¿Qué hacer para reformar el sistema de protección social?
¿Qué hacer para reformar el sistema de protección social?
Redacción EC

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado el mensaje claro: el sistema de protección social (pensiones, salud y protección ante el desempleo) no funciona más y hay que repensarlo. No es un problema únicamente del Perú, sino de toda la región. 

Este fue el escenario descrito durante el seminario internacional Reflexiones en torno a la Protección Social, organizado por el BID y la comisión de reforma formada por el Gobierno. El encuentro tuvo como objetivo convertirse en un insumo clave para el trabajo de este grupo de expertos, pues en julio el equipo hará públicas sus propuestas. Hasta entonces sus miembros hacen votos de silencio, pero el diagnóstico desolador realizado ayer lleva a pensar que su plan será ambicioso.

La situación descrita por el BID se debe a dos factores principalmente: el envejecimiento de la población y los cambios que se producen en el mercado laboral. “La protección social que toma como centro al trabajador asalariado [dependiente] no ha funcionado. Ha sido un fracaso”, señaló Mariano Bosch, especialista senior en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID.

Para Norman Loayza, economista líder del Grupo de Investigación sobre el Desarrollo del Banco Mundial, las deficiencias en la protección social exacerban la informalidad. “Hacen que el mercado laboral sea más rígido porque impone mayores costos a la planilla y dificulta la contratación y el despido; impactan sobre la productividad laboral porque la salud y la educación son de menor calidad; y perjudican la provisión de servicios públicos porque se distraen recursos”, explicó.

PENSIONES
Los problemas del sistema de protección social se aprecian con especial énfasis en el hecho de que no se ha podido dar protección a la mayoría de los ciudadanos: menos de la mitad de trabajadores participan de un sistema previsional a escala regional.

En el Perú, el 40% de los mayores de 65 años no cuenta con una pensión; y en los próximos 10 años este porcentaje se elevaría a 70% si el sistema continúa así, advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

Pero no basta con participar en el sistema previsional. La pensión promedio en el Perú –considerando los sistemas público y privado, así como Pensión 65– es de alrededor de S/485 mensuales, según Macroconsult. Comparada con los países de la Alianza del Pacífico –Colombia, México y Chile–, la pensión no se diferencia mucho del nivel promedio.

“El problema es que, en términos absolutos, ese nivel promedio no es el adecuado, incluso para América Latina”, precisó Álvaro Monge, socio y jefe del área de Desarrollo Económico y Social de Macroconsult.

En el Sistema Privado de Pensiones, el 60% de los pensionistas recibe una pensión menor a una remuneración mínima vital, mientras que en el sistema público esta cifra es del 80%. Esto implica que del ingreso de un adulto mayor, la pensión representa solo el 30%. El resto debe conseguirse a través de la búsqueda de empleo u otras fuentes de ingreso. “El trabajo que puede obtener un adulto mayor no es de calidad, es fundamentalmente independiente, informal y de baja remuneración”, detalló Monge.

El SPP EN DEBATE
La discusión también puso la mira en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Así, Monge advirtió que los costos para sus afiliados están por encima del promedio de América Latina comparando las comisiones por remuneración.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, precisó a El Comercio que la comparación hecha no incluye la comisión mixta y por saldo, por lo que no es del todo exacta. Sin embargo, reconoció que existen áreas de reducción de costos para las AFP pendientes de explorar. En la misma línea, el economista Pablo Secada sugirió quitar tareas administrativas, operativas y judiciales a las AFP para que estas se concentren en su misión fundamental: administrar los portafolios de inversión.

Otro tema que saltó en la discusión sobre el sistema privado es su concentración en solo cuatro empresas. “La regulación ha estado haciendo esfuerzos por incluir competencia a través del esquema de licitaciones. Este ha sido relativamente efectivo. La duda es qué tanto podemos insistir”, explicó Monge.

En Chile, ante esta misma situación, el gobierno de Michelle Bachelet optó en su propuesta de reforma por la creación de una AFP estatal. Elmer Cuba, socio de Macroconsult, discrepó de esta alternativa. “¿El Perú está preparado para una AFP pública? Yo creo que no. Si se manejara políticamente, sería muy peligrosa”, advirtió. Aunque las referencias a la reforma chilena fueron una constante, la comisión también estudia los casos de Colombia, México y algunos países miembros de la OCDE.

En cuanto a la rentabilidad ajustada por riesgo que ofrecen las AFP a sus afiliados, Secada afirmó que esta debería ser mayor y que un instrumento para ello sería que se permita la inversión directa de los fondos en el capital de asociaciones público-privadas.

Aunque la sensación derivada del evento es la de un problema urgente, el economista Juan Mendoza cuestionó la oportunidad de este debate, pues consideró que la reforma previsional requerirá amplio consenso y que hoy el enfriamiento económico y la reconstrucción del país tras El Niño costero son más prioritarios en la agenda política.

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