Nueva Ley Agraria, ¿cómo impactará en las inversiones y el déficit fiscal?

El congreso aprobó en primera votación la “Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hasta la agricultura”. La iniciativa contempla una serie de medidas para impulsar el sector agrario, entre ellos beneficios tributarios para pequeños productores y grandes empresas.

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa recoge las propuestas de los proyectos de ley: 02421/2021-CR, 03785/2022-CR, 03954/2022-CR, 05861/2023-CR, 07149/2023-CR y 08924/2024-CR, y las reúne en un texto sustitutorio de seis artículos.

En ellos se detalla, por ejemplo, quiénes serán beneficiados. Entre ellos figuran pequeños productores agrarios (agricultura y la ganadería) y aquellos que realicen directamente la actividad agroindustrial, bajo la modalidad asociativa, “siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de Lima Metropolitana y de la Provincia constitucional del Callao”.

En este apartado se excluyen los dedicados a las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. Asimismo, los contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente (‘joint Venture’, consorcios, etc.).

Además, se impulsará la creación de la marca de certificación “Cómprale al Pequeño Productor Agrario”, para aquellas empresas que elaboren bienes utilizando productos adquiridos de las asociaciones agrarias. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se encargará de aprobar las condiciones de acceso y uso de la mencionada etiqueta.

Otros aspectos a resaltar son el impulso de la digitalización y la tecnología; la agricultura regenerativa y orgánica; además del uso de recursos genéticos y bienestar animal. Entre otras acciones multisectoriales y simplificación administrativa para dinamizar el sector.

No obstante, el capítulo que ha llamado más la atención es el cuarto, denominado “Impuesto a la Renta”, por reducir la carga tributaria de los involucrados directos.

¿Qué dice el cuarto capítulo de la ‘Nueva Ley Agraria’?

Aquí se exonera del Impuesto a la Renta (IR) a los productores con ingresos netos menores o iguales a 30 unidades impositivas tributarias (UIT) )S/ 160.500) en el corte del año fiscal; sin embargo, quienes superan este límite y alcanzan ganancias hasta las 150 UIT (S/802.500) pagarán 1,5% de IR sobre el excedente.

En el caso de las empresas agrarias, se aplicará un IR de 15% entre el 2026 al 2035, y a partir del 2036, se aplicará la tasa de régimen general. Estas podrán deducir gastos con boletos o tickets emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado, hasta un límite del 10 % de los montos acreditados.

También se les concede el reintegro total del IGV, siempre que no se haya utilizado como “costo o gasto para efectos del IR”.

Opiniones

La votación en primera instancia generó distintas opiniones. A favor se encuentra la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

ADEX asegura que la propuesta incentivará la formalización de las empresas pues actualmente solo el 7% cumple esta condición, según el Banco Central de Reserva. Además, de las 2.739 empresas agroexportadoras que existen en el país, el 77% son mypes, de acuerdo al ‘Reporte de Empresas Exportadoras – diciembre 2024’, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX.

“En el 2000, cuando la Ley 27360 entró en vigor, las agroexportaciones peruanas ascendieron a US$ 643 millones y el año pasado sumaron más de US$ 12 mil 420 millones. Sin duda, es un gran salto en la que jugó un papel muy importante la Ley Agraria pues promovió los capitales de largo plazo”, mencionó Mario Salazar Vergaray, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Con estas cifras, Gabriel Amaro, presidente de AGAP, defendió el régimen tributario pues, si bien sería 15% y no 30%, con la nueva ley se incentivarán las inversiones y ese 15% se cobrará de un monto “mucho más alto”.

“El beneficio no solo es económico para el erario nacional, sino en atracción de divisas. Somos el segundo sector exportador y generación de empleo. O sea, lo que gana el país con una ley promotora será inmensamente mayor de lo que aparentemente dejarán de recaudar”, considera.

No obstante, para Walker Villanueva, socio del Área de Impuestos y Comercio Internacional de PPU, la iniciativa no es conveniente, sobre todo cuando el país está luchando por controlar el déficit fiscal y opinó que las empresas de este rubro ya han recibido beneficios tributarios por muchos años; por lo tanto, “ya era tiempo de incorporarlos a tributar como a cualquier empresa en nuestro país, con la tasa regular”, mencionó.

Villanueva opinó también sobre el régimen para los pequeños productores. “Las medianas y pequeñas empresas ya tienen su propio régimen tributario, meter uno más para la micro y pequeña empresa agraria generará más desorden y complica las reglas de administración para el Estado y podría favorecer al informal. No estoy de acuerdo”, resaltó.

El reintegro del IGV sí es una buena idea ya que el IGV de las compras (de insumos para producir) se devuelve. De esta manera los costos se reducen e incluso podrían aminorar el precio al consumidor. Sin embargo, algo similar ocurrió para el rubro de restaurantes y el cliente no percibió la reducción de los tributos para el empresario, recordó el especialista.

“Sin embargo, devolver el IGV en esta coyuntura es hacer más grande el déficit porque significarían millones. Técnicamente podría ser buena y quizás podría aplicarse gradualmente no por el forado en la caja fiscal”, explicó a El Comercio.