Estado tenderá fibra óptica con red de US$259 millones
Hasta el segundo semestre de este año el Perú seguía contando con poco más del 3% de penetración de banda ancha (Internet de alta velocidad), mientras que los países vecinos ya alcanzaban el 6% en promedio. Además, seguíamos teniendo un crecimiento típico de países emergentes, mientras que Argentina o Chile estaban ya con un crecimiento explosivo. Sin embargo, admite Carlos Huamán Tomecich, presidente de DN Consultores, al cabo de dos años el panorama podría ser diferente y dejaríamos de estar tan rezagados si se ejecuta adecuadamente el plan que tiene previsto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Como se recordará, luego de 43 sesiones, al final del gobierno anterior, la comisión multisectorial encargada de elaborar el plan de banda ancha en el Perú emitió su propuesta para reducir la brecha digital y dejó en manos del nuevo ministro encontrar la forma de ejecutarla. Ahora, casi 100 días después de asumir el mando del MTC, Carlos Paredes ha anunciado que ya está previsto utilizar US$259 millones de los US$363 millones que posee Fitel para empezar el próximo año a montar la red dorsal nacional, un proyecto de fibra óptica que llevará Internet a todas las capitales de provincias.
Trascendió que para lograr llevar Internet a estas provincias en los próximos dos años se seguirán las vías de las carreteras que interconectan a esas ciudades. Posteriormente, indicaron fuentes cercanas al MTC, se completará vía inalámbrica el acceso a las poblaciones más alejadas.
¿UN PLAN VIABLE?
Llevar la infraestructura de redes al interior del país es solo una primera parte del plan, porque luego hay que encontrar un operador que brinde el servicio y contar con suficientes clientes o usuarios con computadoras que puedan usar esas redes, explicó Carlos Huamán. A su entender, lo ideal sería convocar a un tercer operador neutro (que se encargue de montar la infraestructura pero no de brindar el servicio) para que alquile las redes a los otros operadores interesados en brindar el servicio a los consumidores finales. “Las asociaciones público-privadas pueden ser una buena forma de utilizar esos US$259 millones en beneficio de los más pobres sin modificar la ley del Fitel, aunque sería mejor hacer esa reforma legal y darle más autonomía”, añadió Erick Iriarte, de Iriarte &Asociados.
Coincidió en esa perspectiva Carlos Huamán, quien recordó que las funciones de Fitel son financiar proyectos que den acceso a Internet al usuario final y no solo el transporte de la señal o montar la infraestructura de redes. “Para hacer realidad el ingreso de un tercer operador que monte la red y usar el fondo de Fitel como subvención sería necesario primero cambiar la ley”, puntualizó.
Pero ese no es el único problema. Como bien explica Erasmo Rojas, director para América Latina y el Caribe de 4G Américas, además de subvencionar el montaje de la red donde no es rentable para los operadores comerciales hacerlo, se necesita dar facilidades para manejar mejores tarifas y garantizar así un consumo que haga atractivo operar en esas zonas a quienes alquilen las redes.
“Existen empresas interesadas en venir al país para licitaciones de nuevas frecuencias, pero necesitan ver señales positivas en el mercado”, recalcó Rojas.