Para los especialistas, el liderazgo alcanzado por el candidato a la presidencia Pedro Castillo en las regiones con mayor inversión minera es el resultado del voto de protesta de la población andina por la postergación de sus expectativas de desarrollo. Esto, en un contexto de altos precios de los metales, crisis política y sanitaria.
Sin embargo, detrás de esta desazón de la población, según las fuentes consultadas, estarían sobre todo los problemas de gestión de los gobiernos regionales y municipales, que impiden la realización de obras que brindan mejores servicios básicos a los ciudadanos.
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Por ejemplo, en las regiones con mayor producción minera como Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Moquegua y Tacna, en donde Castillo alcanzó la máxima votación entre los candidatos en la primera vuelta, los gobiernos subnacionales dejan de invertir en obras, en promedio, S/1.830 millones cada año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Incluso, el director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, asegura que este dinero no se devuelve al fisco, se queda en las arcas de esas autoridades debido a que la mayoría de recursos proviene del canon y regalías mineras que son de propiedad de los gobiernos regionales, así como de municipalidades provinciales y distritales en los lugares en que se desarrolla la actividad minera, tal como lo establece la Constitución.
Por esta razón, Castilla precisa, sobre la base de la Cuenta Única del Tesoro, que el saldo acumulado en canon y regalías mineras no utilizadas por esas autoridades subnacionales con gran minería, en los últimos seis años, suma S/5.046 millones.
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Además, según la contraloría, a la fecha hay 294 obras de infraestructura paralizadas por S/4.831 millones en las referidas regiones.
“Acá la plata sobra. Las autoridades subnacionales no tienen que pedir más recursos. Lo que se tiene que trabajar es en cómo gestionar mejor esos recursos. El discurso de que las empresas aportan muy poco, que algunos afirman, desconoce el exceso de recursos que tienen estas autoridades”, comenta Castilla.
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El también exministro de Economía precisa que el canon y las regalías se reparten tanto a los distritos en que se desarrolla la operación minera como en las municipalidades de la provincia a la que pertenece dicho distrito y al gobierno regional de esta provincia.
DEMANDAS INSATISFECHAS
De hecho, la Defensoría del Pueblo advierte que casi todos los eventos de conflictividad social en minería tienen su génesis en demandas reivindicativas por carencias tangibles como agua, desagüe, salud, educación e infraestructura, antes que en ideologías o injerencia de partidos políticos.
“La población espera mejorar sus niveles de bienestar, más que utilizar el conflicto para promover ideas políticas”, anota Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
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Según el último reporte mensual de conflictos sociales de esta entidad, hay 80 casos relacionados con la minería, de los cuales el 90% están vinculados a “conflictos de coexistencia” entre empresas y comunidades.
Se trata de casos en los que la población ha aceptado los proyectos mineros, pero encuentra que, en el camino, puede atreverse a demandar un mayor aporte económico, empleo, contratación de empresas comunales y proyectos de responsabilidad social.
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USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS
Además, el exministro Luis Miguel Castilla precisa que principalmente en los gobiernos subnacionales más pequeños existe un uso ineficiente de recursos y poca capacidad técnica para invertir en proyectos que tengan impacto en la población.
Según Castilla, dichas autoridades deben gestionar alrededor de S/200 millones al año por el canon que reciben, pero por problemas de gestión adjudican las obras en forma ineficiente y los proyectos están mal formulados.
Así, terminan invirtiendo en pistas, veredas y plazas en lugar de otras prioridades y servicios.
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ADELANTO SOCIAL
En esta coyuntura sería de mucha ayuda el Fondo de Adelanto Social, mecanismo pensado para aportar dinero a las comunidades durante el período de cuatro o cinco años en los cuales las nuevas minas no aportan Impuesto a la Renta (IR) para recuperar su inversión, razón por la cual no brindan transferencias de canon. Por ejemplo: Las Bambas.
Sin embargo, cinco años después de su lanzamiento, este fondo aún no se ha implementado debido a la burocracia y lentitud del Estado.
“Ese fondo se creó para adelantar dinero a las comunidades de las áreas de los proyectos, ya sea del Estado, de las empresas de la cooperación internacional, pero no ha funcionado”, explica el economista Carlos Casas.
De esta manera existen una serie de problemas estructurales que explican el descontento de esta población.
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ALGUNOS RETOS
- A marzo del 2021 hay 80 casos de conflictos mineros, 61 referidos a la gran y mediana minería, 3 a pasivos ambientales y 16 a minería de pequeña escala.
- Entre marzo del 2020 y marzo del 2021 se originaron 36 conflictos sociales nuevos.
- Según la Defensoría del Pueblo, estos eventos están relacionados con la crisis económica, sanitaria y la inestabilidad política.
- La entidad prevé que los conflictos podrían aumentar en el segundo semestre por el clima electoral.
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