La muerte de un trabajador del Ministerio de Vivienda pone en discusión los protocolos del trabajo presencial

Carlos Álvaro Flores Cochachín era un trabajador del Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) que falleció a causa de la COVID-19 el pasado 15 de enero. La muerte del colaborador de 46 años se dio a conocer a través de redes sociales y expuso la preocupación del Sindicato de Trabajadores del MVCS ante lo que sería una serie de incumplimientos en los protocolos de trabajo presencial y bioseguridad dentro de la institución.

Como se pudo conocer, Flores Cochachín cumplía con la labor administrativa de trasladar documentos a diferentes áreas del ministerio. A diario recorría hasta tres pisos de la entidad para cumplir con sus funciones. Su esposa, Mary Burgos, señala que desde mediados de septiembre empezó a asistir todos los días a trabajar. Lo recogían en su vivienda de Carabayllo cerca de las 4:40 a.m. y retornaba entre las 6:30 y 7:00 p.m.

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Burgos detalla que los primeros síntomas (dolor corporal) habrían empezado a aparecer el 4 de enero. Para el día 6, su esposo ya sentía un leve dolor en el pecho, y los días siguientes se le hacía cada vez más difícil respirar. El 13, en la madrugada, lo llevaron a una clínica particular y al día siguiente lo trasladaron al hospital Cayetano Heredia debido a la gravedad de su estado.

“En el caso del señor Flores Cochachín, el MVCS tomó conocimiento de su caso. Al día siguiente de su hospitalización la Oficina de Recursos Humanos se contactó con la familia para brindar el apoyo necesario. Se realizaron coordinaciones con diversos nosocomios para conseguir una cama UCI, lo cual no fue posible conseguir debido a la cantidad de casos reportados por el propio Minsa”, señaló el referido ministerio a El Comercio.

Por su parte, Mary Burgos detalla que el doctor que atendió el caso explicó que el exceso de peso complicó la condición de su esposo. Además, sostiene que en todo el tiempo que Carlos trabajó de manera presencial nunca tuvo ninguna observación respecto a su estado físico por parte de ningún jefe, coordinador o médico ocupacional del ministerio.

Protocolos bajo la lupa

En tanto, el ministerio señaló a El Comercio que Flores Cochachín remitió el 28 de diciembre una ficha en la que no registraba ningún riesgo. “Por ello, quedó autorizado para desarrollar trabajo presencial o semipresencial, de acuerdo a la necesidad de su oficina”, dijo Burgos.

Según los lineamientos del Ministerio de Vivienda, para poder ingresar a la sede se necesita llenar una Ficha de Sintomatología COVID-19 y Condición de Salud con carácter de declaración jurada. En el documento se consignan algunos datos como distrito de residencia, peso, talla, medio de transporte utilizado, etc. Según lo que dice el documento, la información “es custodiada por el médico, quien en caso lo requiera brindará indicaciones y recomendaciones”.

El sector también detalló que cuenta con un equipo médico que asiste de manera presencial para apoyar en la vigilancia, control y monitoreo de la salud de los colaboradores que tengan algún síntoma o hayan sido diagnosticados con la enfermedad. “La vigilancia médica se realiza a los trabajadores que informen tener algún síntoma asociado a la COVID-19 o que al momento de llenar su ficha de sintomatología hayan declarado alguna enfermedad que pueda hacerlo vulnerable al contagio, siguiendo lo estipulado en el Plan de Vigilancia para la Prevención y Control de Covid en el MVCS y los lineamientos del Minsa”, informaron.

Para Julio Morales Palomino, cabeza del sindicato, la declaración jurada no es una medida suficiente para controlar a los trabajadores que están yendo a laborar de manera presencial. “Hay muchas personas que por desconocimiento o temor de perder el trabajo pueden consignar datos incorrectos. Luego de llenar esta ficha no sabemos si es que efectivamente un médico los ve o si se nos monitorea”, sostuvo.

En diálogo con este Diario, Morales Palomino dijo que había tomado conocimiento de que en el caso de Flores Cochachín varios compañeros habían observado que podía ser una persona vulnerable debido a su estado físico, pero que desconoce si se pidió cambiarle la modalidad a trabajo remoto. Además, explicó que algunos colaboradores han reportado que se sienten obligados por jefes o coordinadores para asistir de manera presencial. “La norma del Ejecutivo dice que el estado promueve el trabajo remoto, pero al decir que no les van a entregar los uniformes, van a tener sanciones administrativas o hay tratos hostiles las personas tienden a declarar que están bien y van a trabajar porque tienen que sostener la familia”, comentó.

El jefe del sindicato también señala que se ha tomado conocimiento de que trabajadores de al menos tres pisos han sido enviados a cuarentena debido a que en los espacios de trabajo se congrega a muchas personas y se habrían reportado contagios en cadena. El Sindicato de Trabajadores se pide a las autoridades del Ministerio de Vivienda que mejoren los protocolos médicos y de bioseguridad para salvaguardar a los trabajadores que a diario asisten a la sede de San Isidro. Además, se pide que la modalidad de trabajo remoto se adapte a las diferentes realidades de las personas contratadas: nombrados, servidores CAS y servidores bajo la modalidad de orden de servicio.

De acuerdo con el MVCS, hasta la fecha y bajo la modalidad de trabajo presencial se tiene a 196 personas, es decir, el 25% de 1.359 colaboradores, a los que se les ha proporcionado siete rutas de traslado privado. Además, se ha puesto a su disposición mascarillas, alcohol en gel y otros productos de protección personal.

“En el MVCS existe la directiva y el lineamiento de gestión que prioriza el trabajo remoto. Son muchas personas ‒hombres y mujeres mayores de 65 años, mujeres en periodo de lactancia, personas asmáticas, con hipertensión, y otros factores de riesgo‒ que no trabajan presencialmente desde el inicio de la pandemia y continúan vinculados a la institución, haciendo trabajo remoto”, indicaron.