaciones a los derechos humanos. La carga de los más de 55 fallecidos es muy difícil de procesar en democracia.

—De alguna forma, ¿las sugerencias que ustedes alcanzaban como asesores no fueron estimadas, tomadas en cuenta por parte del Consejo de Ministros?

He sido escuchado en ocasiones, no en las suficientes, y no ha originado las decisiones suficientemente oportunas por las que apostaba. Por ejemplo, al liderar la demanda al Congreso para las elecciones en el 2023. El Ejecutivo en diciembre presentó un proyecto con la propuesta del 2024. Si nos ponemos en la lógica del JNE, incluyendo primarias, necesitábamos hasta abril. […]

Yo hubiera apostado porque en el momento en que la voz ciudadana se hizo más fuerte por elecciones en el 2023, rápidamente hemos debido tomar esa alternativa y plantearle eso al Congreso. Se pudo hacer desde el día siguiente a la investidura. Recién se ha hecho el domingo 29 de enero. La presidenta lo ha planteado, y se lo dije a ella, tardíamente. Ya no produce el efecto que hubiese producido. Eso pasa cuando no tomamos determinadas decisiones y al final se opta por no enemistarse con el Congreso. […] Creo que pudo la presidenta desmarcar un poco más del Congreso y tal vez eso la hubiese ayudado a obtener algo de respaldo ciudadano.

—Entonces, ¿considera que el entrampamiento está en que el gobierno no toma las decisiones de manera célere?

Creo hay varios problemas en juego. Uno es que le asigna una importancia vital, como reserva de gobernabilidad, a la relación con el Congreso, a una relación muy pacífica con un Congreso que tiene legitimidad ciudadana cercana a cero. Y que además no está cumpliendo su papel de aprobar un calendario electoral de transición como todo el Perú exige.

Segundo, la presión de quienes piden respetar derechos humanos y quienes piden respetar carreteras está haciendo que el gobierno se vea obligado a mantener un esfuerzo de orden público.

[…] Como el proceso de diálogo demora parecería que el gobierno solo está apostando a orden público y no es así. El problema es que la presidenta y el primer ministro probablemente quieren resultados más prontos, pero no es posible. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero necesitan un mínimo de tiempo.

—El New York Times informó el jueves que la canciller ha admitido ante ellos que no existe “ninguna evidencia” de que las protestas sean motivadas por grupos delincuenciales. ¿Se tenía esa información?

La información que he recibido de los órganos que son responsables de eso es que sí teníamos evidencias de que hubo intereses ilegales financiando o contribuyendo a financiar las protestas en algunos lugares del Perú. No hay que decir que todo fue financiado por economías ilegales porque desmerece a los ciudadanos que protestan porque están enfadados, pero sí hubo dineros ilegales y hay información.

En el norte de Arequipa, en Ayacucho, Andahuaylas, algunos lugares de Puno, hubo participación de economías ilegales en cofinanciar parte de las protestas. En muchos casos ha sido el esfuerzo de las propias comunidades que han juntado dinero para financiar sus viajes. El proceso es mucho más complejo que hacer una simplificación de que todos son ilegales.

Creo que probablemente la canciller, no voy a opinar sobre sus declaraciones, tampoco ha visto expresamente las pruebas. No sé qué información dispone, pero la que yo tengo es que en algunos lugares sí hubo participación de economías ilegales y en otros casos ha sido financiamiento ciudadano.

—¿Estamos en un punto de desconfianza hacia la gestión del gobierno que ya no puede ser revertida?

Creo que la iniciativa tiene que venir de fuera del Ejecutivo. […] Los gobernadores tienen una legitimidad emanada del voto reciente, son parte del Estado, puede plantearle una agenda de cambio al Ejecutivo y Congreso. Estoy seguro de que la presidenta Boluarte va a reaccionar positivamente a una propuesta de agenda de cambio.