Luego de que el Poder Judicial (PJ) ordenó que se suspenda el cobro de peajes en la Panamericana Norte, Rutas de Lima informó que hasta el momento no ha recibido la notificación sobre la medida cautelar, por lo que continúa con el cobro en el peaje Chillón (km. 31,5). Esto ocasiona que decenas de conductores que pasan por este punto se muestren indignados, pues esperaban que la decisión tuviera un efecto inmediato.
“En caso la medida cautelar sea notificada a la concesionaria, la empresa dará cumplimiento inmediato a la misma, sin perjuicio que, posteriormente, hará valer sus derechos en los fueros correspondientes”, señaló Rutas de Lima en un comunicado.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de emitir declaraciones que puedan poner en riesgo la integridad de nuestros trabajadores, los bienes de la concesión o difundan información imprecisa a la población”, agregó.
Acerca de este punto, algunas autoridades ediles se pronunciaron para exigir que Rutas de Lima ejecute de inmediato el fallo del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
“Rutas de Lima no acata la decisión del juez. Esta medida cautelar debe empezar de inmediato y suspenderse ya el cobro de peajes. Hacemos un llamado a la Policía para que venga y haga cumplir esta orden en favor de todos los vecinos de Lima Norte”, afirmó Samuel Daza, alcalde de Ancón. Daza añadió que el Tribunal Constitucional (TC) debe anular el contrato entre la concesionaria y la Municipalidad de Lima (MML).
Asimismo, Raúl Vásquez, regidor de Puente Piedra, llegó en la madrugada hasta el peaje Chillón para defender a los conductores que rechazaban el cobro de peajes. “Los vecinos no quieren pagar, porque están enterados de esta medida. Nuestras unidades de serenazgo también tienen que pagar todos los días cuando tienen que socorrer a un vecino”, agregó.
Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó como “histórica” la resolución del PJ: “Lo de ayer [viernes] ha sido histórico, porque una asociación de vivienda ha logrado que un juez le conceda la [medida] cautelar para que no cobre más este peaje de la corrupción”, aseveró. “Los invito a presentar acciones de amparo, habeas corpus y la nulidad de un acto jurídico. La Municipalidad no puede hacerlo, porque nos han metido en una ruta arbitral, pero un tercero perjudicado sí puede”, añadió.
Cabe recordar que la Asociación Casa Huerta El Paraíso (Puente Piedra) interpuso la medida cautelar en contra de Rutas de Lima, la MML y Brookfield Asset Management.
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Así también, Carlos Farfán Condori, designado por el PJ para verificar periódicamente el cumplimiento del mandato judicial, aseguró que impulsará el retiro del peaje Chillón. “Rutas de Lima tendrá que irse. Mi labor como veedor es verificar que esto se cumpla con apoyo de la Policía Nacional y que nadie cobre peajes”.
“Llegó la libertad. Hemos tenido muchas luchas por años, demandas y contrademandas en el TC y ninguna autoridad en términos legales le ha dado la razón al pueblo. Una medida cautelar tiene el peso de ley y de la ley nadie puede burlarse”, subrayó.
La Defensoría del Pueblo destacó la decisión judicial y reiteró la necesidad de contar con vías alternas. “El argumento contenido en el fallo judicial coincide con lo señalado en ‘amicus curiae’ ofrecidos al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional en los que evidenciamos afectación del derecho al libre tránsito de los ciudadanos”, indicó la institución.
¿Qué consecuencias tendrá la medida judicial que suspende el cobro de peajes?
El abogado Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, explicó a El Comercio que la medida cautelar regirá hasta que se dicte una sentencia o sea revocada en una instancia superior tras una apelación.
En este caso, para el abogado la disposición judicial puede generar problemas debido a que existe un proceso de arbitraje vigente. “Esta medida cautelar que tiene que ver con la caducidad del contrato también podría elevarse a dicho proceso. Se podría incluir como uno de los temas a definir en el arbitraje”, opinó.
“No es una buena señal que el cobro de un peaje establecido en un contrato de concesión pueda ser suspendido por una medida judicial. Eso les quita fuerza a los contratos de concesión y al derecho de inversión”, sostuvo el experto.
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