Empresas estatales sumaron más de S/12.000 en rojo: ¿Es la gestión privada la solución?

En las últimas semanas se reportaron graves deficiencias de los aeropuertos que administra Córpac, drásticas medidas de austeridad del nuevo directorio de Petro-Perú, potenciales incrementos en las tarifas de agua para absorber las ineficiencias de gestión de las empresas proveedoras de agua y saneamiento (EPS) y el reconocimiento de la presidenta ejecutiva de Essalud de que estarían quebrados de ser una empresa privada. Así, el bajo desempeño de las empresas y organismos públicos en el Perú se mantiene al centro del debate público.

Durante la década de 1980, los resultados económicos de las empresas estatales alcanzaron pérdidas de hasta 5% del PBI. Aunque no se han vuelto a registrar pérdidas de tal magnitud, Petro-Perú viene reportando resultados económicos negativos desde el 2013, acumulando casi S/19.000 millones hasta el 2023, monto equivalente a 2,5% del PBI.

En contraste, durante el mismo período (2013-2023), Electroperú y las empresas regionales de electricidad obtuvieron resultados económicos positivos de cerca de S/7.000 millones (0,9% del PBI).

Esto se explicaría por un gobierno corporativo más estable, lo cual facilita la continuidad de políticas de largo plazo. Por ejemplo, Electroperú y Distriluz tuvieron solo tres gerentes generales –cada una– desde el 2016, mientras que Petro-Perú tuvo 14.

Las debilidades de gobernanza se replican entre las EPS. Sedapal tuvo 11 gerentes generales desde el 2016. Además, desde el 2020, la Sunass removió a ocho gerentes generales y cuatro directores de 11 EPS, por incumplir los requisitos mínimos para ejercer estos cargos. Entre las empresas involucradas se encuentran la EPS Grau en Piura, Sedachimbote y Emapa Huancavelica, empresas que destacan por registrar altos márgenes operativos negativos (entre 37% y 57% en el 2019).

Un ejemplo exitoso de gestión privada de los servicios de agua y saneamiento es la empresa Aguas Andinas, que opera en Santiago de Chile. Esta brinda servicios al 100% de la población de Santiago con una continuidad en la provisión del servicio significativamente superior a la de Sedapal. Asimismo, registra una menor incidencia de roturas en su red de agua. Utilizando información de los estados financieros de ambas empresas al 2022, Aguas Andinas habría logrado estos resultados con un costo operativo por conexión 26% menor que el de Sedapal.

La competitividad del transporte aéreo también se vería beneficiada bajo un modelo de gestión privada. El segundo aeropuerto en importancia en el país y el más grande gestionado por la empresa estatal Córpac es el de Cusco, que movilizó 3 millones de pasajeros en el 2023.

Según el último ránking mundial de aeropuertos realizado por la empresa Skytrax, el aeropuerto de Cusco recibió un puntaje de dos estrellas de cinco posibles, lo que lo posiciona por fuera de los primeros 10 puestos del ránking en América del Sur. Otros aeropuertos, que también son segundos en importancia en su país, pero son operados por privados, como Guayaquil y Medellín, recibieron 4 y 3 estrellas, respectivamente, ocupando el segundo y tercer puesto. Así, el aeropuerto de Cusco queda significativamente rezagado en indicadores relacionados a la comodidad y la calidad de las instalaciones.

Por su parte, si bien las contribuciones de los empleadores de los trabajadores formales a Essalud, ajustadas por inflación, han crecido 2,4 veces entre el 2005 y 2023 –superando los S/14.000 millones–, el rendimiento hora-médico (número de consultas por hora efectiva) se ubica lejos de su máximo del 2011.

A partir de dicho año se suspendieron los incentivos a médicos basados en productividad y se eliminaron progresivamente, para pasar a un esquema de bonos desvinculado del logro de metas. Frente a esta situación, el éxito de iniciativas privadas como Farmacia Vecina y Padomi Delivery, así como de hospitales concesionados, son alternativas que deberían dejar de ser la excepción.

Lejos de más aventuras empresariales, urge un Estado que priorice sus intervenciones, sea eficiente en su gasto y aproveche la experiencia y especialización del sector privado en beneficio de la ciudadanía. Del mismo modo, fortalecer la gobernanza, impulsar la transparencia y asegurar que las empresas y organismos públicos cumplan con los mismos niveles de servicio que se exige a los prestadores privados.