El fiscal destituido, por Gino Costa
El fiscal destituido, por Gino Costa
Gino Costa

Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) destituyó al suspendido fiscal de la Nación . Es una excelente noticia porque ya sabíamos por la prensa cómo había perseguido a fiscales probos y protegido a quienes encubrían a César Álvarez y su red mafiosa. También sabíamos de sus vínculos con Orellana, aunque solo recientemente nos enteramos, por investigaciones fiscales, de que habría recibido pagos regulares de importantes cantidades de dinero a través de su hijo. 

Hay quienes, como el presidente de la República, han sostenido que la destitución de Ramos es lamentable, pues afecta la imagen del país. Lo que afecta nuestra imagen y la de la fiscalía es la conducta de Ramos y no su destitución. Más bien esta reivindica a la prensa independiente y a las instituciones, en especial al CNM, que solo cuatro años antes lo había nombrado fiscal supremo. Para que la reivindicación institucional sea completa hay, empero, mucho pan que rebanar. Veamos algunos de los desafíos.

El primero corresponde al propio CNM, cuyas investigaciones sobre José Peláez Bardales no han avanzado a la misma velocidad que las de Ramos. Peláez fue su antecesor, principal aliado en la Junta de Fiscales Supremos y su superior jerárquico cuando, desde Control Interno, perseguía a fiscales honestos y apoyaba a los archivadores. Los cargos contra Peláez también están referidos a inconductas en el manejo de las investigaciones contra César Álvarez y, por lógica, deberían correr la misma suerte. 

La semana pasada, Peláez, a través de su abogado, negó los cargos ante el CNM. Sin embargo, los argumentos de defensa parecen sumamente endebles, como lo demuestran Daniel Yovera y Thalía Montes en el portal lamula.pe.

El segundo desafío es que Ramos sea sometido a la justicia penal, para lo cual requiere un antejuicio en el Congreso de la República, donde está en calidad de investigado en la Comisión Áncash. Con todo lo que se conoce, el Congreso tiene elementos suficientes para levantarle la inmunidad. Solo entonces el asunto llegaría a la justicia, que, con lo ocurrido esta semana, vuelve a defraudar. 

Luego de que se detuviera a varios integrantes del brazo legal de Orellana, incluyendo un ex magistrado supremo, se los liberó con el argumento de que la instancia inferior no fundamentó el peligro de fuga. ¡Una vergüenza! Ojalá que el presidente de la Corte Suprema dé una explicación y adopte las medidas correctivas y disciplinarias a que hubiere lugar.

El tercer desafío es que se consolide el liderazgo de Pablo Sánchez Velarde, pasando a ser fiscal de la Nación electo. Junto con continuar alentando y apoyando las investigaciones que lleven a la desarticulación de las redes mafiosas dedicadas al crimen organizado, a través de la Fiscalía de Control Interno debería continuar con la identificación, sanción administrativa y persecución penal de los fiscales que en los últimos años ignoraron intencionalmente dichas redes mafiosas, las encubrieron o las protegieron.