La vida sin agua: ¿cómo sobreviven millones de peruanos sin acceso seguro a este recurso vital?

Una de las crisis más complejas que enfrenta el Perú es la falta de acceso al agua. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 3,3 millones de peruanos no cuentan con servicios de saneamiento, por lo que deben buscar fuentes de abastecimiento cada día: desde caminar largos tramos para llegar a camiones cisterna hasta recoger agua de ríos o pozos. El Comercio conversó con ciudadanos afectados y especialistas en temas hídricos para comprender las causas y consecuencias de este problema, así como los retos y posibles soluciones.

En una entrevista con El Comercio, la ciudadana piurana María Talledo relató cómo su región enfrenta la falta de acceso al agua potable. “Ya es parte de nuestra vida diaria. Primero restringían el agua por horas, luego por semanas, y ahora hay personas que no tienen agua en sus casas desde hace meses. Eso nos obliga a comprar agua o almacenarla en recipientes. Pero eso también convierte nuestras casas en focos infecciosos de dengue, porque los depósitos no tienen tapas resistentes”, contó.

“Además, hay niños y adultos mayores que se accidentan al cargar baldes de agua que traen desde camiones cisterna o del río, y terminan con dolores fuertes en el cuerpo. Hemos llegado al punto de no tener agua ni para bañarnos. Las autoridades no hacen nada porque ellos sí tienen tanques llenos en sus casas”, agregó.

María comentó que los vecinos han realizado trámites para solicitar agua a las autoridades regionales, pero no han recibido respuesta ni explicación. “Ya es algo común quedarnos sin agua por largos periodos, y nadie nos dice por qué. Las autoridades deberían identificar la raíz del problema y, a partir de eso, hacer un estudio serio para solucionarlo. Necesitamos que trabajen con transparencia y que nos ayuden”, precisó.

Por otro lado, el ciudadano Luis Alejandro Ocalio Acero, residente de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en Ucayali, compartió su experiencia. “En la comunidad no tenemos agua potable. Usamos el agua del río o juntamos la de la lluvia. A lo largo de los años, se han propuesto proyectos para traer agua potable, pero están abandonados. Por eso, las personas tienen que caminar entre 300 y 400 metros para recoger agua y almacenarla. No es seguro beberla, porque no está tratada, pero no tenemos otra opción. Esa es nuestra realidad”, explicó.

“Aparentemente, el presupuesto está entrampado en el Gobierno Central por los constantes cambios de ministros, lo que impide avanzar con los proyectos en nuestra zona. Seguimos esperando. Le pido a las autoridades que no se olviden de nuestra comunidad. Es vital contar con agua y saneamiento. Tenemos derecho a los servicios básicos. Les pedimos que se preocupen por nuestra salud. Ya no podemos seguir viviendo así”, concluyó.

Alberto Cairampoma, profesor de Derecho de Aguas en la PUCP, sostuvo a El Comercio que el agua es un servicio público esencial. “En los años 90, las reformas estatales promovieron la participación privada ante la incapacidad del Estado, pero hoy seguimos con indicadores propios de un país subdesarrollado”, dijo. Estas reformas, indicó, no dieron resultados sostenibles. Las empresas públicas municipales —responsables del servicio en diversas regiones— no cuentan con una gestión técnica ni empresarial adecuada y funcionan sin sostenibilidad.

Roy Cóndor, especialista económico de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), añadió a este diario que millones de peruanos aún no tienen acceso a agua potable. “Esto vulnera un derecho humano básico. La falta de servicios sostenibles y de calidad afecta principalmente a las zonas más vulnerables. Sin agua segura, se limita la educación, se deteriora la salud pública y se perpetúa la pobreza”, señaló.

Para Cairampoma, la ausencia de agua afecta tanto los derechos ciudadanos como la productividad. “Las empresas deben comprar agua cara o utilizar la que se destina a la población. Además, en muchas zonas se raciona o se corta el servicio, lo que perjudica la salud y frena el crecimiento económico”, indicó.

Cóndor explicó que las causas del problema son tanto estructurales como institucionales: falta de infraestructura (plantas de tratamiento, redes de transporte y almacenamiento) y una débil gestión del recurso. “Hay deficiencias en la planificación y poca coordinación entre niveles de gobierno. Muchos proyectos se paralizan o demoran años, y las decisiones suelen ser reactivas, sin visión territorial ni de largo plazo. La gobernanza es débil, sin reglas claras ni supervisión, los recursos no llegan a quienes más los necesitan”, dijo.

También advirtió que el acceso insuficiente al agua incrementa el riesgo de enfermedades y afecta la nutrición infantil. “Los hogares sin agua sufren más ausencias escolares, especialmente entre niñas, que asumen la recolección. Además, al almacenar agua de fuentes contaminadas, aumentan los riesgos sanitarios”, señaló.

Cairampoma señaló que la disponibilidad hídrica varía según la región. “En la selva hay abundante agua, pero una mala gestión impide su aprovechamiento. Por ejemplo, en Tumbes, a pesar de los ríos, el servicio es limitado o con cortes constantes. En Piura ocurre lo mismo, a veces hay inundaciones y otras veces sequías, pero sin planificación para almacenar agua”, dijo.

En Ica, donde la sequía es permanente, se depende del agua subterránea, pero su sobreexplotación podría dejar al departamento sin reservas. “La planificación debe considerar esta dinámica regional. Cuando hay inundaciones en el norte, hay sequías en el sur”, indicó.

Además, recalcó que tener agua en una región no garantiza una buena gestión. “Loreto y Ucayali tienen numerosos ríos, pero miles de personas no cuentan con agua potable”, señaló.

Por su parte, Cóndor citó datos de la ENAPRES 2024 que identifican a Loreto (72,2%), Ucayali (74,9%) y Pasco (79,4%) como los departamentos con menor acceso a agua potable. “Estas regiones enfrentan desafíos particulares: dispersión poblacional, barreras logísticas y pobreza multidimensional”, indicó.

Las regiones de la vertiente del Pacífico, como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, son las más propensas a sequías debido a su clima árido y a la dependencia de fuentes andinas.

En contraste, zonas amazónicas como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas tienen abundante agua, pero sufren por la falta de infraestructura y de una gestión adecuada.

Cairampoma explicó que se viene trabajando en la formalización de licencias de uso de agua, diferenciando entre el uso poblacional y el uso productivo. “Las licencias permiten priorizar el uso ciudadano en épocas de escasez”, dijo.

Cóndor detalló que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad responsable de la gestión hídrica. Actualmente, la distribución es desigual: el 87,7% del recurso va a la agricultura, el 9,9% al uso poblacional, el 1,5% a la minería y el 0,9% a la industria. “Esto plantea grandes desafíos de eficiencia y sostenibilidad”, indicó.

Cairampoma subrayó que, en zonas rurales, el servicio está en manos de unas 28 mil juntas comunales con recursos limitados. Cóndor advirtió que solo el 39,4% de la población cuenta con instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. A esto se suma la alta rotación de funcionarios, que debilita la planificación, y el impacto del cambio climático. “Desde 1948, el Perú ha perdido el 51% de su superficie glaciar, reduciendo el agua disponible en épocas secas. Las sequías e inundaciones se intensifican, sobre todo en el norte”, señaló.

Además, alertó sobre la contaminación de fuentes hídricas: 16 de los 53 ríos de la costa presentan metales pesados como plomo, manganeso y hierro. “La demanda también ha crecido por el aumento poblacional”, indicó.

La ANA informó a El Comercio que viene promoviendo el uso de agua subterránea en los valles costeros como respuesta a la escasez. Para ello, realiza estudios hidrogeológicos y ha reducido hasta en 50% los plazos para licencias de uso poblacional de aguas subterráneas (Resolución Jefatural N.º 010-2025), beneficiando a comunidades rurales y pequeñas unidades agrícolas.

Cairampoma sostuvo que mientras no se modernice la gestión del agua, la desigualdad persistirá. “Se requiere una planificación eficiente, personal capacitado y mayor participación ciudadana. En Lima, por ejemplo, se usa agua potable para lavar autos o regar jardines. Eso debe cambiar. El Estado debe asociarse con el sector privado y los usuarios deben valorar el agua”, dijo.

Finalmente, Cóndor planteó incrementar la inversión pública y diversificar fuentes de financiamiento. “Cerrar la brecha de acceso requiere S/ 138 mil millones en 30 años (S/ 12,3 mil millones anuales). En 2024, había 407 proyectos paralizados por más de S/ 7 mil millones. El inicio de obras toma entre 8 y 10 años”, señaló.

También propuso mejorar la ejecución de proyectos, asegurar la calidad del servicio, fortalecer capacidades técnicas en los gobiernos regionales, priorizar regiones como Loreto, Pasco o Piura, y ordenar el crecimiento urbano articulando a las autoridades y prestadoras de servicio.

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) informó a El Comercio que ha destinado S/700 millones para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en 48 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) del país.

“Esta inversión ha permitido fortalecer la capacidad operativa y comercial de las EPS, así como mejorar la calidad del servicio que brindan. De los S/700 millones invertidos, más de S/300 millones se destinaron exclusivamente a mejorar el sistema de agua potable. Además, S/147 millones fueron empleados en obras de ampliación, rehabilitación y mejoramiento del servicio, desde la captación del agua hasta su distribución, beneficiando a nueve regiones del país con agua segura, continua y de calidad”, señalaron.