El Produce señaló que la recaudación por derechos de pesca promedia anualmente S/50 millones. (Foto: USI)
El Produce señaló que la recaudación por derechos de pesca promedia anualmente S/50 millones. (Foto: USI)
Manuela Zurita

En junio pasado, la industria de ingredientes marinos (harina y aceite de ) dejó de pagar un aporte que realizó durante los últimos diez años y que ha permitido pagar a la hasta el mes pasado las jubilaciones de 7.398 ex afiliados de la que fuera la Caja del Pescador.

En efecto, dicho aporte (US$1,95 por tonelada desembarcada) tuvo carácter temporal y entró en vigencia junto a las llamadas cuotas de o límites máximos de captura por embarcación. Sin dichos aportes, el fondo se enfrentaría a sus propios límites. 

El Ministerio de la Producción () está al tanto de la situación y buscaría anticiparse a una posible situación de insolvencia. “En el marco de los es que vamos a mirar justamente si es necesario hacer un aporte a la caja de pensiones de pescadores”, explica el ministro de la producción, Raúl Pérez-Reyes, a Día1, consultado al respecto. 

Según amplía Javier Atkins, viceministro de pesca y acuicultura, la creación de un nuevo aporte estaría asociada al nuevo esquema de derechos de pesca, propuesto por Produce, que en el mejor horizonte de captura supone un pago cuatro veces superior al que se hace hoy. Esto es: un año en el que la cuota de anchoveta sobrepasa las 3,4 millones de toneladas. “El único escenario que tenemos es que del derecho de pesca que se marque nosotros vamos a ir descontando todos los aportes que el Ministerio de Trabajo nos diga que tenemos que hacer a la ONP”, sostiene quien fuera gobernador de Piura.

Aprobado el nuevo esquema de cuotas, los recursos para el fondo estarían disponibles hacia la primera temporada de pesca del 2019. ¿Será suficiente?

LOS JUBILADOS DE LA EX CAJA

Bien mirado, en el sector se entiende que con la ex Caja del Pescador (cuyo nombre oficial es Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador -CBSSP) el Estado “se compró un pleito que no le correspondía”. De hecho, la entidad privada -creada en 1963 para gestionar las pensiones y prestar servicios de salud a los pescadores- fue intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en el 2010 y desde ese año está en proceso de liquidación. 

“Estimamos que el número de pescadores jubilados va a tener que ir trasladándose a la ONP, en la medida que los recursos van a ir reduciéndose, porque además la caja tiene una obligación de pago de la deuda previsional anterior a la intervención”, afirma Carlos Cueva, jefe de asuntos contenciosos de la SBS. 

En junio pasado, cuando Día1 realizó la entrevista con el funcionario, había en la ex Caja 655 jubilados, que suponían un desembolso de alrededor de S/130 mil al mes por pensiones. Este grupo de jubilados -que incluye, asimismo, a sus viudas y descendientes- pese a tener la posibilidad de traspasarse a la ONP, ha optado por permanecer en la ex Caja. 

Tanto en CBSSP como en la ONP, el tope por pensión es de S/660; el mínimo -en casos puntuales- es de S/2. “Nos metieron a todos en un saco: patrones, motoristas, pangueros, cocineros, tripulantes. Una ley que nos pone por debajo de un sueldo mínimo vital”, reclama Arístides Chulle, secretario general del Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Paita. 

Sobre las deudas previas, cuyo cobro ha motivado a los pensionistas a permanecer en la ex Caja, el dirigente critica que se haya adelantado en programas de S/500 por jubilado. En total, la SBS ha efectuado 15 de estos programas a la fecha, según la página web de la CBSSP. “Considerábamos que esperar a que se termine la liquidación y comenzar a pagar las acreencias previsionales podría ser demasiado tiempo”, comenta Cueva y precisa que estiman que dicha mora asciende a S/213 millones. 

Aun así, el funcionario insiste en la dificultad para sanear dicha deuda. “Así se realice (liquide) todo el patrimonio de la caja no va a alcanzar para pagar esas acreencias”, anota, en relación a las subastas de los activos de la ex Caja (valorizados en S/20 millones). 

¿Podría emplearse el nuevo derecho de pesca para atender las pensiones de la ex Caja? Cueva explica que hoy no es posible porque la ley que regula la seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros lo prohíbe. “Por supuesto, el Congreso puede aprobar una ley que diga lo contrario. Pero en este momento no es posible tocar un sol o un dólar para la ex la Caja del Pescador”, dice. 

En marzo pasado, el Congreso aprobó un dictamen que buscaba la ampliación del aporte social de US$1,95/tonelada desembarcada hasta el 2033. El congresista Freddy Sarmiento, de Fuerza Popular, prevé, asimismo, presentar un proyecto de ley que impulse el traspaso de los jubilados de la ex Caja a la ONP, anuncia a Día1. Ahora, Produce también evalúa una solución para los jubilados pesqueros de la CBSSP.

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