Presupuesto 2016: ¿Y la calidad del gasto público?

El debate sobre el presupuesto en las últimas semanas se ha centrado en los ingresos del sector público. La discusión acerca de lo que va a ocurrir con los diferentes impuestos y sus tasas acapara la atención de analistas y especialistas. Pero cuando se considera la situación fiscal, lo anterior solo refleja una cara de la moneda. El otro lado es el del gasto, del cual se habla mucho menos. Generalmente, se habla del total del gasto y, en los últimos años, se ha prestado atención a los ratios de ejecución que miden lo efectivamente gastado con respecto al presupuesto asignado. 

La presión mediática y política a la cual se ven sometidos las autoridades y los titulares de pliegos presupuestales hace que busquen aumentar sus ratios de ejecución a como dé lugar. Tanto así que siempre durante el último trimestre del año la ejecución del gasto aumenta considerablemente. Sin embargo, esa es una pésima práctica porque la presión por gastar puede generar ineficiencia y abre espacios para la corrupción. En este último caso, debe recordarse lo ocurrido en Áncash, donde los ratios de ejecución eran elevados, pero detrás de ello se descubrieron prácticas corruptas. 

Por ello, el énfasis de la discusión debe enfocarse en la calidad del gasto. Esto es mucho más relevante en un contexto donde los ingresos fiscales –así no se alteren las tasas impositivas– no crecerán a la velocidad que observamos hasta hace dos años.

Ello nos lleva a pensar en reformas que nos permitan “hacer más con lo mismo”. Se dice siempre que el gasto corriente es rígido y que es muy difícil reducirlo porque ello implicaría el despido de personas o afectar la operatividad del Estado. Ello no es cierto.

Existe espacio para identificar gastos redundantes u optimizar procesos dentro del Estado con el fin de ahorrar recursos. Esta es una agenda en la cual se debe incidir si queremos mejorar la administración del Estado. 

Hace ya varios años se inició el proceso de presupuesto por resultados, cuyo propósito es mejorar la calidad del gasto y establecer una nueva práctica en la cual si una institución pide más recursos debe mostrar en primer lugar resultados que hayan impactado en el bienestar de la población. Esto se logra a través de los llamados programas presupuestales (PP), en los cuales se articulan diferentes entidades del Estado para el logro de un resultado. La idea es que esta iniciativa debe mejorar la calidad del gasto para obtener beneficios para la población. Sin embargo, todavía no se tienen datos publicados de manera sistemática en una plataforma de uso público y amigable acerca de los resultados de estos programas presupuestales. Es necesario dar pasos adicionales para consolidar esta práctica, pero de ello hasta ahora no han hablado ni el nuevo gobierno ni la oposición.

Algo no menos importante es que no existe una evaluación del impacto de la inversión pública sobre el bienestar de la población. Esa es una tarea pendiente que no debe dejarse de lado en la reforma anunciada del SNIP. La situación actual es que se han gastado alrededor de US$10.000 millones cada año en el desarrollo de infraestructura, pero no sabemos en cuánto ello ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población. Solo se mira este gasto en el sentido de si contribuye a dinamizar la actividad productiva en el corto plazo, pero no se evalúa el impacto de largo plazo. ¿Lo estamos haciendo bien?

Las cuestiones planteadas deben ser atendidas porque constituyen uno de los pilares de una verdadera reforma del Estado. El último proyecto de presupuesto algo avanza en ese sentido, pero aún queda mucho por discutir y es una reforma que no puede esperar. Solo mejorando la eficiencia y reduciendo la corrupción podemos liberar recursos que nos permitan atender mejor las necesidades de la población en un contexto de menor crecimiento de los ingresos fiscales.