Caso Oropeza: mensajes silicianos, por Raúl Castro

En ninguna ciudad medianamente civilizada cuatro personas que sufren un brutal atentado, acribilladas con metralletas y granadas, sobreviven milagrosamente y salen raudos de la escena del crimen por sus propios medios. Más aun: dos de ellas se pierden en la clandestinidad.

Lima no la es, por eso hemos tenido un feroz ataque como el realizado a Gerald Oropeza y compañía, y el caso hoy está en total impunidad.

Por eso resulta decepcionante cuando uno de los principales editorialistas del país sostiene, en un importante diario, que uno de los focos en esta violentísima historia es el carrazo Porsche que manejaba Oropeza. Nada más desenfocado.

Aquí el único foco posible es la fresca comodidad con la que está operando el crimen organizado y la sospechosa inmunidad con que se mueve.

Es indignante que recién ayer, tras el horrendo asesinato de un testigo clave del caso, Patrick Zapata Colleti, el Poder Judicial haya accedido, “de urgencia”, a ponerle impedimento de salida del país y ordenar prisión preventiva para Oropeza, tal como lo había pedido la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Recién.

¿No bastó el clarísimo mensaje siciliano que le enviaron a toda la ciudad sus atacantes para ponerlo a buen recaudo? ¿O es que alguien tiene que morir?

Vale recordar el informe de Insight Crime sobre las razones por las cuales el Perú ha destronado a Colombia del dudoso privilegio de ser actualmente el primer productor de cocaína en el mundo: junto a la ausencia de una estrategia antidroga integral que ostenta el gobierno, nuestro país tiene uno de los aparatos institucionales más vulnerables a la corrupción.

Insight Crime cita a Transparencia Internacional: el Perú tiene un escaso puntaje de 38, en una escala del 0 al 100, en blindaje ante la corrupción. Dinamarca y Nueva Zelanda comandan la tabla con puntajes mayores a 90, por su fortaleza institucional. El Perú tiene niveles de naciones africanas como Burkina Faso y Liberia.

El otro elemento en el que urge focalizar es la impúdica penetración de agentes del narcotráfico en los partidos y movimientos del  sistema político.

Ayer el Apra, por medio de Mauricio Mulder, anunció que expulsará a todos aquellos vinculados al Caso Oropeza. Esa no es la reacción que esperamos, congresista Mulder. Esperamos un mea culpa por la clamorosa ausencia de controles internos para fiscalizar la procedencia y las actividades de sus miembros, y los eventuales aportes monetarios a la vida institucional de su partido de estos.

El Caso Oropeza debe ser un antes y un después en la política actual. Debe mover a todos los actores del sistema a deslindar tajantemente de las fuentes negras de dinero y a formalizar un compromiso de control eficiente para impedir su lavado.

Debe, asimismo, formalizar una cultura de la transparencia, donde el padrón de miembros y aportantes en las campañas sean de acceso público, y los partidos se hagan corresponsables  al grado de impedir la participación de aquellos que cuentan con investigaciones en curso y antecedentes probados. Podrían, por ejemplo, empezar a usar Google.