El Congreso de la República promulgó el Decreto Legislativo de la Ley N° 32089, que entre otras materias, otorga al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de equilibrio fiscal para establecer una reducción gradual del déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) con límites anuales.
De esta manera, el déficit fiscal de 2024 no debe ser mayor al déficit fiscal registrado en 2023, además, para el 2025 no debe ser mayor a 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), hasta ubicarse en 1,0% del PBI en 2028.
“En consistencia con dicha reducción del déficit fiscal, establecer que la deuda pública del SPNF se reduzca hasta retornar a su regla fiscal de mediano plazo (30% del PBI) como máximo en el año 2035. Todo ello en línea con el apoyo de la reactivación de la economía nacional y con el retorno gradual al cumplimiento de las reglas fiscales de mediano plazo, determinadas en el Decreto Legislativo N° 1276″, indicó el Congreso.
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El presente Decreto Legislativo tiene como objetivo establecer un retorno ordenado y gradual del déficit fiscal y la deuda del Sector Público No Financiero a sus reglas macro fiscales de mediano plazo, es así que se establece que a partir del 2024, la deuda bruta total del SPNF no debe exceder el 38% del PBI, y debe ser menor o igual a 30% del PBI como máximo en el año 2035.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, consideró que, si bien se están sincerando las cifras, no se está poniendo ningún esfuerzo de ajuste fiscal en absoluto y se está prevaleciendo el acomodar un mayor gasto sobre el incremento de ingresos para comenzar una senda de consolidación fiscal con mayor celeridad.
“No le veo irresponsabilidad, pero sí veo que están postergando el ajuste al siguiente gobierno. La presión del gasto va a continuar y pareciera que se está privilegiando tener margen de gasto más que esfuerzo de consolidación por lo que han proyectado”, dijo.
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Respecto al déficit fiscal anual del Sector Público No Financiero para los años fiscales 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028, no debe ser mayor a 2,8%; 2,2%; 1,8%; 1,4% y 1,0% del PBI, respectivamente.
Para Castilla, estos ajusten suponen que hay un mayor gasto fiscal y eso significa que podría haber mayor presupuesto para ejecutar inversiones y gasto y su impacto, el tema pasa porque estos ese gasto sea de calidad.
“Si esto da una mayor holgura al presupuesto del 2025, que es lo que se está definiendo, el ciudadano de a pie se beneficiaría porque podría darle acceso a servicios básicos, pero más recursos no significa, necesariamente, más bienestar para la gente”, afirmó.
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Castilla estima que debió haber algún tipo de consulta con las calificadoras de riesgo y que estén conformes con el plan de consolidación para que no se vea comprometida la calificación crediticia pues, si ello se comprometiera, afectaría el costo de financiamiento no solo para el sector público, sino que encarecería el financiamiento para todas las empresas del país, comentó.
“No creo que eso ocurra, tenemos todavía niveles de endeudamiento bastante bajos respecto al PBI. No creo que esté comprometida la capacidad de pago pero, en un entorno de tanta presión y tanta debilidad política, creo que hubiese sido mejor ser un poco más exigente y responsable en no patear el problema al gobierno entrante [...] Nuevamente se muestra un MEF que no tiene la fortaleza de decir no como antes”, agregó.
Así, anotó que a las calificadoras les preocupa el hecho de que el MEF no tiene capacidad de contención de las iniciativas de gasto del Congreso y la perforación al sistema tributario. “Están viendo eso y también la dificultad de llegar a reformas que aumenten el crecimiento potencial y eso acaba afectando la capacidad de pago”, sostuvo.
Para Castilla, el Perú es un país que las calificadoras están mirando con mucho detenimiento porque, pese a tener fundamentos sólidos, se han deteriorado a lo largo del tiempo.
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