El balance realizado por la entidad revela que en casi 6 años los gobiernos subnacionales (regiones y municipios) tuvieron a su cargo el 44% de las transferencias (S/13.864 millones); sin embargo, dejaron de gastar el 25% de los fondos recibidos. Si bien la ARCC no invirtió proporción mayor de sus recursos (34,2%), este organismo adquirió facultades ejecutoras desde fines del 2020 [ver gráfico].
El rezago en el gasto es más notorio en las regiones del norte, devastadas por las recientes lluvias e inundaciones y vulnerables ante un eventual Niño global. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash recibieron S/8 de cada S/10 transferidos durante todo el período de reconstrucción, pero los tres niveles de gobierno solo invirtieron el 70% de los recursos.
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Prevención: tarea inconclusa
La prevención -que habría evitado los siniestros recientes- ha sido el componente con mayor retraso en el avance presupuestal. La construcción de soluciones integrales para el tratamiento de ríos, quebradas e implementación de drenajes pluviales representó solo el 20% de las transferencias totales (S/6.184 millones), de las cuales se ha invertido el 59%.
De los 182 proyectos que integran este componente, a la fecha solo 48 han sido culminadas.
Entre las tareas que tuvieron un mayor avance figuran la rehabilitación de servicios y bienes afectados (72%) así como el fortalecimiento de capacidades institucionales y las soluciones de vivienda implementadas.
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Retos pendientes
¿Cuál debería ser el futuro de la reconstrucción con cambios? Para Juvenal Medina, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes) la solución debería incluir un enfoque integral y no solo basado en la construcción de infraestructura física. Propone crear una autoridad que permita implementar la riesgo de desastres de manera transversal y multisectorial, que a su vez tenga independencia y peso político necesario.
“No hay que ver el problema del riesgo de desastres desde el punto de vista de infraestructura, sino un problema social, más que físico. Hay que trabajar con un enfoque integral. Necesitamos establecer una autoridad nacional para la gestión del riesgo, no solo para la infraestructura, pensar en esto nos permite tener una mirada muy sesgada hacia lo físico dejando de lado el componente social del riesgo. La exposición [a los desastres] deviene de lo que no se hace desde el punto de vista político o no se maneja el problema social, el desarrollo poblacional atendiendo necesidades de los servicios o las demandas que tienen la población”, sostiene.
El 5 de abril, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta entidad absorbería la actual ARCC.
El especialista añade que la política nacional del riesgo debería ser la guía para el desarrollo de todas las actividades y que podría tomarse como base las instituciones ya existentes, pero dándoles otra estructura.
“Tenemos que reorientar nuestro esfuerzo para poder atacar el problema desde sus orígenes, para evitar crear condiciones vulnerables haciendo una buena gestión del desarrollo calificando bien en base a esta realidad que tenemos en nuestro territorio altamente sensible adversos peligros, fenómenos naturales”, resalta.
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