Redacción EC

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, indicó que su sector pedirá que Marco Antonio Luza Segundo (45), quien violó a una empadronadora en Villa El Salvador durante el Censo 2017, sea condenado a 25 años de prisión a fin de sentar un precedente y evitar más casos de ultraje sexual.

En ese sentido, dijo que abogadas del MIMP brindaron asesoría legal a la víctima para que formule una adecuada denuncia contra el agresor sexual y así el atestado policial sea sólido.

La posición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables difiere de la del Ministerio Público, que planteó su acusación contra Marco Antonio Luza Segundo de acuerdo con el artículo 170 del Código Penal, el cual establece una condena de seis a ocho años de pena privativa de la libertad, según su calificación.

Choquehuanca también indicó que buscará endurecer las penas para los violadores sexuales, pues remarcó que la actual legislación permite la impunidad.

Tal como lo hizo ayer, la integrante del gabinete cuestionó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por no implementar medidas de seguridad para los empadronadores, quienes en su gran mayoría eran mujeres.

“Se ha debido prever y tomar en cuenta a qué zonas estamos enviando a las personas, la mayoría son de 20 a 30 años las que han ido, de nivel universitario y de quinto año de secundaria”, afirmó en RPP TV.

Horas después, en diálogo con la prensa, la ministra de la Mujer señaló que llamará al jefe del INEI, Aníbal Sánchez, para que le brinde las explicaciones del caso y asuma la responsabilidad que le corresponde.

Contenido sugerido

Contenido GEC