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Ciento doce soles con cuarenta céntimos cuesta el kit para iniciar un proceso revocatorio contra una autoridad elegida. Es lo que han gastado, hasta el momento, siete ciudadanos de Lima Provincias y Lima Metropolitana con el fin de sacar del cargo a igual número de alcaldes, entre ellos Luis Castañeda Lossio, el inefable burgomaestre de Lima.
El procedimiento no es simple. El promotor de la revocación –en este caso, Carlos Ludecino Martínez Márquez–, además de adquirir el kit debe reunir aproximadamente un millón setecientas mil firmas, el equivalente al 25% de los electores de la capital, y presentarlas a la ONPE. Esto requiere una importante cantidad de dinero para establecer la logística, movilizar personal y cubrir otros gastos. Las firmas, luego, pasan por un procedimiento de verificación. Solo tras cumplir este paso exitosamente se hace la convocatoria oficial.
Pero como no hay lonche gratis, organizar el proceso demanda una enorme cantidad de dinero que no sale de ninguna empresa buena onda que quiera colaborar con la afirmación de la democracia en el país, sino de nuestros impuestos. Cuando se intentó revocar a Susana Villarán, la ONPE gastó un poco más de 67 millones de soles, pero todo el proceso costó unos 174 millones de soles.
Usted dirá: el gasto es lo de menos frente al derecho de revocar a una autoridad. Así es. Pero de ahí a que resulte exitosa esta intentona, hay un tramo muy largo.
Se desconoce si Martínez compró el kit entusiasmado por algunos barristas de las redes sociales o hay un Marco Tulio agazapado por ahí. Sea lo que fuere, su aspiración parece destinada al fracaso.
En principio, Castañeda, a diferencia de Villarán, tiene un respaldo abrumador. Es uno de los alcaldes más populares que ha tenido Lima a pesar de una gestión a la que, con bastante indulgencia, se la puede calificar de mediocre. Y, claro, de haber casi paralizado la reforma del transporte, construir un ‘by-pass’ que diversos especialistas han calificado de innecesario y borrar de un porrazo la más importante iniciativa municipal para reforestar la ribera del río Rímac, entre otras gruesas perlas. Su aprobación alcanza el 57% de acuerdo con la última encuesta de Ipsos Perú. El porcentaje es menor a otras mediciones, pero sigue siendo enorme.
El limeño es un fervoroso cultor del ladrillo y el cemento, por eso el liderazgo de Castañeda le cae de perillas. ¿Visión de ciudad? ¿Cambios estructurales? ¿Obras a largo plazo? Al limeño le basta “la percepción” del orden, de que están trabajando por él.
Aun en el hipotético caso de que el alcalde sea revocado, su reemplazante sería la teniente alcaldesa Patricia Juárez, así que cualquier esperanza de un cambio dramático en la manera de conducir la ciudad es inexistente.
La discusión debería centrarse en si debe existir la figura de la revocación en un país con instituciones tan débiles. La experiencia indica que suele ser utilizada como un arma de venganza política en contra de liderazgos débiles. ¿Vale la pena? 
