El mercado laboral del Perú está compuesto por alrededor de 16 millones de personas. Sin embargo, de estos solo 1,3 millones pagan impuestos por sus ingresos. Es decir, solo el 11% de los trabajadores que componen la población económicamente activa (PEA) ocupada cumple su obligación tributaria.
Además, solo el 17% de la PEA ocupada tiene un contrato laboral. Así lo reveló el reciente estudio “Una radiografía del contribuyente peruano”, elaborado por la asociación Contribuyentes por Respeto (CpR) y que fue compartido en exclusiva con El Comercio.
En este, se analiza el mercado laboral desde la perspectiva tributaria –trabajadores que pagan impuestos (contribuyentes) y los que no (no contribuyentes)– y se distinguen cuatro grupos: los trabajadores dependientes contribuyentes, los dependientes no contribuyentes, los trabajadores independientes contribuyentes y los independientes no contribuyentes. El objetivo es analizar la formalidad laboral, no solo desde el punto de recibir beneficios sociales, sino con el pago de impuestos.
RIGIDEZ EN CONTRA
Una de las principales conclusiones a las que llega este estudio es que el nivel de educación no tiene relación directa con el nivel de ingresos que percibe el trabajador. Por ejemplo, los trabajadores independientes que pagan impuestos son los que cuentan con el menor nivel de instrucción, pero son los que perciben el ingreso más alto.
Si bien CpR no ha analizado en profundidad este punto, sí puede dar luces de un problema significativo. “Como indicio, podría responder a lo caras que son la formalidad y la dependencia [laboral]. Tener a un trabajador en planilla requiere un 45% adicional de lo que se le paga. Si tu sueldo es S/5.000, a la empresa realmente le cuesta aproximadamente 45% más: por compensación de tiempo de servicios (CTS), liquidación, vacaciones truncas, gratificaciones, etc.
Solo el hecho de que anualmente te cuesta 45% más por un trabajador te hace optar por locadores de servicios que ganan más pero son más baratos para la empresa”, indicó José Ignacio Beteta, director gerente de CpR.
Los altos costos laborales –por ejemplo, los derivados de la dificultad de desvincular a un trabajador– también hacen que las empresas opten por contratar a los trabajadores por un plazo fijo y les renueven el contrato periódicamente.
“El que el Tribunal Constitucional haya interpretado que para ciertos tipos de despido la única compensación adecuada sea la reposición en el puesto de trabajo pone muy nerviosas a las empresas, porque eso significa que la libertad de descontratar está cuestionada. [...] Hay serios problemas con cómo se hacen las leyes en el Perú”, indicó Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade.
SER PRODUCTIVOS
Trabajar de forma dependiente para una empresa tampoco significa que se tribute, pues existen montos mínimos a partir de los cuales se empieza a pagar el Impuesto a la Renta. Al respecto, las siete UIT (S/27.650) anuales que están inafectas son un monto alto comparado con la región, señaló Jaramillo.
“Lo óptimo sería que la persona a lo largo de su vida laboral sea más productiva y vaya escalando [salarialmente] y que el sistema permita incluirla en el pago de impuesto. De ahí la importancia de la fiscalización laboral”, consideró Juan José García, investigador económico de CpR.
Sin embargo, Jaramillo destacó lo complejo de la fiscalización laboral. “Más o menos el 95% de los trabajadores informales está en empresas de menos de diez trabajadores. Fiscalizar a cada una de esas empresas requeriría un ejército de fiscalizadores”, opinó el especialista. Agregó que se debe sumar el costo político que ello significaría.
UN CAMBIO DE ENFOQUE
“Cuando nos aproximamos a la formalidad, ya no tanto como quienes reciben beneficios sociales sino como quienes contribuyen con el Estado, nos damos cuenta de que la legislación laboral necesita ser reformada. [...] No puede ser que toda la presión tributaria se cargue en este 11%”, opinó Beteta.