Cualquier peruano de a pie que ha visto por televisión, en Fiestas Patrias, la elocuente exhibición de todo el poderío militar y policial peruano en armas, mandos y tropas, probablemente no entiende la existencia de una zona como el Vraem, liberada por el narcotráfico y Sendero Luminoso. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)
Cualquier peruano de a pie que ha visto por televisión, en Fiestas Patrias, la elocuente exhibición de todo el poderío militar y policial peruano en armas, mandos y tropas, probablemente no entiende la existencia de una zona como el Vraem, liberada por el narcotráfico y Sendero Luminoso. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)
Juan Paredes Castro

Los peruanos creemos cada vez menos que el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro () es un territorio sujeto a las leyes peruanas y a la presencia del Estado Peruano.

El Vraem es, por donde se le mire, una zona liberada por el terrorismo y el narcotráfico, no solo porque estos han hecho de las poblaciones civiles su escudo perfecto para operar impunemente, sino porque el Estado Peruano, sin estrategia militar, ni policial ni de inteligencia, ha cedido su control, como un regalo, a ambas organizaciones criminales.

Para el de los Quispe Palomino y para las mafias del narcotráfico que operan allí en complicidad, el Vraem se ha convertido en un reducto inexpugnable.

Para el Estado Peruano y sus ministerios de Defensa e Interior, el Vraem es un destacamento de derrotas y de bajas continuas, no de ahora, ya de años, en el que rotan altos oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales, comúnmente frustrados en su misión; también suboficiales, técnicos y tropas, muchos de los cuales mueren emboscados.

Sendero Luminoso y el narcotráfico hacen del Vraem su trofeo de guerra y su marca de negocios. El Estado Peruano no sabe hasta ahora qué hacer realmente. Y lo poco que parece hacer es un turismo político-policial-militar de bajísimo rendimiento, respecto del cual ningún general de alto rango responde. Ningún ministro, de Defensa o del Interior, se ha hecho responsable.

No hay manera de imaginar a un general de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales yendo al Vraem en la sagrada misión de combatir al narcotráfico y al terrorismo para retornar con la mochila de la victoria a la espalda. Menos podemos imaginar a las Fuerzas Armadas y policiales tomando control de nuestra larga frontera con Colombia, a lo largo del río Putumayo, para evitar eventuales futuras incursiones en nuestro territorio de ex combatientes de las FARC que no han aceptado el acuerdo de paz del presidente Santos y que se mueven en complicidad con el narcotráfico.

Cualquier peruano de a pie que ha visto por televisión, en Fiestas Patrias, la elocuente exhibición de todo el poderío militar y policial peruano en armas, mandos y tropas, probablemente no entiende la existencia de una zona como el Vraem, liberada por el narcotráfico y Sendero Luminoso. ¿Sería tolerable, así, una incursión militar extranjera en territorio nuestro? ¿Qué tropas equis llegarían para quedarse, como lo hacen las mafias del Vraem?

Lo que tendría que hacer la Comisión de Defensa del Congreso, presidida por Javier Velásquez Quesquén, a propósito de las recientes muertes de suboficiales en el Vraem, es demandar una urgente rendición de cuentas de las operaciones militares y policiales en esa zona y de los presupuestos y costos que representa la presencia del Estado Peruano, más parecida, cada vez más, a un formulismo cruel y vergonzoso.

¿Es que no se quiere acabar con el Vraem porque no se quiere acabar con el jugoso presupuesto que se asigna a esa zona?

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