“Yo no quiero entorpecer la labor del Congreso [en investigación a la JNJ]”

En entrevista con El Comercio, Gutiérrez realizó una autocrítica, al considerar que fue un error haber recibido a “Los Combatientes”, grupo de extrema derecha.

—Entre junio y setiembre, cinco adjuntos de la Defensoría del Pueblo renunciaron. De acuerdo a fuentes de El Comercio, estas dimisiones, se dieron por serias discrepancias con usted. ¿No se ha debilitado a la institución por estas bajas?

Esto no ha sido así. Y no, no, de ninguna manera [se ha debilitado a la defensoría]. A ver, apenas llegué, la doctora Garcés puso su cargo a disposición, ella solicitó que eleve a una persona integrante de su equipo [a la Adjuntía para la Mujer]. Ella dijo que tenía oportunidades fuera de la institución. Lo mismo sucedió con Susana Silva, quien me hizo saber que tenía una oferta, se iba a quedar hasta finales de junio, pero su salida se concretó hace poco. Las renuncias no han sido en bloque, se han dado en tiempos diferentes, ninguno se fue por discrepancias. Todos se fueron dando la mano, agradeciendo y deseándome lo mejor.

—Por ejemplo, entiendo que los adjuntos le solicitaron que la institución se pronuncie por normas polémicas aprobadas por el Congreso, como la ley de prescripción y la que limita la colaboración eficaz. ¿Por qué no lo hizo? ¿Existe un temor al Parlamento?

No, no [existe un temor], es más le voy a graficar cómo se trabaja acá, cada adjuntía trabaja los temas de su especialidad y envía al Congreso las opiniones [técnicas], eso no pasa por [mi oficina]. Los temas que usted me ha dicho, todos han merecido opinión institucional. La Defensoría del Pueblo sí se ha pronunciado y ahí están los informes.

"Las renuncias no han sido en bloque, se han dado en tiempos diferentes, ninguno se fue por discrepancias. Todos se fueron dando la mano, agradeciendo y deseándome lo mejor"

—Esas son opiniones técnicas, pero me refería a comunicados públicos...

Cuando yo ingresé acá el tema de la prescripción ya estaba promulgado, encontré que la Defensoría del Pueblo había tomado una decisión tanto a nivel de comunicado como de informe técnico, ya no había nada qué hacer, ya se había sentado una posición. Sobre la colaboración eficaz, ya había una opinión técnica, eso no cambió en nada. El Ejecutivo ha observado, esa autógrafa no es ley. Los informes son los mismos, no hay nada en contra, no hubo discrepancias, nunca se habló de eso. Lo demás son especulaciones.

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—La ley de prescripción fue promulgada una semana después de su elección como defensor del Pueblo…

Está bien, el proyecto es de mucho antes de que yo llegue acá, la opinión [técnica] sobre el proyecto también y cuando se aprueba la ley también es antes, y cuando se observa sí, yo ya estaba acá. Carecía de objeto un nuevo pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo ya se había pronunciado [durante la administración de Eliana Revollar]. Entonces, yo muy respetuoso de los adjuntos, eso no se cambió, hasta ahora está en esa línea.

—Usted ha nombrado a Juan Carlos Gonzales, quien fue personero legal de APP; a Rocío Santivañez Acosta, ex integrante del equipo técnico de Perú Libre; y a Elizabeth Zea, ex integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, en altos cargos de la Defensoría del Pueblo. Esos partidos respaldaron su elección. ¿Existe un cuoteo dentro de su institución?

No, eso solamente se imaginaría un perverso, alguien que sea coherente con la línea de acción y de trabajo de cualquier institución pública nunca podría pensar eso.

—Por ejemplo, en el caso de Zea se retiró el requisito de cuatro años de experiencia en el Estado para que ella pueda ser adjunta en Asuntos Constitucionales. ¿Esta directiva no ha sido con nombre propio? ¿Por qué se hizo la modificación?

A ver señor, simple, todas las instituciones públicas tienen que sujetarse a la Constitución y la ley, existe una ley de idoneidad que precisa que todas las entidades del Estado deben adecuar sus instrumentos de gestión interna frente a los parámetros de la norma y su reglamento. Entonces, el equipo que toma control de esa norma, sea un ministerio o un organismo constitucionalmente autónomo tiene que adecuarse, lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo es adecuarse a esa norma, no hay nada más en eso. No ha sido una exquisitez de algún funcionario cambiar eso por qué quiere.

—¿No se está bajando una valla? ¿Por qué se cambia dos días antes de la designación de Zea?

Nosotros defendemos derechos en la Defensoría del Pueblo, cualquier ciudadano que ve que la institución no adecua sus instrumentos de gestión ante la ley, lo podría denunciar o no por discriminación o cualquier otro hecho, claro que sí, porque la norma, la ley de idoneidad es mandatoria. Nadie puede ser ni más ni menos, hay un estándar.

—¿La ley de idoneidad baja los estándares? ¿no es lo contrario?

En algunas instituciones, las eleva, porque el cuadro o el perfil de sus profesionales es muy bajo y muchos han pedido que esa norma se modifique, y algunas entidades como la nuestra, probablemente es al revés. No estamos para que cada institución interprete o haga una cosa distinta a lo que dice la ley. Si usted me pregunta si estamos dispuestos a que se modifique la norma, que se eleven los estándares, probablemente sí.

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—¿Quién o quiénes le sugirieron las contrataciones de Zea, Gonzales y Santivañez?

No, todos los días vienen cantidad de profesionales a dejar su CV, a buscar un espacio, algunos postulan a los CAS, a lo que se convoca y naturalmente de eso se hace una evaluación exhaustiva.

—También se modificó la directiva sobre la neutralidad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo para que rija en todo momento. Ahora, los funcionarios que quieran brindar declaraciones deben tener su consentimiento. ¿Esto fue por las críticas que le hizo la secretaria general del sindicato de los trabajadores? ¿No es una mordaza?

No, falso. Si usted revisa esa directiva lo que reproduce es un instrumento de gestión que no se aprobó conmigo, sino mucho antes. Es un reglamento del servidor público de la Defensoría del Pueblo que no lo aprobé yo, lo que se ha hecho es reproducir textualmente ese tema con el objeto de tener neutralidad con relación sobre todo a procesos electorales, de intervenciones indebidas, pero nada tiene que ver con la actuación de los señores adjuntos y de los servidores públicos.

—¿Por qué se cambia dos días después de que la secretaria general del sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo lo cuestionara en medios de comunicación?

Yo creo que esos son temas de coincidencias, repito es el reglamento interno, este no ha sido aprobado en mi gestión, la directiva dice lo que literalmente está [en el reglamento], no es que alguien de la actual gestión lo haya puesto. ¿Hacer mención al reglamento que ya existe significa que nosotros estemos modificando algo? No, de ninguna manera […] Es más los miembros de los sindicatos en el Perú saben perfectamente que tienen derechos inherentes a su labor gremial para poderse pronunciar y esto no está sujeto a ninguna mordaza ni condicionamiento.

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—Usted ha referido que la investigación sumaria del Congreso a los integrantes de la JNJ “es como cualquier otro proceso”. ¿A su entender, está clara la causa grave que un sector del Parlamento aduce?

No, yo no me he querido pronunciar sobre el fondo de este tema, porque indudablemente eso es ingresar a la competencia que constitucionalmente le corresponde al Congreso. Sí he hecho comentarios generales sobre el tema, no quisiera pronunciarse a priori si es que antes no vemos aspectos que pueden colisionar con el debido proceso y el derecho a la defensa, que son términos de orden constitucional, que hay que respetar, desde la Defensoría del Pueblo estaremos vigilantes.

"No podría pronunciarse sobre los temas de fondo. Yo no quiero entorpecer la labor del Congreso [sobre la JNJ]"

— ¿Para usted, hay motivos para una destitución de los integrantes de la JNJ?

No podría yo pronunciarse sobre ese hecho, porque está en materia de investigación y no es la Defensoría del Pueblo la que está investigando, es un poder del Estado que tiene la atribución y la facultad de hacerlo, si hay que hacer la exhortación para que todo este proceso esté premunido de las garantías del orden constitucional y que ciertamente si son quebrantadas haremos un pronunciamiento de carácter público.

— ¿No le preocupa el procedimiento? Un sector del Congreso ha comparado esta investigación sumaria con la del CNM, tras la difusión de los audios de “Los Cuellos Blancos”. Pero el contexto es completamente diferente.

A nosotros sí nos preocupa todas las actuaciones de todos los poderes del Estado en tanto y cuanto sea desproporcionada y en abuso de poder, y sea en condiciones que puedan poner en desprotección a las personas, pero en tanto el Congreso, que es la institución que, por mandato de la Constitución, puede realizar labores de fiscalización e investigación a cualquier órgano, esperemos que lleven adelante esa investigación de manera correcta, siempre premunido de las garantías. No podría pronunciarse sobre los temas de fondo. Yo no quiero entorpecer la labor del Congreso.

"La Defensoría del Pueblo de ninguna manera puede aceptar que el Perú se retire de este marco de jurisdicción internacional [la Convención Interamericana de Derechos Humanos], eso no lo podemos respaldar bajo ningún mecanismo. Queda claro que nuestra democracia es muy débil sobre todo porque el abuso de poder casi siempre ha sido una constante"

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— El presidente del Poder Judicial ha referido que no tuvo presiones de los integrantes de la JNJ para pronunciarse sobre el Caso Ávalos. ¿La investigación sumaria se cae?

Mire, son temas de fondo la pregunta que me haces, yo no quisiera inmiscuirme en ese tema, hay un colegiado que está llevando a cabo un proceso investigatorio, esperemos que ellos, de acuerdo a sus facultades, puedan ponderar cada una de las declaraciones que han tenido los altos funcionarios.

— En el Parlamento existen una serie de proyectos de ley que proponen el retiro del Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted está de acuerdo con estas iniciativas?

No, eso ya lo hemos señalado en innumerables ocasiones, somos conscientes que, en principio, la política exterior es competencia exclusiva del Ejecutivo, corresponderá a la presidenta y a su Gabinete Ministerial tomar la decisión en su momento. La Defensoría del Pueblo de ninguna manera puede aceptar que el Perú se retire de este marco de jurisdicción internacional, eso no lo podemos respaldar bajo ningún mecanismo. Queda claro que nuestra democracia es muy débil sobre todo porque el abuso de poder casi siempre ha sido una constante. Yo he visto que hay demandas a instancias supranacionales que es producto de las actuaciones del sistema de justicia, uno no puede salirse así por así de esta instancia. La Defensoría del Pueblo mantiene su posición coherente de no alentar a que el país pueda retirarse de esa instancia.

— En el Congreso también hay un proyecto que debilita la figura de la extinción de dominio. ¿Cuál es la postura de su institución al respecto?

Sobre ese tema la Defensoría del Pueblo ha sentado una posición en el debate del dictamen y en la opinión del proyecto de ley, eso no ha merecido ningún cambio. No se debe debilitar la acción del sistema de justicia frente a la criminalidad organizada, eso es básicamente el tema de fondo.

— ¿Y por qué esta posición no es señalada en un pronunciamiento público? ¿Por qué no emplazan al Congreso?

Porque el Congreso es la instancia deliberativa, en tanto no se tome una decisión, qué cosa podríamos decir, eso sería intromisión. Nosotros no podemos entrometernos a asuntos que corresponden a cada instancia salvo que hayan tomado una decisión institucional. Mira, hay proyectos de todo tipo y no es correcto, salvo la opinión técnica, que se emite en los conductos regulares, lo que no podemos hacer es ni conminar ni distorsionar ni entorpecer la labor inherente de la institución. Cuando toman una decisión, sí, lo hemos hecho, como cuando aprobaron en el Parlamento el proyecto para darle a niños fórmulas con problemas técnicos. Con oficio pedimos a la presidenta que se sirva a observar.

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— En retrospectiva, ¿fue un error haber recibido a los integrantes del grupo de ultraderecha “Los combatientes”?

Definitivamente, un error, era el segundo día que estaba acá, no sabía quién gritaba afuera, lo único que dije en el afán de vocación democrática y diálogo, le pedí a mi secretaria que hiciera ingresar a una delegación de ese grupo, y resulta que eran esos señores. Cuando entraron se portaron bien, les hice entender que vivimos en un Estado republicano y democrático y que se debe guardar la compostura y que existen los canales para que se expresen. Sentí que ese día habían entendido, se tomaron una foto conmigo, pero son los mismos que hace unos días, cuando estuvimos en un foro internacional en el auditorio del Poder Judicial, se acercaron para etiquetarme en términos de “terrorista”. Al día siguiente hicieron un plantón al frente de la Defensoría del Pueblo diciendo que yo soy “un terruco”. Bajo el contexto de todo lo que le estoy relatando, para mí fue un error ser tolerante frente a la intolerancia. Hemos exhortado que esos actos no deben darse en el país, de acoso constante contra los funcionarios, eso ya no es correcto, ya no es democracia, sino un libertinaje que se tiene que cortar.

— La presidenta Boluarte ha planteado la creación de una policía del orden y seguridad. Estos agentes solo tendrán seis meses de capacitación y podrán hacer uso de armas. ¿No resulta peligroso esto?

La criminalidad ha rebasado a nuestra sociedad a tal punto que un tercio de la población ha sufrido los embates de la delincuencia. Entonces, se necesita que se tomen decisiones innovadoras, ingeniosas que permitan tener una cobertura de apoyo territorial y que se pueda brindar seguridad en todos los distritos, comunidades y barrios del país, que la cobertura [de la Policía Nacional] sea real. Y eso implica reconocer que tenemos carecen en el personal. Debemos tener un afán colaborativo para que las decisiones entorno a la lucha contra la criminalidad sean hechos concretos.

— ¿Eso quiere decir que está a favor de esta política del orden y seguridad?

Hay que darle el beneficio de hacer algo, peor es no hacer. Naturalmente, siempre premunidos de evitar que exista cualquier tipo de exceso o la impericia de los que intervienen en la labor pueda causar graves afectaciones a los derechos humanos. Siempre tendremos cuidado con eso.

— El gobierno declaró en emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho, SMP y Sullana (Piura). ¿Militarizar las calles es la solución ante la inseguridad?

No necesariamente, son regímenes de excepción y la excepcionalidad tiene un criterio de temporalidad y veamos el resultado después de este tiempo cuánto ha permitido disminuir la incidencia delincuencial y si eso es favorable a hacer algunas recomendaciones adicionales para ir potenciando en esa línea. Pero si no lo es, hay que ser severos y pedir que las estrategias que no funcionan no deben ser aplicadas más.

— Boluarte está próxima a cumplir 10 meses en el poder. Su gobierno es cuestionado por las muertes en las protestas, por la desaceleración económica y los altos índices de inseguridad. ¿Cuál es su balance?

No hemos hecho un balance de los 10 meses [del gobierno de Boluarte], lo que hemos hecho es un balance de la actuación del Estado como tal, eso trasciende la administración de Boluarte. Lo que hemos visto es un Estado incapaz de poder hacer propuestas de carácter preventivo, y eso ha hecho que cuando hay desborde de ríos, todos se pongan en modo desastre, cuando la criminalidad desborda a la sociedad, todos se ponen en modo seguridad, cuando apareció el COVID-19, todos hablaron de hospitales, de atención primaria, tenemos un Estado reactivo realmente. No se ha trabajado nunca instrumentos de gestión que permitan al Ejecutivo, Congreso y sistema de justicia articular políticas preventivas y con la visión de poder evitar que se den todos los hechos que puedan perjudicar al país, como la convulsión social, y las brechas en salud, educación, y tantas otras variables.