Dominga le costó esta semana a la presidenta, Michelle Bachelet, la renuncia de sus dos ministros del área económica. Dominga es el nombre de un ambicioso proyecto de extracción de concentrados de hierro y de cobre en la región de Coquimbo, al norte del país valorado en US$2.500 millones.
Además de la creación de una mina de tajo abierto, este incluye la construcción deun puerto propio para exportar su producción y una desalinizadorapara no utilizar el agua dulce de la zona, según Andes Iron, la empresa responsable.
Pero su cercanía a una reserva natural y otras dudas respecto a su impacto ecológico, levantadas por el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, hicieron que el Comité de Ministros frenara la propuesta.
La decisión fue criticada por los responsables de las carteras de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Felipe Céspedes, que este jueves abandonaron el gabinete de Bachelet.
Estas dimisiones han dañado la imagen de su partido, Nueva Mayoría, a menos de tres meses de las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el 19 de noviembre. Pero, ¿por qué Dominga ha generado tanta polémica?
Dos metales en boga
Dominga prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000, de cobre durante 26 años y medio. Su construcción empleará a 10.000 personas y, una vez en marcha, el complejo creará 1.450 puestos de trabajo directos y unos 2,5 indirectos por cada uno de estos, según la compañía.
Por sus características, el yacimiento permitirá obtener un concentrado de hierro de gran calidad a bajo costo, según Andes Iron, que espera venderlo a fábricas norteamericanas y europeas que necesitan este material para fabricar acero.
Así, la firma aspira a beneficiarse del boom del acero, cuya producción creció un 31,5% desde 2009 hasta alcanzar el año pasado las 1.628 millones de toneladas, según los datos de la Asociación Mundial del Acero.
Pero la mina también arrojará, aunque menor medida, cobre, un metal cuyo precio se encuentra al alza y que hace sólo tres días registraba su mayor valor en los últimos tres años, según la Bolsa de Metales de Londres.
El "mejor proyecto minero del mundo"
Ante las críticas que siempre generan las iniciativas mineras, Andes Iron respondió con una página web llena de videos e ilustraciones que explican las medidas previstas por la compañía para mitigar el daño que pueda causar Dominga al medio ambiente.
Una animación asegura que el agua dulce de la zona no se verá afectada porque el proyecto obtendrá su propia agua a través de una desalinizadora y que la extraerá a una profundidad mucho mayor de la convencional. El excedente se pondrá a disposición de la comuna de La Higuera, una localidad a 16 kilómetros de donde se ubica el proyecto.
El depósito de relaves se construirá a 20 kilómetros de la costa y estos se procesarán para que sean espesados, es decir, que en vez de líquidos serán una pasta compacta. Esto busca evitar que se infiltren en la tierra y contamine el área y el agua subterráneaque pueda haber.
La minera también insiste en que habilitará pozos que capten esta agua subterránea que pase por los alrededores de la mina para devolverla a la cuenca de la zona. Por medidas como estas, los responsables de Dominga afirman tener el "mejor proyecto minero del mundo".
Pingüinos en peligro
¿Por qué entonces el gobierno no lo aprobó el pasado 21 de agosto?
Seis ministros estaban convocados al comité que debía darle luz verde. Uno de ellos, el de Economía, se retiró antes de la votación, que se saldó con dos a favor (Energía y Hacienda) y tres en contra (Salud, Agricultura y Medio Ambiente).La mayoría del comité consideró que el proyecto no había tomado medidas suficientes para mitigar los posibles daños a la zona.
"No se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medioambiente y la salud de las personas", explicó ese día el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en rueda de prensa.
La contaminación lumínica, sonora y del aire junto al riesgo de accidentes y derrames en la operación portuaria les preocupaban.
Pero también el hecho de que a sólo 30 kilómetros del puerto se encuentra un área ecológica en la que habita el 80% de la población mundial del Pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción.
A ellos se suman ballenas y chungungos (especie de nutria) que viven en el área. "No estamos en contra del desarrollo económico ni de los proyectos, que son necesarios para el crecimiento del país. Pero estos deben responder adecuadamente a los impactos que puedan generar", declaró Mena.
Según el titular de Medio Ambiente, para los dos ministros que votaron a favor, las carencias del proyecto se limitaban a la zona del puerto. En este particular, el temor radica en que este aumente el tráfico de barcos o que, por causa del algún accidente, pueda contaminar el mar.
Para evitarlo, la propuesta ambiental del proyecto incluye la creación de zonas de exclusión por las que se prohíba el tránsito de embarcaciones.
"1.600 barcos al año transitan actualmente sin restricciones frente a las costas de la región de Coquimbo. Al terminal de Dominga sólo llegarán 56 barcos al año y no cargarán ni descargarán combustible" en esa zona, se lee en el documento.
Con el desarrollo por bandera
El ministro de Economía, Felipe Céspedes, dijo que decidió ausentarse de la votación porque no había contado con el tiempo suficiente para evaluar los últimos informes sobre el proyecto.
Según él, la reunión había sido convocada para discutir otro proyecto y el caso de Dominga fue incluido en la agenda el día laborable anterior.
Y tanto él como el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, criticaron a su par de Medio Ambiente. "Yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y les cuesta a veces tener una compatibilización de eso con otros objetivos, que son importantes también", afirmó Valdés el pasado lunes, en referencia a Mena.
Tres días después, Bachelet declaró en relación a las medidas sociales de su gobierno: "...queremos beneficiar a quienes hay que beneficiar, porque yo no concibo un desarrollo a espaldas de las personas y dónde sólo importen los números y no cómo lo están pasando las familiasen sus casas".
Si bien no hablaba de forma directa de Dominga, la prensa chilena lo interpretó como un apoyo a Mena y una desautorización a los titulares de Economía y Hacienda, cuyas renuncias se dieron a conocer más tarde ese mismo día. Pero este no es el único escándalo político relacionado con Dominga.
¿Decisión política?
En marzo, el diario La Tercera sacó a la luz que una de las hijas de Bachelet había comprado hacía tres años un terreno de 5.000 metros cuadrados ubicado a 12 kilómetros de donde se realizaría el proyecto.
La presidenta tildó la polémica de "artificial" y aseguró que ella misma lo había adquirido para su hija "pensando en algo familiar".
La estación de radio Bío Bío también reveló a principios de año que el ex mandatario Sebastián Piñera había tenido en los inicios del proyecto (2010) participación en la empresa propietaria a través de un fondo de inversión. Esto despertó la sospecha de que el ex presidente y candidato a las elecciones de este año haya favorecido esta iniciativa.
Las prisas del gobierno se deberían a que Andes Iron podía recurrir al silencio administrativo desde el pasado 10 del agosto y conseguir así una aprobación automática.
Si la compañía no lo hizo, fue porque hasta entonces el gobierno le había dado señales de que Dominga recibiría el visto bueno de al menos cuatro de los seis ministros, según La Tercera. Según el periódico, la campaña lanzada por la ONG Oceana contra el complejo minero sería en gran parte la responsable de su fracaso.
El presidente de la firma, Iván Garrido, mostró en un comunicado su "más profunda decepción a la institucionalidad". El ejecutivo aseguró que se había "causado un daño a la democracia" al "mandar a los emprendedores" una señal concreta de que las "reglas del juego no son claras y que por lo tanto lo que prima es la política pequeña".
"El Estudio de Impacto Ambiental de Dominga tuvo una tramitación de 3 años y medio, con profundos estudios técnicos y científicos, y con una inversión de más de US$300 millones", dijo.
El directivo insistió en que la empresa había seguido las recomendaciones del Comité de Ministros y que había hecho "un esfuerzo que está a nivel de la legislación mundial respecto al medio ambiente".
"Incluso habría sido aprobado en Estados Unidos, Australia y Canadá", afirmó. El futuro de Dominga está ahora en las manos del Tribunal Ambiental.
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