Cómo se transferirán proyectos en los que se cometió corrupción

El último lunes el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia con el objetivo de que quienes hayan cometido actos de corrupción salgan de los grandes proyectos de inversión sin que estos sufran demoras y que, a su vez, se cautele el pago de reparación civil al Estado.

El decreto es aplicable a las personas jurídicas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de activos o equivalentes, las que hubiesen admitido o reconocido la comisión del delito o personas jurídicas vinculadas a las dos primeras.

Quienes calcen en este grupo, temporalmente,  no podrán realizar transferencias al exterior de sus capitales de las inversiones en el país ni de los dividendos, las utilidades provenientes de su inversión, disfrute de bienes ubicados en el país, de las regalías, entre otros.

Además, cualquier interesado en comprar bienes, acciones u otros valores de las empresas que hayan cometido el delito deberá presentar una solicitud de interés escrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quienes no sigan este procedimiento y no hagan el depósito correspondiente en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIIR), serán considerados responsables solidarios con los que cometieron el delito.

Definición de la reparación
El porcentaje de la venta que será destinado al FIIR –que será creado por el Ministerio de Justicia y administrado por el Banco de la Nación– será determinado por el procurador público que corresponda. En caso de que hubieran excedentes sobre esa venta, estos se los quedaría la empresa que vendió el activo. 

Los fondos del fideicomiso “servirán para atender el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado y que establezcan los órganos jurisdiccionales correspondientes”, señala el decreto.

¿Se soluciona el problema?
Si nos remontamos al caso del gasoducto sur peruano, el “pero” que mantenían los interesados en comprar la participación de Odebrecht en el proyecto era la cláusula anticorrupción. Esta establece que, en caso de que se encontrara evidencia de corrupción durante la adjudicación o ejecución del proyecto, este regresaría al Estado. Dado que Odebrecht ya había confesado el pago de coimas en el Perú, ningún inversionista quiso asumir el riesgo y comprar su participación. Hoy, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido que todos los contratos de concesión deberán contar con esta cláusula.

Mediante este decreto, esa situación no se soluciona, afirma Paul Galarza, asociado senior del área Penal del Estudio Muñiz, ya que este busca normar un momento posterior, cuando ya se ha probado el hecho de corrupción, por lo que no resolvería el dilema. Bajo este supuesto, “si es que hay una concesión cuestionada, el nuevo inversor que quiere entrar se la va a pensar muchas veces”, afirma el abogado.
Decreto de urgencia del Ejecutivo no aborda este punto, que trabó venta del GSP.

Caso en cuestión
El proyecto Olmos es operado por el consorcio formado por Odebrecht Participações e Investimentos, como accionista controlador, y Constructora Norberto Odebrecht.
El consorcio H2Olmos, que opera el proyecto Olmos y cuyo accionista mayoritario es Odebrecht Participações e Investimentos, ha manifestado su intención de continuar con la venta de acciones “a favor de Perú Water Holding I, Suez Holding Perú y BIF II Perú H2O Equity Aggregator LP, siguiendo el procedimiento establecido en dicho decreto de urgencia, garantizando así la continuidad del proyecto Olmos”, indicó el consorcio en un hecho de importancia. 

Esta sería una buena señal a pesar de las dudas sobre la norma. Alex Alvarado, socio fundador de Activa Partners, afirma que el decreto da una señal al mercado de que existe interés por continuar con las inversiones.