Gobiernos regionales y municipios de la zona sur no ejecutaron el 31% de su presupuesto para obras

En este período, los gobernadores y alcaldes de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna –regiones actualmente afectadas por una alta conflictividad social– dejaron de gastar casi S/3 de cada S/10 recibidos para obras.

El monto no invertido asciende a S/5.247 millones, cifra que equivale a 2,2 veces el presupuesto para proyectos a cargo del Minedu o la quinta parte de la brecha en infraestructura sanitaria a cinco años estimada en el país (S/25.000 millones).

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Los municipios de esas jurisdicciones administraron casi el triple de los fondos recibidos por los gobernadores (S/12.730 millones), pero su nivel promedio de ejecución fue menor en casi 10 puntos porcentuales [ver gráfico].

A nivel agregado, los gobiernos regionales acumularon el 19% de los fondos no usados, mientras que los alcaldes tuvieron el 81%.

Los montos más altos no invertidos en ambos niveles de gobierno se registran en Arequipa (S/1.456 millones) y Cusco (S/1.316 millones). Ambas regiones representan el 53% de los fondos descartados el año anterior.

El aumento de la capacidad de ejecución de regiones y municipios es clave para reducir la brecha de gasto existente. Mayen Ugarte, profesora del departamento de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explica que, al obtener un mayor presupuesto, las autoridades subnacionales requieren también aumentar su capacidad técnica para poder gastarlo.

“[Ello] implica tener más personal para supervisión, más obras que supervisar, más expedientes, elevar la capacidad operativa. Con esos mismos recursos pueden haber ejecutado la misma proporción [del presupuesto total], pero sí un monto mayor en términos absolutos”, señala.

Para la especialista, la reciente modificación hecha por el Congreso de la República a la duración de los contratos administrativos de servicios (CAS) a tiempo indeterminado ayudaría a la continuidad operativa en gobiernos y municipios, pese al ingreso de nuevas gestiones.

“Con esa ley, los trabajadores CAS ya no tienen ese cierre automático [de sus contratos] en diciembre, sino que pasan al año siguiente, ya no se les puede sacar al final de un período [de gobierno]”, explica.

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Las dificultades en la gestión pública estuvieron acompañadas de acusaciones de corrupción que involucraron a las principales autoridades. En los últimos 12 años, 21 de los 26 gobernadores que han administrado las regiones del sur afrontaron investigaciones fiscales o tuvieron sentencias en el Poder Judicial.

Puno fue la región que más padeció la inestabilidad política: en los últimos tres períodos tuvo cinco gobernadores. Le sigue Arequipa, con cuatro gestiones en el mismo período.