Institucionalidad y el costo de las normas, por Alberto Pascó-Font

Ahora que está sobre el tapete el tema de las exoneraciones tributarias y la reforma del Poder Legislativo, es pertinente conocer la experiencia de otros países respecto al proceso legislativo de aprobación presupuestal.

Es común encontrar en la exposición de motivos de los proyectos de ley el siguiente estribillo: “La presente iniciativa no irrogará gasto al erario nacional”. Lamentablemente, nuestras iniciativas legales carecen de un análisis costo beneficio. En otros países, el Poder Legislativo cuenta con un órgano especializado para este fin. Por ejemplo, la Oficina Presupuestal del Congreso en Estados Unidos (CBO por sus siglas en inglés). Creada en 1975, su objetivo principal es apoyar al Congreso en la aprobación del presupuesto de Estados Unidos. Además, analizan el costo beneficio de las iniciativas legales del Legislativo. Para que esta oficina funcione exitosamente, es imprescindible que sea independiente políticamente y totalmente meritocrática. El personal es contratado por méritos, independientemente de su filiación partidaria y tiene una clara línea de carrera. 

En la actualidad, esta oficina cuenta con unas 235 personas, la mayoría economistas y analistas de políticas públicas, pero también cuenta con abogados, especialistas en tecnologías de la información, editores, etc. Su análisis debe ser objetivo e imparcial.  

Para garantizar la objetividad, primero se trata de transparentar y limitar los conflictos de interés. Segundo, los informes producidos son revisados a diferentes niveles dentro de la institución y además por expertos externos. Por ejemplo, existe un panel de asesores económicos y otro sobre salud pública. La transparencia es también crucial y por ello todos los análisis son publicados, incluyendo la metodología empleada. Se hace explícito, además, cómo diferentes supuestos y situaciones afectarían las conclusiones de los análisis. 

CBO produce escenarios bases de cómo sería el presupuesto si las leyes se mantuvieran inalteradas por 10 y 30 años. Este es el escenario con el cual contrastan el efecto de nuevas iniciativas legales. Produce estimados formales y por escrito del impacto de cada propuesta aprobada en comisiones, para ver su impacto presupuestal en los siguientes 5 y 10 años. Adicionalmente, elabora informes sobre diferentes temas como salud, aspectos tributarios, educación, energía, infraestructura, seguridad, etc. Estos reportes, antes que dar recomendaciones concretas, exponen los efectos de políticas alternativas con sus ventajas y desventajas. De esta manera constituyen un insumo para tomar decisiones legislativas mejor informadas.  

Oficinas parlamentarias presupuestales fueron creadas antes de la crisis internacional en Georgia (1997), México (1998), Corea del Sur (2003), Canadá (2006) y Kenia (2007). Luego de la crisis, fueron instauradas para salvaguardar la sostenibilidad fiscal en: Grecia (2010), Reino Unido (2010), Australia (2012), Italia (2014) y Sudáfrica (2014). Este es un tema crucial en nuestra viabilidad fiscal que debería considerarse en nuestro país.