Dos son los documentos que resumen cuál es la visión económica del candidato de Avanza País, Hernando de Soto. El primero de ellos, su Plan de gobierno 2021 - 2026 se encuentra oficialmente colgado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El segundo, publicado posteriormente, se encuentra en un portal web que el propio candidato ha compartido en sus redes sociales.
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“Un shock de inversión y trabajo” es el título que lleva este texto que resume algunos de sus objetivos de llegar a la presidencia y presenta a su equipo de gobierno.
En ambos, el candidato centra su discurso en conciliar el Perú formal con el informal; dotando a este último de legislación que le permita incrementar su productividad y mejorar sus oportunidades. Algo que, en algunas entrevistas, De Soto ha denominado un “capitalismo popular”. ¿Qué propuestas de corte económico plantea el candidato?
El corto plazo
Según el documento publicado en el portal de JNE, la meta del candidato es consolidar la reactivación económica y superar los niveles de producción y empleo pre-pandemia a mediados de 2022. Para ello, textualmente, se plantea “preservar la fortaleza macroeconómica y el grado de inversión, mejorar el control de la pandemia, continuar los programas de protección social, continuar desarrollando el comercio y la diversificación de destino y productos de exportación”.
Para mejorar los ingresos, el documento solo detalla que el candidato propone “aumentar los ingresos vía mejoras en la administración e incrementos tributarios a ciertos productos y someter propuesta de reforma tributaria a consulta nacional”.
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En el capítulo dedicado a las medidas de corto plazo, De Soto también se centra en algunas propuestas vinculadas a la política monetaria. Señala, por ejemplo, que su objetivo es “continuar política expansiva del Banco Central sin comprometer la estabilidad financiera”. Para ello, detalla que se observará el “estricto cumplimiento del corredor de inflación” y también se lee textualmente que se buscará “mantener la tasa de interés de referencia baja”; cuando sabemos que esto último es potestad única del Banco Central de Reserva.
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El largo plazo
En este capítulo se vislumbran algunas metas de gobierno. Se plantea regresar a una senda del crecimiento de entre el 5% y el 6% por año, salir de la trampa de ingreso medio e incorporarse a la OCDE, reducir la pobreza a menos del 10% y desaparecer la extrema pobreza.
Otra de las propuestas destacadas es la creación de un fondo soberano de riqueza, el cual se manejaría bajo un régimen de administración privada y con independencia administrativa y financiera.
“[El fondo] pondrá en valor ciertos activos líquidos (fondo de estabilización fiscal y de reservas, valor presente de las concesiones) y los no líquidos (tierras eriazas, edificios, colegios, recursos naturales no concesionados, entre otros) y administrará y vigilará su rendimiento financiero”
Dicho fondo emitirá obligaciones soberanas respaldadas por los activos puestos en valor. Las inversiones, según se detalla, estarían centradas en proyectos de infraestructura entre otros.
La visión y el modelo
De Soto manifiesta su interés por “unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto”. Ello, según señala, supone acabar con la coexistencia de lo que denomina “dos sistemas legales permanentemente enfrentados: en una orilla están los sectores AB, los empresarios, los más prósperos; y, en la otra los sectores CDE, también llamados informales, cada uno con sus propios registros”.
“Por registros, me refiero a los documentos donde está registrada y categorizada la información. Los títulos o certificados que nos permiten saber quién tiene derecho sobre qué, inferir el valor de las cosas y dónde están establecidas las normas que regulan cómo estas pueden ser usadas, negociadas y combinadas. Para Karl Marx, los registros eran los lugares donde se ubican los lazos esenciales y relaciones”, y para el banquero francés Charles Coquelin son los lugares “donde los filamentos invisibles de la inteligencia social se conectan”.
Ejemplifica todo este concepto citando la realidad de Gamarra. “Delega los problemas de los sectores CDE a la policía o los municipios, donde nunca podrán ser resueltos porque, como dirían tanto Karl Marx como Adam Smith, lo que fundamentalmente genera el enfrentamiento entre AB y CDE es que los primeros pueden formar capital y los últimos no”
Todo ello, cabe mencionar, no supone un cambio en el modelo económico del país. De Soto advierte que se mantendrá el régimen de economía social de mercado, pero se buscará hacerlo más inclusivo y un instrumento para lograr una sociedad justa y desarrollada.
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Así, más adelante explica que dicha visión busca guiar una reestructura incluso de la operación en sectores estratégicos. “En un primer extremo está el caso de los recursos del subsuelo que han sido concesionados a empresas extractivas “formales”, muchas de las cuales están siendo bloqueadas por campesinos y mineros artesanales “informales” que son dueños de la superficie justo encima de esas concesiones y quienes se resisten a conceder a dichas empresas las certificaciones (conocidas como “licencia social”) que estas necesitan para acreditarse en las bolsas de valores”, se lee en uno de sus documentos.
Hacia la formación de capital
Desde un punto de vista micro, el candidato también refiere que se buscará reconocer los activos urbanos de los sectores C, D y E para formar mejores condiciones de cara a un crédito.
Ello, según desarrolla, requiere una serie de certificaciones que, además de revisar la legislación actual, sirvan como un garante para futuras inversiones. Se enumeran siete certificaciones a las que apunta De Soto, entre las que se encuentran:
- Certificar la ubicación de los recursos y la identificación de los propietarios.
- Certificar que las normas permitan que los títulos sirvan como garantía para levantar capital.
- Certificar que los titulares tengan o estén preparados para adoptar una forma de organización empresarial.
- Certificar que las normas existentes permitan que esos propietarios adopten mecanismos empresariales para limitar su responsabilidad; de manera que puedan protegerse de las decisiones que se adopten contra sus intereses personales.
- Certificar que las leyes les permitan elegir con quiénes se asocian y adquirir propiedades
- Certificar que los títulos cumplan con las normas locales.
- Certificar que los títulos cumplan con las reglas, enmiendas y prácticas que rigen los mercados financieros globales.
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Todo ello, según señala, permitirá conciliar y generar productividad en el país para todos los niveles sociales. “Esto nos permitirá liberar a las empresas AB que hoy están maniatadas por trámites y normas absurdas que las limitan a dar empleo solo a uno de cada cuatro peruanos, y empoderar a las pequeñas empresas con las siete certificaciones que les faltan para aumentar su productividad, formar capital y prosperar. Cuando tengamos éxito, el Estado peruano habrá recuperado su plena soberanía”.
Puede revisar el especial La economía en la mira de los candidatos el cual reúne los informes trabajados por este diario que resumen y evalúan las propuestas de campaña.