Apostemos por el futuro

Los hechos ocurridos en los últimos días en cinco universidades públicas reflejan una problemática estructural que tiene más de tres décadas en nuestra educación superior y que evidencia la imperiosa necesidad de introducir cambios en los mecanismos de elección de las autoridades universitarias y la dificultad en las universidades para autogobernarse en el marco de su autonomía.
     El desarrollo económico y social de un país tiene como uno de sus pilares contar con una educación de calidad que promueva la formación de capital humano talentoso e innovador, y que contribuya a la generación de conocimiento y a la formación integral de profesionales, en respuesta a las necesidades del mercado laboral. Con el fin de ampliar el acceso y con ello la cantidad de personal calificado, se abrió el mercado hacia la iniciativa privada societaria bajo la lógica de la autorregulación: el mercado se encargaría de promover la competencia y calidad del servicio. Efectivamente, tan solo entre 1996 y el 2012 se crearon 82 universidades nuevas. De las 142 que existen actualmente, 59 de ellas son privadas. 
     No obstante, esta mayor oferta no ha sido acompañada de una mejora en la calidad. Indicadores de referencia abundan: la tasa de subempleo de egresados universitarios se sigue incrementando; en el Ranking de Competitividad Global el Perú ocupa el puesto 134 de 144 para el indicador calidad de la educación superior (1); tan solo una universidad peruana se encuentra ubicada entre las 50 mejores de América Latina (2).  
     En este contexto es necesaria una reforma que garantice el derecho a una educación de calidad. El Estado debe asumir el papel rector y garante y responder a la exigencia de los estudiantes, quienes protestan con justa razón. Es así como nace la Ley Universitaria (30220), cuyo objeto es regular la oferta del servicio de educación superior universitaria bajo un proceso de mejoramiento continuo de la calidad del servicio. 
     La Sunedu es el órgano técnico y supervisor del Estado que, respetando la autonomía universitaria, busca proteger el derecho de más de 1.300.000 jóvenes a una educación de calidad. Apostemos por el futuro y sigamos avanzando con esta reforma.

1 Ranking de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial 
2   Ranking Quacquarelli Symonds 2015.